El fin de semana pasado Die Linke (La izquierda) ganó las elecciones en Berlín-Alemania, y podría pasar a gobernar la ciudad de superar las limitaciones para formar coalición con los verdes y los socialdemócratas. Un eje central de su política, que al parecer le ha dado la favorabilidad de los votantes, reside en su audaz política de vivienda social, consistente en crear una empresa pública de vivienda que administre la oferta pública de alquileres. Lo interesante es que su líder –Elif Eralp– reconoció su aprendizaje del estilo de política desarrollado por Zorahn Mamdani en New York, la que también se centra en procurar alternativas sociales que permita el acceso a la vivienda y en luchar contra los altos costos asociados al monopolio de la propiedad en unos cuantos grandes capitales.
Die Linke es considerado en Alemania un partido de izquierda radical por cuanto defiende la necesidad de transitar a un socialismo de tipo democrático en donde áreas clave de la vida social como energía, salud, educación o vivienda no estén sometidos a la lógica de la ganancia privada. Esto lo diferencia claramente del Partido Socialdemócrata de Alemania-SPD que sólo busca regular la economía dentro de los límites del capitalismo, tal como por ejemplo lo contempla el programa del Pacto Histórico en Colombia.
Die Linke considera necesario reformas fiscales progresivas que incremente drásticamente los impuestos a las grandes fortunas y a las ganancias extraordinarias de las grandes corporaciones; defiende alzas sistemáticas del salario y la cogestión de las empresas para que los trabajadores tengan poder decisorio sobre ellas (gestión-popular); propende por un sistema único de seguridad en salud soportado en una red hospitalaria de carácter público; plantea una transición energética con justicia social y defiende una política exterior antimilitarista.
En Berlín cerca del 85% de los hogares pagan un arriendo, de acuerdo a las estadísticas. Es por eso que la política de vivienda social de Die Linke descansa en un proceso de socialización que inicia por recuperar más 200 mil viviendas en manos de grandes corporaciones y fondos privados de inversión. Esta iniciativa es posible al aplicarse el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana (Grundgesetz), que permite la socialización de la propiedad con compensación económica por debajo de los precios de mercado. Estas unidades no serían entregadas a las familias individuales (que sería privatizarlas), sino que pasarían a manos de una empresa pública de vivienda, que las administraría en asocio con cooperativas de inquilinos bajo un régimen de propiedad común y municipal.
Sin embargo, como el déficit habitacional no será solucionado con la sola socialización de viviendas, se contempla fortalecer la producción pública a fin de satisfacer la demanda, sin depender del capital privado. Para ello se considera necesario una planificación urbana que detenga y reverse la privatización del suelo urbano[1], facilitado los proyectos públicos-sociales. De igual manera se considera desarrollar una red de empresas públicas de vivienda para que también atienda la producción de las infraestructuras urbanas necesarias tales como agua, energía, o transporte público.
En tal objetivo, la potencia de la red de empresas públicas converge en su esfuerzo con cooperativas de viviendas sin ánimo de lucro –similares a la OCVs de Colombia- permitiendo que los actuales inquilinos participen tanto de la planificación como de la gestión en la producción de las obras. Y toda esta política se complementa con el control del precio de los arrendamientos, a fin de frenar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a las familias de ingresos bajos.
En contra de las posturas escépticas que a veces invaden a las organizaciones de izquierda, vale recordar que ese tipo de políticas en un hecho práctico en Viena-Austria desde hace varias décadas. Allí, la ciudad es propietaria de unas 220 mil viviendas, las que son alquiladas a precios sociales que sólo cubren los costos de producción, facilitando su acceso real; además el sistema es público, digitalizado y transparente, al cual se califica por puntaje según necesidades y mediante contratos indefinidos que evitan lo desalojos. El requisito fundamental es que la persona esté empadronada –inscrita en la ciudad- de allí que una gran mayoría de su población puede acceder a ellas.
Las propuestas alternativas para enfrentar el problema de la vivienda también fue clave en la reciente victoria de Mamdani en New York. Allí cerca del 66% de los hogares pagan alquiler y el problema se agrava porque la oferta es mínima y los cobros por arriendos son muy altos. Además, el 89% de las unidades de alquiler se localizan en edificios multifamiliares que pertenecen a sociedades corporativas -fondos de inversión o grandes inmobiliarias- llegándose a un grado de concentración tal que sólo el 5% de los arrendadores controlan hasta el 65% de las unidades de arriendo.
Frente a esa polarizada situación, el actual alcalde de la ciudad ha logrado el congelamiento de los precios del alquiler sobre cerca de un millón de viviendas en arriendo. Además, se ha propuesto un ambicioso plan de construcción de 200 mil viviendas, que serán de propiedad pública y no podrán pasar al mercado capitalista, de modo que quedan protegidas, permitiendo alquileres de tipo social. Así mismo los arriendos se indexarían a los ingresos de las familias, permitiendo subsidios cruzados para cubrir el mantenimiento de los edificios y evitar su deterioro, como sucedió en otras ciudades de ese país con los edificios de vivienda pública.
El problema de la vivienda también ha vuelto a rondar la realidad del Estado Español, donde tras un periodo antecedente de sobre oferta ahora se estima un déficit de unas 750 mil viviendas. Se suma que empieza a subir el número de familias en arriendo, llegando ahora al 20% en el total nacional, pero siendo muy marcado en ciudades turísticas como Barcelona o Madrid, donde la presencia del arrendamiento para turismo mediante plataformas como Airbnb saca del mercado familiar cerca de 340 mil viviendas. Si bien la mayoría de propietarios de las viviendas en alquiler son pequeños propietarios, se estima que unas 130 mil viviendas han sido centralizadas por grandes empresas y fondos buitre, generándose una situación donde al año se desahucian entre 25 mil a 30 mil familias.
Las familias de inquilinos se organizan en sindicatos viviendistas en respuesta al poder de los grandes capitales, siendo ejemplo de la dureza de la batalla el reciente desalojo de una persona de 87 años de edad en Madrid por acción de los fondos buitres[2], los que no sólo cuadruplicaron el precio del arriendo para poderla desalojar, sino que además se negaron a aceptar el pago solidario que ofreció una persona, evidenciándose la crueldad con que actúan. De allí que la lucha de los sindicatos de vivienda no sólo sea defensiva, sino que también adelantan planteamientos de política alternativa que, brevemente se pueden resumir en:
- Fin inmediato de los desalojos
- Negociación colectiva de los precios de los alquileres
- Rebajas en los precios de los alquileres
- Imposición de topes máximos que no sean burlados por medio de leyes
- Denuncia activa de la conversión de la vivienda en un activo financiero globalizado destinado a la especulación
- Y como política de fondo: combate a los fondos buitre mediante la expropiación y socialización y creación de un fondo de oferta pública social bajo contratos indefinidos.
También en Colombia la situación de la vivienda no ha hecho más que empeorar, de modo que faltan cerca de 1,2 millones de viviendas nuevas, se requiere mejorar otras 3,6 millones, debido a su pésimo estado. Además, del total de familias, el 40% paga arriendo (cerca de 7 millones de hogares o 21 millones de personas), las que ven cómo se les escapa de sus manos hasta la mitad de sus ingresos por el pago del arriendo. Esta situación se ha venido complicando en las áreas consolidadas de las ciudades grandes y las turísticas en cuanto las plataformas de arriendo para turismo ya acaparan hasta unas 130 mil unidades de vivienda, y a la vez empieza a ser creciente la concentración de viviendas en manos de grandes fondos de inversión.
A diferencia de los casos antes reseñados, la propiedad de la vivienda en arriendo en Colombia está centrada en pequeños propietarios, en su mayoría propiedad de familias trabajadoras de ingresos medios que encontraron en la compra de vivienda para alquiler un medio para suplementar los exiguos ingresos pensionales.
El gobierno saliente del Pacto Histórico procuró centrar su acción en la entrega de subsidios a la mejora de vivienda, sin embargo, fracasó en la política de generar nuevas unidades de vivienda, al punto que la oferta total se contrajo. De otro lado, el actual gobierno hace todo lo posible por entregar más recursos al saco sin fondo del capital privado, vía por la cual los recursos públicos se convierten en un cheque para sostener la ganancia del capital privado, en la medida que elevan el precio de venta final y ahogan el monto del subsidio que supuestamente se dirige a las familias necesitadas.
La ausencia de una política clara y contundente dirigida a solucionar el problema de la vivienda ayuda a explicar la separación de la izquierda colombiana respecto de las grandes masas proletarias urbanas. De hecho, el reciente fracaso del tibio progresismo también encuentra allí parte de su explicación, si se le contrasta con las avanzadas experiencias antes comentadas. Es así que la lucha por solucionar el problema de la vivienda requiere de impulsar ambiciosos planes de producción pública en nuevas unidades que no se privaticen, tal como sucede en la experiencia de Viena. Mientras que a la vez se potencien las experiencias productivas con las OCVs dirigidas a mejorar los 3,6 millones de “viviendas” en precario estado que se sitúan en las grandes barriadas populares[3].
[1] Hay que recordar que durante las décadas de 1990 y 2000 se privatizó la mayor parte de la vivienda pública de la República Democrática Alemana (RDA). El origen de los mayores propietarios corporativos se remonta a esa época, cuando los fondos de inversión se quedaron con tres millones de viviendas públicas.
[2] https://diariosocialista.net/2026/09/23/la-policia-ejecuta-violentamente-el-desahucio-de-maricarmen/
[3] Al respecto se puede consultar: “Crisis habitacional: una alternativa desde la gestión popular”, en: revista Proletaria No 18: https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_f59292b6feda42328d9a803540a644a2.pdf
