Ante la posibilidad, inquietante, de que en el próximo ciclo electoral la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana alcancen cuotas determinantes de poder político, asistimos a un llamamiento a defender la democracia a partir del voto a las opciones políticas de izquierdas. Sin embargo, ¿esta acción es suficiente para detener la extrema derecha? Y lo más importante: ¿cuál es la democracia a defender? ¿La de Pedro Sánchez en la cumbre “En Defensa de la Democracia”, celebrada el pasado abril en Barcelona, o la de miles de miembros de la comunidad educativa catalana saliendo a la calle?
Detrás de la «defensa de la democracia» se esconde una ambigüedad, a menudo deliberada, entre fenómenos que no son equivalentes y que incluso pueden ser contradictorios. Por un lado, «la Democracia» como sistema formado por un conjunto de instituciones estatales, elecciones, parlamentos y mecanismos de representación. Es decir, la democracia liberal-representativa como forma de gobierno. Y, por otro, la democracia como movimiento de emancipación de las clases subalternas, esto es, como un proceso de autoorganización social y de constitución de un sujeto colectivo que, aspirando a poner fin a las dinámicas de dominio y opresión, democratiza las relaciones sociopolíticas existentes. Cuando actores relevantes, al frente de gobiernos y ayuntamientos, llaman a “defender la democracia” frente al auge del fascismo, ¿de qué democracia hablan? ¿De la que es incapaz de regular la apropiación de las ciudades por parte de los fondos de inversión, o la de las bibliotecarias en lucha por mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora y en defensa de los servicios públicos?
Paradojas democráticas, tecnocapitalismo y populismos de derechas
Efectivamente, de la primera. Y ahí está el siguiente problema de esta apelación. Pese a que la democracia liberal-representativa no se explica sin las victorias y derrotas del movimiento democrático popular, una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es que su institucionalización tiende a debilitar el movimiento de democratización social. El paradigma de esta contradicción fue la Transición española, donde la legitimidad de las “instituciones democráticas” se ganó a expensas de la desorganización planificada de la democracia obrera, vecinal y popular que se había gestado en la lucha contra el franquismo. Así, la integración de las fuerzas opositoras en la reforma pactada exigió la desmovilización de la calle y el desmantelamiento de la democracia viva que emergía en los barrios, escuelas, cultura o centros de trabajo.
Esta paradoja democrática explica por qué hoy tenemos parlamentos y gobiernos elegidos democráticamente y, al mismo tiempo, asistimos a una profunda «desdemocratización» de la vida social. Podemos votar cada cuatro años y tener cada vez menos capacidad para decidir sobre cuestiones que determinan nuestra vida: el precio de la vivienda, las condiciones laborales, el modelo productivo, los servicios públicos, la organización del territorio y los recursos naturales, la información o las tecnologías que consumimos. Y, menos aún, las formas de Estado (¿monarquía o república?) o de soberanía nacional (referéndum de autodeterminación). La democracia institucional puede seguir operando mientras el poder real se desplaza hacia espacios cada vez más lejos del control popular.
Es en este terreno en el que el tecnocapitalismo, el actual régimen global que conjuga neoliberalismo económico, control social tecnológico, geopolítica imperialista y populismo de derechas, promueve una profunda reestructuración de la sociedad. Mientras una parte decisiva del poder se concentra en grandes corporaciones, fondos de inversión, plataformas tecnológicas y estructuras financieras que escapan a la soberanía popular, la política institucional se muestra impotente a la hora de modificar las relaciones materiales de poder y se convierte en cómplice de los poderes económicos. Y, mientras las izquierdas institucionales, debilitadas por la incoherencia, reclaman el voto para “frenar a la extrema derecha”, ésta ha aprendido –generosamente financiada– a ocupar las redes digitales, los imaginarios culturales, los malestares sociales, los aparatos ideológicos y del Estado. La extrema derecha actual no tiene manía en las elecciones –cada vez más condicionadas por el algoritmo y las corporaciones que lo programan– y en participar en las instituciones democráticas. Si bien no cree en la democracia como movimiento –de hecho, vivimos una contrarrevolución en la ola mundial de luchas de 2010-2020, también catalana: 2011, 2017, 2019–, sí aspira al poder del Estado para afianzar su dominación.
Por eso, si bien hay que impedir que la extrema derecha también se apropie de la democracia representativa y, por tanto, hoy no podemos abandonarla como campo de batalla, no basta con defender la democracia existente. No es suficiente con votar y esperar a que la aritmética electoral retrase la toma de poder por parte del neofascismo, que ya encabeza gobiernos de todo el planeta. Es necesario activar la segunda concepción de la democracia, en la mejor tradición republicana-socialista, del municipalismo libertario o de la democracia comunal: la democracia como movimiento emancipatorio de las clases subalternas. No como una institución concedida por las élites, sino como una capacidad ejercida por el conjunto de la sociedad. No como el espacio restringido de los «demócratas», sino como un proceso permanentemente abierto de democratización. No como una ciudadanía que delega, sino como un pueblo que se organiza, decide y construye espacios de poder propio, sea en forma de instituciones populares independientes, sea disputando los espacios de poder estatal.
Construir una experiencia concreta de poder colectivo
Porque el problema de las izquierdas en las elecciones es que sus partidos, como escribía Gramsci, pueden quedar «suspendidos en el aire» cuando dejan de ser instrumentos de organización colectiva y se convierten en maquinarias electorales. Y con los partidos de izquierdas suspendidos en el aire, resulta difícil pedir su voto. Es necesaria, por tanto, una nueva ola que no defienda la democracia, sino que la construya y la reorganice, que no tenga como objetivo simplemente recuperar una determinada correlación de fuerzas parlamentarias, sino rehacer las condiciones sociales para que las clases populares vuelvan a ser sujeto político. Una democracia fruto de la capacidad de organización en los barrios, en los centros de trabajo, en los centros educativos, en los movimientos sociales, en las asociaciones, en los sindicatos, en las cooperativas y en los espacios comunitarios, hasta alcanzar –como escribían Joan Tafalla y Joaquim Miras– el conjunto de la sociedad. Una democratización que erija instituciones colectivas capaces de disputar la hegemonía en las élites y producir formas concretas de soberanía.
Otra democracia política, pues, que amplíe la capacidad de decisión popular y no reduzca la soberanía al voto. Pero también una democracia económica, porque no puede haber soberanía popular real si las decisiones sobre la economía están fuera del alcance de la mayoría. Una democracia social porque los derechos no pueden depender de la capacidad individual de comprarlos en el mercado. Y una democracia cultural, porque hoy también se disputa quien tiene la capacidad de producir los imaginarios, los relatos y los sentidos comunes con los que una sociedad interpreta al mundo.
Esta perspectiva transforma la forma de entender la lucha contra la extrema derecha. Se la puede derrotar en las elecciones y, sin embargo, mantener intactas las condiciones sociales que la alimentan. Porque la extrema derecha no es sólo una opción electoral: es una cooptación del malestar para que éste no cuestione los fundamentos que lo producen. Es una respuesta reaccionaria a la incertidumbre material, a la descomposición de los vínculos sociales ya la sensación de impotencia frente a un mundo gobernado –y destruido– por fuerzas que escapan al control colectivo. Unas fuerzas que, irónicamente, son propulsadas por la actual simbiosis entre neoliberalismo económico y populismo de derechas.
Por eso, el antídoto no puede consistir en decir a la gente que vote izquierdas para impedir que gane la extrema derecha. Es necesario construir una experiencia concreta de poder colectivo. Es necesario que las clases populares comprobemos que organizarnos sirve para transformar nuestras condiciones de vida. Que una comunidad puede defender su vivienda. Que los trabajadores podemos disputar el control sobre nuestras condiciones laborales, e incluso sobre los medios de producción y el propio modelo productivo. Que un barrio, municipio o comarca pueden decidir sobre los equipamientos, las infraestructuras y la planificación territorial. Que los sectores populares podemos intervenir sobre el modelo energético, alimenticio, educativo, sanitario o de cuidados. Que la cultura puede dejar de ser una mercancía y convertirse en un espacio de construcción colectiva. Ésta es la democratización que puede reconstruir el vínculo entre política y sociedad.
Esta lucha por la socialización del poder político y los recursos económicos puede volver a dar sentido a la democracia como «el poder del pueblo». No un pueblo construido contra el otro, como proponen la extrema derecha y el racismo, sino un pueblo que se constituye a sí mismo mediante la organización, solidaridad y defensa de los intereses comunes. Un pueblo que no necesita líderes mesiánicos o histriónicos que hablen en su nombre, porque dispone de mecanismos para hablar, decidir y actuar por sí mismo, a través de procesos de autoeducación colectiva y de incontables liderazgos distribuidos. Y ésta es una tarea que no puede ser delegada en los partidos. Los partidos pueden ser instrumentos importantes, siempre que formen parte de un movimiento social más amplio y vuelvan a estar arraigados en una sociedad que se organiza. El reto, pues, no es reconstruir las viejas formas de mediación política, sino crear nuevas. Necesitamos una ola popular que cree nuevos espacios de democracia colectiva y formas equitativas de relación entre el poder social y el poder político. Que entienda que la democracia no es sólo el derecho a escoger a quien nos gobierna, sino la capacidad de decidir sobre cómo intervenimos de forma determinante en el autogobierno colectivo.
Ante el avance de la extrema derecha, la respuesta no puede ser únicamente defensiva. No se trata de salvar a una democracia amenazada. Se trata de construir una profundizada y socializada. Una democracia que se materializa en la organización colectiva cotidiana, que no convierte al pueblo en observador atónito del espectáculo político, sino que le hace protagonista. Una democracia que no pide simplemente que las clases subalternas escojan quien las va a representar, sino que construye las herramientas para que puedan constituirse en sujeto de poder.
En Cataluña, en cada uno de los barrios, pueblos y ciudades del conjunto del país, no podemos permanecer desarmados ante el próximo ciclo electoral como si fuera una fatalidad inexorable, donde la extrema derecha sólo podrá ser confrontada por una “defensa de la democracia” de la mano de aquellos que, desde la Transición hasta hoy, han utilizado las instituciones para erosionar el poder social. Es necesario un movimiento de democratización colectiva que irrumpa donde menos se le espera, con nuevas expresiones y organismos de poder popular que construyan, socialicen y empujen formas sustantivas y liberadoras de autodeterminación política, económica, social y cultural.
Ésta es la propuesta de fondo que motiva el nacimiento de la Asamblea Popular Municipalista de Barcelona. Presentada el pasado julio en La Violeta de Gràcia, en un acto con doscientas personas, impulsada por militantes independientes y la CUP de Barcelona, Comunistas de Cataluña y otras organizaciones políticas y sociales, quiere ser una institución popular que democratice la política local a partir de una estrategia de doble poder. Por un lado, promoviendo la confluencia de luchas a partir de asambleas populares en la calle y en los espacios públicos, que fortalezcan la capacidad de ejercer poder social. Por otro, contribuyendo a forjar alternativas populares de izquierdas al poder de las élites políticas y económicas que, como el capital turístico-inmobiliario, gobiernan en nombre de la democracia. Necesitamos una vasta organización colectiva arraigada en todo el país que no sólo aspire a derrotar a la extrema derecha, sino a los poderes políticos y económicos que la alimentan.
Ivan Miró – Assemblea Popular Municipalista de Barcelona
2/09/2026. Publicado en catalàn a: https://www.elcritic.cat/opinio/ivan-miro/defensar-la-democracia-o-exercir-poder-popular-278870
