La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) desarrolló este miércoles 15 de abril un paro nacional de 24 horas que movilizó a miles de docentes en las principales ciudades del país. La jornada tuvo como eje central la crisis del sistema de salud del magisterio, administrado por la Fiduprevisora, entidad encargada de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
Desde las bases del movimiento, se reconoce que no se trata únicamente de fallas administrativas, sino de un modelo que ha convertido el acceso a la salud en un problema de gestión de recursos antes que en un derecho garantizado.
La profesora Sandra Salazar, vocera de la Fuerza Nacional Magisterial (Funama), señaló que la movilización fue masiva y estuvo orientada en “la defensa, estabilización y consolidación del modelo de salud contenido en el Acuerdo 003 de 2024”, el cual —según denunció— ha sido saboteado sistemáticamente, generando una crisis profunda en la atención médica .
Generando una crisis en el servicio médico que incluye la falta de medicamentos, la ausencia de especialistas y demoras prolongadas en la asignación de citas. En este contexto, el magisterio exige la salida de la presidenta de la Fiduprevisora, Vanessa Gallego, a quien responsabilizan por la incapacidad de frenar el deterioro del sistema.
A esto se suma el posible uso irregular de los recursos del magisterio. “Mientras no hay medicamentos, no hay especialistas, no hay un buen servicio médico, la Fiscalía debe investigar por qué se está dando esta sobrefacturación”, afirmó Salazar, quien exigió que los hallazgos sean de conocimiento público.
Sin embargo, el conflicto no se agota en la corrupción o la ineficiencia sino que radica en la mercantilización de los bienes de consumo colectivo, entre ellos la salud, que bajo el capitalismo son entregados al gran capital y sometidos a la lógica de la ganancia . En este escenario, los trabajadores producen la riqueza social, pero acceden de manera restringida a servicios esenciales, dependiendo de su capacidad de pago.
La crisis del sistema de salud del magisterio es una expresión concreta de esta contradicción: un servicio financiado con recursos públicos y del trabajo docente, pero gestionado bajo criterios que priorizan la rentabilidad y la intermediación.
En paralelo, el gremio denunció políticas antisindicales por parte del gobierno distrital de Bogotá, encabezado por Carlos Fernando Galán. Entre las medidas señaladas se encuentran la negación de permisos sindicales, descuentos a docentes que participan en jornadas de protesta y la imposición de reposiciones unilaterales, lo que —según Salazar— constituye una vulneración directa del derecho a la organización y la movilización .
En el plano político nacional, el magisterio también rechazó la propuesta de bonos escolares impulsada por la senadora Paloma Valencia. Para los docentes, esta iniciativa no es otra cosa que una estrategia de privatización encubierta. “Es una propuesta privatizadora, disfrazada de libre elección”, advirtió Salazar, señalando que trasladaría recursos públicos al sector privado en detrimento de la educación pública.
Las movilizaciones se desarrollaron en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, evidenciando un malestar generalizado en el gremio. Aunque el paro fue convocado por 24 horas, desde las bases ya se advierte que las acciones podrían escalar si no hay respuestas concretas.
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