Las comunidades campesinas que integran la Asociación Nacional Campesina «José Antonio Galán Zorro» ASONALCA, a través de un comunicado, denunciaron que la actual dirección de la entidad, encabezada por Diana Carolina Mariño Mondragón, se ha convertido en el principal obstáculo para la materialización de los planes de vida y la transformación productiva del territorio.
Comunicado a la opinión pública. #Corporinoquia obstruye e impide el avance de proyectos sociales en Arauca y el centroriente. pic.twitter.com/gGEUSe3rDx
— ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ A. GALÁN ZORRO (@Asonalca_) April 16, 2026
Desde el año 2024, la obstrucción ha pasado de ser una demora administrativa a una política sistemática contra los proyectos de soberanía alimentaria. Lo que para una petrolera es un trámite de semanas, para una asociación campesina que busca industrializar sus productos, se convierte en un calvario de meses y semestres de silencio administrativo y «trabas» injustificadas.
Corporinoquia: Complacencia con el extractivismo, rigor contra el pueblo
La indignación de las comunidades campesinas que integran ASONALCA no es gratuita. Existe una asimetría evidente en el trato que la autoridad ambiental brinda a los diferentes actores del territorio. Según el comunicado de las organizaciones sociales, las administraciones de Corporinoquia han mantenido una «actitud complaciente» con las empresas minero-energéticas que saquean la región, mientras que para el campesino que cuida la vida, el concepto técnico es un arma de persecución.
“Estas demoras y trabas con el campesinado han sido característica de las diferentes administraciones, mientras que con las empresas extractivas tiene una actitud complaciente”, denuncian los voceros del movimiento social.
Estas acciones demuestran que los criterios de la entidad no son puramente ambientales, sino políticos y económicos, orientados a favorecer el modelo de despojo y frenar cualquier iniciativa de autonomía popular.
Soberanía alimentaria bajo asedio burocrático
El núcleo del conflicto radica en el freno a la industrialización del campo. Por años, las comunidades de Arauca han impulsado proyectos que buscan no solo producir la tierra, sino transformar los productos agropecuarios para romper la dependencia de los mercados externos y garantizar la permanencia en el territorio.
Sin embargo, este «impulso social se ha visto obstruido y demorado por las decisiones de entidades ambientales». La falta de permisos, viabilidades y conceptos técnicos está paralizando plantas de transformación y centros de acopio que son vitales para la soberanía alimentaria.
Para el campesinado, la lentitud de los profesionales de las diferentes direcciones de Corporinoquia tiene una lectura clara: “No existe interés en su aprobación o se buscan otros tipos de impulsos para que sean aprobados”, sugiriendo que la transparencia en el otorgamiento de permisos está en entredicho bajo la administración de Mariño Mondragón.
La lucha popular: El único camino para la Reforma Agraria Integral
Las comunidades organizadas de Arauca tienen claro que sus derechos no han sido un regalo del Estado, sino el resultado de décadas de movilización. Por ello, advierten que no permitirán que la burocracia de Corporinoquia eche por tierra los avances logrados en materia de bienestar social.
“Sostenemos que lo construido y avanzado en materia productiva y de bienestar social ha sido producto de la lucha, organización y movilización popular”.
Ante el bloqueo administrativo, el mensaje de las comunidades fue de unidad y lucha. Sus voceros anunciaron que si Corporinoquia persiste en su labor de «obstruir e impedir el avance de los proyectos sociales», el campesinado en Arauca reactivará las acciones legales y legítimas en las calles. Afirmando que: «la materialización del Plan de Vida y la Reforma Agraria Integral y Popular no se negocia en los despachos; se construye en el territorio».
