En denuncia pública, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra expreso que acciones cívico militares ponen en riegos a menores de edad en el Norte de Boyacá.
«Militares de la Primera Brigada del Ejército Nacional y miembros del Departamento de policía de Boyacá infringen los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario».
Las actividades referidas por la Joel Sierra se realizan en zonas de conflicto armado, y en las instalaciones educativas y de asistencia médica. Lugares que se encuentran protegidas como bienes civiles en el DIH y su uso se encuentra restringido para los actores armados. Según la Fundación, estas acciones representan inminente riesgo para las comunidades, afectando el principio de distinción entre actores del conflicto y civiles, desacatando el deber de protección.
En su denuncia, la Joel Sierra refiere a dos hechos acontecidos en agosto y septiembre respectivamente:
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El día 29 de agosto, policías de la estación de Tutazá, Boyacá, ingresan a la institución Educativa Técnica La Libertad, de la Capilla, Boyacá, portando uniformes y armas de fuego, en momentos en que se encontraban presentes decenas de niños y niñas en sus respectivas clases, los policías entraron a los salones de clase con “charlas” a los estudiantes.
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El día 20 de septiembre, militares de la Brigada I y policías de la Estación de El Cocuy, ocupan, uniformados y armados la Institución Educativa Laureles, poniendo a los niños y niñas menores de 10 años en peligro, además, los militares tomaron fotos y pusieron indumentaria, cascos, propias de este grupo armado a los menores de edad.
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La Joel Sierra refirió que: «Estas actividades que reseñamos en la presente denuncia, vulneran además de manera grave lo preceptuado en el artículo 44 de la Constitución Política, y el artículo 41 del Código de Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006, que se refiere a las obligaciones del Estado: “… En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: …29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares.” Resaltado y subrayado fuera de texto«.
Frente a estos los hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la fundación como Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, seccional norte de Boyacá, responsabilizó a las instituciones civiles y militares en cabeza del presidente Gustavo Petro y al gobernador Ramiro Barragán de estos hechos. Además de ello, exhorto a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al ministerio público para que a quien corresponda se inicien las investigaciones disciplinarias correspondientes, se garantice el cumplimiento de los principios del DIH y la defensa de los derechos humanos en todo el departamento.
