Ángel María Salinas Quintero, además de ser presidente de la Junta de Acción Comunal del su barrio, es también delegado a la Confederación Nacional Comunal, secretario de la Zona 4 de la Orinoquía, presidente de la Asociación de Usuarios de la Salud-Asusalupa.
La excusa usada por los organismos del Estado para el allanamiento fue el de la supuesta búsqueda de armamentos y drogas. La Joel Sierra consideró en su alerta que: «el allanamiento es una vulneración de la intimidad del dirigente, la cual afecta emocional y psicológicamente a la familia, constituyendo un nuevo momento de la criminalización de la lucha social y eleva exponencialmente su nivel de riesgo».
🚨🚨🚨#AlertaTemprana 🚨🚨🚨
🫵🏽 La política de exterminio contra el movimiento social, sus líderes y lideresas, programas, proyectos y procesos no se detiene, al contrario, cada vez se profundiza más.
Vía: @fdhjoelsierra pic.twitter.com/mzTFpM1rSZ
— Trochando Sin Fronteras (@trochandosf) April 2, 2023
En la alerta consideran que este tipo de allanamientos hacen parte de una a política de exterminio contra el movimiento social, sus líderes y lideresas, programas, proyectos y procesos. Expresaron, además, que en este gobierno no se detiene, si no, por el contrario, se profundiza más.
«El Proceso Genocida que el mundo imperial y el Régimen Colombiano ha venido agenciando sobre las comunidades en los territorios, victimizando de manera grave y sistemática ese esfuerzo del pueblo por organizarse y ganar cohesión en su lucha por la transformación de la sociedad hacia ese otro mundo posible, en la materialización del Plan de Vida».
En la alerta también hicieron referencia a los hechos ocurridos el año anterior, donde de se adelantaron acciones para exterminar el tejido social araucano y del Centro Oriente. Puntualizando en que desde el Estado se continúa en esa tarea combinando todos los ejes de la estrategia criminal de agresión para tal fin.
«Es necesario atender esta alerta, pues no se descarta que en esta nueva fase se puedan presentar acciones de guerra sucia e intentos de agresión en complicidad o anuencia de la fuerza pública».
Recalcaron además que no se extraña que se realicen empadronamientos, estigmatizaciones, amenazas latentes, persecución judicial, en marco de la más completa impunidad.
En la alerta exhortan al Estado Colombia a dar las explicaciones correspondientes por este atropello y tomar las urgentes medidas para la protección de la vida, Integridad y Libertad de Ángel María y todos los líderes y lideresas sociales del departamento y la región. En el mismo documento exigieron a los organismos de justicia y control investigar los hechos denunciados.
La Joel Sierra también invitó a la comunidad nacional e internacional a continuar con el monitoreo de la emergencia humanitaria, visibilizando este plan de exterminio contra nuestro movimiento social y exigir al Estado Colombiano el cumplimiento de sus compromisos en materia de los derechos humanos.
