Luego del hecho, se registró la reacción desproporcionada que posteriormente condujo a la muerte de la docente Paola Infante Jaimes a manos presuntamente de fuerzas militares y la captura de dos jóvenes cerca del lugar de los hechos.
Luego de la publicación de la alerta y debido a comentarios en redes sociales, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra se pronunció aclarando que:
El principio de distinción: los civiles no son objetivos
Bajo el rigor del D.I.H., específicamente en lo contemplado para Conflictos Armados No Internacionales (CANI), el Principio de Distinción es la piedra angular. La Fundación es tajante al recordar que “existen combatientes y existen civiles. Nuestra misión fundamental es la defensa de estos últimos”.
Mientras la narrativa oficial intenta forzar un «equilibrio» moral en las denuncias, la Joel Sierra aclara que los actores armados, ya sea la Fuerza Pública o la insurgencia, son partes beligerantes que “por su estatus, asumen los riesgos inherentes a las hostilidades”. Por el contrario, el campesino, el estudiante y el trabajador gozan de una protección absoluta.
El análisis del D.I.H. nos dice que la legalidad de un ataque entre combatientes no justifica jamás que la población civil sea envuelta en “el uso indiscriminado de fuego en zonas urbanas”, práctica que la Fuerza Pública ha repetido en Saravena bajo el pretexto de la «reacción«.
El caso de Paola Infante: ¿Reacción o infracción al DIH?
Uno de los puntos más dolorosos y que evidencia la degradación del conflicto por parte de las fuerzas estatales es el presunto asesinato de la profesora Paola Infante Jaimes. Según la Fundación, su muerte, presuntamente por disparos de la Fuerza Pública en una “reacción desproporcionada”, constituye una grave infracción al D.I.H. y una violación al derecho a la vida”.
Desde la perspectiva del D.I.H, el Principio de Proporcionalidad prohíbe ataques donde se prevea que causarán pérdidas incidentales de vidas civiles que sean excesivas en relación con la ventaja militar prevista. Disparar ráfagas en centros urbanos tras un atentado no es «defensa«, es un ataque indiscriminado. «La muerte de una docente en su entorno cotidiano es la prueba de que el Estado ha renunciado a proteger para pasar a castigar al territorio«.
La neutralidad no es complicidad, es especialización
La Fundación Joel Sierra respondió a quienes cuestionan su falta de «condena» a los ataques contra uniformados. Su labor es clara: “Nuestra labor no es juzgar la guerra entre ejércitos, sino evitar que esa guerra devore a quienes no forman parte de ella”.
Entrar en la validación o condena de acciones militares entre bandos sacaría a la Fundación de su esfera de neutralidad protectora. El foco especializado es la vulneración de los derechos de la sociedad civil. Por ello, la denuncia sobre “capturas presuntamente ilegales” no es una defensa de la insurgencia, sino la vigilancia necesaria para que el Estado “incluso en situaciones de crisis, no vulnere el debido proceso de los ciudadanos”.
