Trochando Sin Fronteras – julio 8 de 2021
El 4 de julio de 1991, luego de 4 meses de deliberación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, en el recinto del senado de la república, la tripartita presidencia conformada por el líder del partido conservador Álvaro Gómez Hurtado, el líder del partido liberal, Horacio Serpa Uribe y el ex guerrillero del M19, Antonio Navarro Wolf, proclamaron la nueva constitución política de Colombia. El Hallelujah de Händel, interpretado por la orquesta filarmónica nacional, como signo de la de resurrección de la patria y gloria de los nuevos tiempos, estaba lejos de equipararse con el ánimo del país, que atravesaba una profunda crisis.
La carga simbólica y mediática del suceso como parteaguas en la historia reciente del país, quiso simular una fórmula mágica para los problemas profundos del país, queriendo producir un consenso alrededor de supuesto cambios, que solo se plantearon, pero nunca se vieron. Es pertinente revisar a la luz de estos 30 años en que contexto se dio este “giro” y como la carta magna del 91, ha venido actuando de forma concreta, durante estas décadas, a pesar de la tesis de la mordaza constitucional que enarbola la izquierda ongera.
La crisis financiera de 1982, reflejo de la crisis latinoamericana de la deuda, debilito los términos de intercambio del país y seco los canales de crédito externo, presionando el déficit fiscal hacia arriba. La situación económica se complica y la crisis social aumenta, el gobierno Belisario, abre expectativa de diálogo con la insurgencia, con el fin de parar la tensión social, el caldeado clima de la conversación, lleva a una crisis de régimen de gobierno en la segunda parte de la década, con la escalada de la acciones insurgentes. La tabla de salvamento fue la bonanza cafetera del 86 y los dineros del narcotráfico, que evitaron se profundizaran la catástrofe.
Si bien la economía se mantenía al ras, a nivel político y social la situación estaba caldeada, con el asesinato de tres de los cuatro candidatos presidenciales, el país se adentra a una crisis general, que obliga al régimen a rearticularse como bloque, delineando un nuevo modelo de acumulación, bajo el signo aperturista, que intentara reactivar la acumulación; es allí donde la constitución política de 1991 será un insumo fundamental. Esta calidad de conflictos y contradicciones, son de una envergadura, que hacen imposible que cualquier solución constitucional lo supere y más cuando esta aspira solo a modernizar vetustas instituciones.
La recién incorporada insurgencia, tenía que buscar un escenario donde disimular su capitulación, tratando de alcanzar un protagonismo político. El movimiento de la séptima papeleta, no fue más que un párvulo grupo de aspirantes a políticos, que vieron en la crisis y la solución que cocinaba el régimen, la oportunidad de simular la gestión, de un anunciado proceso constituyente que era ya un consenso desde arriba y un claro secreto a voces en la lides políticas. Estas movidas establecieron una legitimidad, que junto a la derrota del emergente movimiento de masas, precipito que la salida a la crisis ya generalizada, seria por medio de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
El espectáculo entonces empieza con una gran convocatoria que logra liderar los emergentes sectores políticos provenientes de la desmovilización guerrillera, que junto a personalidades nacionales encabezaron las listas de la asamblea constituyente. La diversidad de personajes, marco para la época, cierto clima de sofisticación y modernidad al evento político. Pero más allá de sus despliegues de tolerancia, la asamblea constituyente, fue un álgido escenario de disputa política, solo el 42,9% de los artículos fueron aprobados por unanimidad, esto mostraba la presión y agenda lobbista que en el fondo predomino durante los siete meses de deliberación.
La verdad es que luego de redactada la nueva carta, ninguno de los problemas que aspiro a terminar, en el marco de su llamamiento, se solucionó, por el contrario se profundizó el conflicto armado, con la aparición más nítida de los paramilitares, así desde 1991, los municipios afectados por acciones bélicas pasan de 227 a 498 en 2002 y 650 en 2012. Por su parte la consagración de derechos, dieron forma a un muy publicitado Estado social, que si bien presento una gran diversidad de derechos, su disfrute está lejos de darse, no más en 2015, se presentaron cerca de 500 mil tutelas, la mayoría de ellas para acceder a derechos tan fundamentales como a la salud, la vida y el saneamiento básico.
Le puede interesar: Colombia, una sólida dictadura en América Latina
En materia económica, encontramos un Estado que aumenta vertiginosamente su gasto público, la razón esgrimida, el proceso de descentralización y las costosas trasferencias a los municipios, la realidad develada, los cheques en blancos que paso al sector privado, por medio de la administración de la salud, las pensiones, las concesiones y los procesos de privatización que se dieron durante la siguiente década. Así mismo la estrategia de la descentralización, ha sido aprovechada por el gobierno nacional, para desatenderse de las necesidades de los trabajadores colombianos, por el contrario, este movimiento, ha producido un pacto de facto, del régimen, con sectores gamonales y políticos regionales, que viven del pillaje de estos recursos.
Como vemos, la constitución de 1991 ha hecho en lo concreto, lo que sus principios, capítulos y artículos, le han demandado, por eso es preciso hacer un balance sobre lo acontecido, que se hayan presentado estos resultados o que se muestre contradictoria, no es producto de ninguna mordaza o censura a su naturaleza, por el contrario los resultados que se han obtenido, son la consecuencia de lo que siempre ha sido, un pacto por arriba, para alcanzar una cohesión social que jamás se logró. ¿Cabe preguntar si esto era lo que se buscaba?
