El Consejo Superior Universitario designó el 24 de septiembre a los nuevos decanos y decanas de la Universidad Nacional para el periodo 2026-2028. La sesión quedó marcada por la salida anticipada de las representaciones estudiantil, profesoral y del Consejo Académico, que cuestionaron la existencia del quórum necesario para tomar las decisiones y alertaron sobre una posible avalancha de demandas.
La controversia comenzó cuando tres integrantes del Consejo Superior Universitario, CSU, abandonaron la sesión: la representación estudiantil, la representación de los profesores y la delegación del Consejo Académico. Según su interpretación, el CSU requería al menos cinco miembros con derecho a voto para deliberar y decidir sobre la designación de decanos. El bloque que continuó la sesión, integrado por representantes del Gobierno nacional, del Ministerio de Educación y de los exrectores, consideró que cuatro integrantes eran suficientes debido a una vacante existente dentro del organismo.
La diferencia puede parecer procedimental, pero tiene consecuencias de fondo. El Reglamento del CSU establece una regla especial para la designación de rector o decanos: se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto que conforman el Consejo. Los representantes que se retiraron sostienen que esa regla exige una interpretación restrictiva y que las decisiones no podían tomarse sin un número mayor de integrantes. La mayoría, en cambio, asumió que la vacancia modificaba temporalmente el cálculo del quórum.
Las representaciones inconformes pidieron aplazar las designaciones hasta resolver la discusión jurídica. También cuestionaron que la sesión no se transmitiera en su totalidad, como había ocurrido en otros momentos decisivos de la vida universitaria. Para estudiantes, profesores y sectores académicos, la falta de transmisión completa reduce la transparencia de un proceso que define quién administrará las facultades durante los próximos dos años.
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Pese a los cuestionamientos, el CSU designó a 22 decanos y decanas para las sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Nueve de las personas nombradas son mujeres. Las designaciones se produjeron después de una consulta electrónica realizada el 17 de septiembre, en la que participaron estudiantes, profesores y egresados de las distintas facultades.
La consulta, sin embargo, no es vinculante. Es un mecanismo de participación que permite conocer las preferencias de la comunidad universitaria, pero la decisión final recae en el CSU. En ese punto está una de las críticas centrales: varios candidatos que recibieron el mayor respaldo de estudiantes, docentes y egresados no fueron designados. En algunas facultades, la mayoría del Consejo optó por candidaturas distintas a las que ganaron la consulta. En Ingeniería y Arquitectura de la sede Medellín, según los cuestionamientos conocidos, el aspirante finalmente elegido no obtuvo el mayor respaldo de ninguno de los tres estamentos.
El caso reabre una discusión que la Universidad Nacional ha enfrentado de manera repetida: ¿para qué consultar a la comunidad si su decisión puede ser dejada de lado sin una justificación pública suficiente? El reglamento permite que el CSU se aparte de los resultados, pero la legitimidad universitaria no puede reducirse a cumplir el procedimiento mínimo. Una designación puede ser formalmente válida y, al mismo tiempo, perder legitimidad ante quienes habitan diariamente las aulas, laboratorios, bibliotecas, oficinas y espacios de trabajo de la Universidad.
Detrás de las 22 designaciones aparece un patrón más amplio. En el CSU, los representantes del Gobierno nacional y otros sectores externos a la vida académica cotidiana tienen un peso decisivo sobre las decisiones universitarias. Estudiantes, trabajadores y profesores quedan con una capacidad limitada para definir el rumbo de la institución, incluso cuando expresan mayoritariamente una opción en las consultas.
No es la primera vez que esto ocurre en la historia reciente de la Nacional. Por eso, la discusión no debería limitarse a un conflicto entre candidatos o a una disputa de quórum. Lo que está en juego es la autonomía universitaria, la transparencia en las decisiones y el derecho de la comunidad a que su voz tenga incidencia real. Para el estudiantado, el profesorado y los trabajadores universitarios, la tarea no termina con la elección de decanos: empieza con la organización necesaria para que el gobierno propio de la Universidad deje de ser una promesa formal y se convierta en una práctica efectiva.
