Aterrizando la derrota
La aceptación de los resultados era cuestión de tiempo. La frustración de la derrota electoral no tendrá efecto sobre la continuidad institucional del Estado colombiano, sino se activa la acción política concreta. En la fabricación de esta especie de parálisis de acción ha incidido la esperanza de que el alegato de fraude abra alguna posibilidad de conciliar la ilusión democrática con la objetividad del escenario político que hoy está frente a nosotros. Muy a pesar del triunfalismo electoral que acompaño el espíritu proselitista de la primera vuelta, hoy estamos frente a las contradicciones del proceso electoral y los límites del modelo de gestión del progresismo colombiano de la profunda crisis nacional.
Sin embargo, no es descabellado asumir la conducta fraudulenta del establecimiento colombiano como modus operandi para saltar sus propias reglas electorales, como tampoco dar por sentado el impacto desequilibrador en la competencia electoral del intervencionismo norteamericano, no hacerlo daría razón de un fetichismo jurídico en extremo, pero llevar al límite una postura negacionista del procedimentalismo electoral, obliga a asumir una actitud de ruptura institucional poco viable, realista y consecuente con la base democrática del progresismo colombiano.
Por lo anterior, pese a la alusión de que los dados están cargados, no ha quedado de otra que dar luz verde para que el juego institucional continúe. La ponderada conducta progresista de actuar bajo el seguidismo al líder y el pensamiento gregario que les plantea la coyuntura, les ha condicionado en estos tres días ubicar con claridad una posición sobre qué hacer frente a lo que se viene con la conformación y puesta en marcha del nuevo gobierno de talante ultraconservador. Y frente a esto, también, que da expuesta la necesaria consolidación de la actitud de respuesta que asumirán los demás actores del campo popular colombiano.
Varias han sido sin embargo los intentos de diseño de estrategia de acción inmediata. Por un lado, aunque cada vez con menos eco, se mantiene la idea de plantear una movilización alrededor del fraude; sin embargo, esta no ha sido suficientemente replicada y, al final, el propio candidato derrotado ha dicho que, frente a las graves denuncias de constreñimiento electoral, compra de votos e injerencia extranjera, lo mejor es declararse en desobediencia civil pacífica.
Lo anterior configura un estado de movilización latente y despersonalizada, que más que abrir una ruta de confrontación real, parece orientada a construir un aterrizaje suave de la derrota. Pero, en el centro transmite la ingenuidad del buen demócrata que piensa que el fraude de la democracia electoral es del procedimiento y no de estructura; y aun peor, que en pleno siglo XXI la estafa solamente se produce en el conteo de papelitos y no en el lavado de cabezas que la empresa y la industria electoral asegura.
Por otro lado, el propio presidente Petro ha lanzado varios mensajes, en el marco de la estrecha victoria de ADLE, sobre la necesidad de invocar un acuerdo nacional para gestionar el futuro de la nación, en medio de un país electoralmente dividido. Esto, a su vez, ha sido acompañado por mensajes de varios líderes progresistas, incluso antes de la aceptación de la derrota, llamando a asumir el rol de oposición bajo distintos talantes: constructiva, inteligente y democrática. Lo lastimero del impulso es dar por sentado que para un acuerdo nacional que viabilice el protocolo conservador, se requiere de la mitad del censo electoral que han mandado a la oposición, cuando se cuenta de antemano con las mayorías burocráticas de los poderes estatales.
Sin embargo, la posición y la ya visible actitud de gobierno de (ADLE) ha sido desafiante, ignorando los llamados a un acuerdo nacional y señalando la poca legitimidad de la votación de Cepeda, al plantear que la escalada de la segunda vuelta tuvo detrás, entre otros factores, el llamado “voto fusil” en varias regiones del país. La estrategia del Tigre es clara desde el comienzo: minar el campo de la oposición, cuestionar su legitimidad política y no darle ningún espacio democrático a su adversario. Una actitud temeraria y retardataria que hace gala del negacionismo característico del viejo laureanismo, pero es sincera y falaz para establecer el valor democrático de los ultra conservadores que se aprestan a gozar de las bondades del poder presidencial.
El otro elemento que ha venido blandiendo el progresismo es el llamado a la conformación de un Frente Amplio de oposición al nuevo gobierno. Una salida que surge de la Dirección Nacional Provisional del Pacto Histórico, convocando a asambleas territoriales, a la conformación de comités políticos y a una gran convención nacional, así como a la afiliación al Pacto Histórico y al fortalecimiento de su bancada en el Congreso. Una salida racional y realista, pero contradictoria, poco innovadora y tardía, pues llama a la cualificación de fuerzas sociales que descuidaron en pleno auge de su incidencia burocrática. Sin embargo, goza de potenciales materiales.
Pero que choca con la propia dinámica política y los pulsos internos alrededor del Pacto. Aunque algunos sectores emergentes llaman a realizar de inmediato el congreso, las fuerzas más consolidadas en su interior, así como la bancada electa, son vacilantes a abrir este tipo de iniciativas, por lo que pueden implicar para la estabilidad de su gestión y para el control de los espacios ya conquistados. Así, el Frente Amplio corre el riesgo de nacer como una convocatoria hacia afuera, pero administrada desde adentro por los mismos equilibrios que han limitado la capacidad del progresismo para convertir su caudal electoral en una fuerza social organizada y con iniciativa propia. Todo un recetario burocrático que recuerda los viejos vicios que la renovada izquierda progresista ha criticado en otros momentos.
Finalmente, ante los resultados concretos, varios sectores progresistas han empezado a invocar críticas y a promover autocríticas. El propio candidato Cepeda reconoce que hubo errores en la campaña, pero aduce que estos estuvieron motivados por la profunda certeza que tiene sobre sus propios principios y que, víctima de una coherencia crónica, actuó en esa vía, como si la derrota no refutara nada y, de haber ganado, todo su sistema de creencias hubiera quedado automáticamente comprobado por la aritmética electoral. Toda una buena exposición del más vulgar empirismo político.
La actual redención autocrítica se siguió por la poca aceptación, por parte de los coordinadores más directos de la campaña, de los errores cometidos en materia de coordinación, comunicaciones y financiamiento. Al final, al menos en lo público, estos elementos no parecen haberse incorporado con la profundidad necesaria a un balance serio que permita continuar.
Se enfila el nuevo gobierno de derecha
La derecha fortalecida no ha dejado de actuar y lanzó su primer proyectil. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol denunció las condiciones y ventajas que habría recibido el Clan del Golfo para iniciar conversaciones con el Gobierno en el marco de la llamada Paz Total.
Allí, el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, le habría presentado al jefe de esa estructura, alias Jerónimo, las condiciones del cese al fuego: retiro de órdenes de captura y extradición, cese de hostilidades y suspensión de operaciones militares. Elementos que, en abstracto, no resultan extraños en procesos de negociación o sometimiento, pero que adquieren otra gravedad política cuando se presentan como parte de una recomposición interna de la fuerza pública. Lo que pone en evidencia el tufo del nuevo régimen de gobierno y el estilo sobre el cual puede iniciar su ajuste de cuentas, recordando los tiempos del viejo uribato.
Según la investigación, esta línea habría estado acompañada de la purga más grande en materia de mandos militares, con más de 35 oficiales retirados de las Fuerzas Militares y de Policía. Si bien en el fondo no es algo del todo nuevo, pues ya se sabía que la Paz Total había abierto tensiones con sectores de la seguridad y la inteligencia estatal, sí permite ubicar una primera línea del abelardismo: estructurar el relato de que las Fuerzas Militares fueron desmanteladas para darle espacio a los criminales. Así, más que una simple denuncia periodística, el caso empieza a operar como munición política para justificar la recomposición del aparato militar, el endurecimiento de la política de seguridad y el entierro definitivo de cualquier vestigio de negociación con estructuras armadas.
Asimismo, se han empezado a mover nombres de ministros y comisionados para el empalme. En ello se observa que el Tigre está jugando la clásica, armar el gabinete es proporcionar a lograr mayorías en el congreso, Por esta razón, los nombres que suenan están lejos de ser “los nunca” y se parecen más a “los de siempre”, los cuadros del clientelismo parlamentario que, sin importar quién gane, ofrecen sus servicios a cambio de una tajada del pastel burocrático de las instituciones.
El único nombre con mayor nivel de confirmación ha sido el de su propio vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien lideraría el empalme, junto al oscuro Carlos Alonso Lucio, que aparece orbitando la transición con la idea de una veeduría forense para ubicar inconsistencias en la ejecución del petrismo. Así, el discurso del tigre empieza a aterrizar en la política realmente existente, reparto, cálculo parlamentario, auditoría selectiva del gobierno saliente y recomposición burocrática del viejo bloque de poder.
A organizar la resistencia y proteger las fuerzas.
Ante este escenario, enmarcado por una táctica endeble y poco coordinada del progresismo, por la ofensiva triunfalista de la derecha y por la peligrosa desinflada de la fuerza social, producto de esta seguidilla de pisadas en falso del pacto y de la recomposición agresiva del bloque conservador, el quehacer del movimiento social debe ser: seguir calculando los alcances de esta coyuntura, pero al mismo tiempo ir fijando una posición propia, capaz de abrir campo en la conducción de la oposición que ahora se configura; y establecer claramente, sus líneas y mecanismo defensivos, el sistema de amenazas y los principales flancos de vulnerabilidad en medio de un escenario de alta complejidad para la acción política de los sectores sociales y populares.
El primer elemento es redefinir la mecánica de subordinación que tiene el movimiento social en espacios como la Asamblea de los Cambios, dirigida por las centrales obreras, espacio reducido muchas veces a un apéndice del parlamentarismo. Esta es una tarea clave: dotarlo de una deliberación más estricta, de una agenda de más largo plazo, menos coyunturalista, y de una táctica más combativa y menos facilista. En este sentido, resulta vital convocar al movimiento de calle a estos escenarios y dotarlo de una táctica que permita presionar, de forma menos desgastante, sobre la agenda que se abre.
La convocatoria y apertura de la convención del Pacto Histórico constituye una coyuntura clave para definir un programa más acertado frente a este nuevo momento; un programa capaz de movilizar a las masas y disciplinar al parlamento para realizar una oposición más práctica, en un Congreso que, en principio, le abrirá espacio a los deseos del Tigre a cambio de mermelada.
Finalmente, la convocatoria a asambleas populares es urgente, pero estas deben dotarse desde ya de métodos que les permitan superar su carácter espontáneo y convertirse en herramientas de gestión política desde lo territorial. Por esto, y siendo el Pacto una fuerza viva, debe ser también sobre esta base que se construya un método de acción política de masas, capaz de transformar la indignación dispersa en organización, programa y conducción.
