«Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que integramos el Congreso de los Pueblos – Capítulo Centro Oriente, en ejercicio de nuestro mandato de protección y acompañamiento a las comunidades, realizamos el primer balance de las veinticuatro horas iniciales de la instalación del refugio humanitario. Se constata un escenario de hostigamiento y presión externa que compromete gravemente la finalidad de protección de la iniciativa»
En el balance, las organizaciones identificaron riesgos para la vida, integridad y seguridad de las comunidades movilizadas. Los riesgos están derivados de la actitud intimidante de autoridades civiles, la presencia de personal militar armado y encapuchado, así como de movimientos sospechosos en las inmediaciones del refugio humanitario.
Para las comunidades y las organizaciones de derechos humanos, los hechos acontecidos configuran un patrón de hostigamiento, estigmatización y amenaza que vulnera los derechos de las personas que integran el Refugio Humanitario.
«Los hechos vulneran los principios consagrados en el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución Política de Colombia y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, poniendo en riesgo la integridad física y moral de las personas refugiadas y de los delegados que acompañan el proceso».
Aunque el proceso de Refugio Humanitario responde a los sistemáticos incumplimientos de la institucionalidad en materia de acceso a la tierra, vivienda, protección ambiental y respeto por los derechos humanos, así como a la persistente estigmatización, señalamiento y persecución de los procesos sociales y políticos por parte de autoridades departamentales y nacionales. Nuevamente son estas mismas instituciones las que nuevamente vulneran los derechos de las comunidades que se movilizan en la Granja Uary.
Entre los hechos relevantes encontrados están:
1. Visita de delegados de gobernantes locales (8:00 p.m.) En el refugio humanitario se presentó el secretario de Gobierno, Julio Ramos, acompañado del secretario de Convivencia Ciudadana, Fernando Roa. Fueron recibidos por el equipo de derechos humanos y de vocería, quienes mantuvieron una disposición abierta al diálogo y al respeto. Sin embargo, en especial Julio Ramos mantuvo una actitud agresiva y amenazante, expresando señalamientos y comentarios estigmatizantes contra el proceso adelantado en el refugio. Este tipo de conductas no solo generan un ambiente de tensión e inseguridad, sino que además vulneran el carácter neutral y protector que debe regir en un espacio humanitario. La estigmatización por parte de autoridades civiles constituye una forma de hostigamiento que pone en riesgo la integridad de las personas refugiadas y de quienes acompañan el proceso, contraviniendo los principios de respeto y garantía de la dignidad humana consagrados en el Derecho Internacional Humanitario.
2. Movimientos sospechosos en las inmediaciones (durante la noche) En la finca vecina al refugio humanitario se observó la llegada de vehículos y personas con comportamientos extraños, lo que generó inquietud entre los presentes. En particular, se identificó la presencia de una camioneta gris, placas KSU-804, que realizó varias rondas alrededor del lugar. Estos hechos, por su carácter reiterado, despertaron una alerta de seguridad entre las personas refugiadas y los delegados de derechos humanos, pues la situación se percibió como un acto de vigilancia e intimidación.
3. Presencia de personal militar 18 de abril (7:17 a.m.) En las inmediaciones del refugio humanitario hicieron presencia presumibles miembros del Ejército Nacional, quienes portaban armas y mantenían sus rostros cubiertos. Esta situación, lejos de brindar garantías de protección, generó un ambiente de preocupación y alerta entre las personas refugiadas y los delegados de derechos humanos, pues la forma en que se produjo la visita tuvo un carácter claramente intimidante.
4. Presencia de la Policía (18 de abril, en horas de la mañana) En horas de la mañana hizo presencia en el refugio humanitario la Policía Nacional, encabezada por el Capitán Andrés Llanes y el Intendente Gonzales. Los funcionarios manifestaron que acudían en respuesta a una solicitud de Corporinoquia, argumentando que la instalación del refugio ponía en riesgo la vida de la fauna silvestre del lugar. Se les recordó que el día anterior ya se había dialogado sobre este tema y se reiteró que las organizaciones defensoras de derechos humanos somos respetuosas de la vida en todas sus formas, incluyendo la protección de los animales que habitan en el área. En este sentido, hacemos un llamado a Corporinoquia para que no falte a la verdad y reconozca que nuestra labor es la defensa de la vida en todas sus expresiones. Desde el refugio se buscó una forma de garantizar la atención adecuada a los animales, conforme a las necesidades que la funcionaria de Corporinoquia expresó. Se les consultó qué personal requerían para asegurar la atención básica de la fauna, e indicaron que con dos funcionarios podían realizar dicha labor en un lapso de dos horas y media, con la posibilidad de un segundo ingreso de ser necesario. Además, fueron retirados del lugar los animales neonatos que requerían mayor cuidado, y se establecía de manera provisional otro espacio para la atención de los nuevos animales que llegaran para ser atendidos.
Además de los hechos descritos, las organizaciones de derechos humanos realizaron una serie de exigencias al Gobierno Nacional y autoridades locales, las fuerzas militares y la Defensoría del Pueblo en las que se demanda garantizar de manera inmediata el respeto y protección del Refugio Humanitario, absteniéndose de cualquier acción de hostigamiento o estigmatización; cesar las prácticas intimidatorias y asegurar que su presencia se ajuste estrictamente a los principios de protección de la población civil y solicitar la presencia permanente como entidad garante de los derechos humanos en el Refugio Humanitario.
