En este momento, cerca de 70 personas que hacen parte de la movilización nacional Aquí en la lucha continúan su marcha por la vía que conduce al municipio del Socorro (Santander), en medio de un cerco violento y hostigamientos constantes.
A tan solo 500 metros del casco urbano, se han identificado grupos de civiles armados apostados en distintos puntos del recorrido, mientras en el Socorro se reporta la concentración de motorizados que intentan bloquear el paso.
Pese al riesgo y la intimidación, las y los manifestantes mantienen su avance de manera organizada y pacífica, reafirmando su compromiso con la vida, la dignidad y la protesta social, mientras exigen a las autoridades garantías inmediatas de seguridad y la apertura de un corredor humanitario.
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Desde horas de la tarde, se reporta que más de 200 personas armadas con palos, piedras y armas de fuego cercaron la movilización, mientras las autoridades no han garantizado un cordón de seguridad ni condiciones mínimas para la vida y el tránsito.
A pesar de los reiterados llamados, la respuesta policial ha sido débil y cómplice, permitiendo que la violencia escale y los vehículos circulen entre los grupos agresores, poniendo en riesgo a quienes se manifiestan pacíficamente.
A esto se suma que el Gobernador de Santander Juvenal Díaz, mediante declaraciones públicas, legitimó los ataques al afirmar que la comunidad “sacó chonteados” a los manifestantes y acusar falsamente a las comunidades de intentar “invadir terrenos”.
Estas palabras, provenientes de un ex mando militar, no solo alimentan la estigmatización y el odio, sino que justifican la acción de grupos paramilitares que hoy operan abiertamente con la complacencia de la institucionalidad.
Una doctrina de seguridad nacional basada en la criminalización y la construcción de un enemigo interno que termina en un evidente desacato a los DDHH. Este tipo de declaraciones no solo demuestran la nula neutralidad de la Fuerza Pública, además, exponen a las personas manifestantes a mayores riesgos de agresión y justifican la violencia paramilitar en el territorio.
En lugar de garantizar el derecho constitucional a la protesta, las instituciones han contribuido a estigmatizarla y poner en riesgo la vida de quienes exigen dignidad y justicia social.
Las organizaciones responsabilizan al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades locales de Santander por cualquier afectación física o pérdida de vida que ocurra bajo su jurisdicción. Exigen la activación inmediata de un corredor humanitario para asegurar la vida de los manifestantes.
Los hechos que hoy ocurren en Santander evidencian la vigencia y legitimidad de las demandas que sostienen la movilización nacional Aquí en la lucha.
Frente a la represión, la estigmatización y la violencia paramilitar, las organizaciones populares reafirman los principios que las convocan en todo el país:
La legitimidad de la movilización como expresión del pueblo que exige soluciones reales y no represión.
El desmonte de la doctrina militar y del paramilitarismo, responsables históricos de persecución y muerte.
La defensa de la soberanía nacional frente a los poderes económicos, mediáticos y armados que controlan los territorios.
La denuncia de la emergencia humanitaria que atraviesan las comunidades abandonadas por el Estado.
El cumplimiento de los acuerdos y las transformaciones necesarias para garantizar una vida digna y en paz.
