En comunicado ACADESAN denunció la crisis humanitaria que se vive en Istminia, Medio San Juan, Litoral del San Juan y Sipí en el Chocó. Exigen acciones de prevención, protección, atención y respeto a las comunidades.
Advirtieron que la tardanza e insuficiencia en la atención es revictimización y vulneración de los derechos que tienen las comunidades negras. Hasta el momento se ha reportado el confinamiento de más 1400 personas y el desplazamiento de otras 1000.
El Consejo Comunitario General del San Juan –ACADESAN– mencionó que estos hechos no son aislados y desde junio de 2021 las comunidades están denunciando. Los hechos descritos por las comunidades dan cuenta de desplazamientos, confinamientos, amenazas y asesinatos de miembros de la comunidad negra en el transcurso del 2022.
Entrevista comunidades río San Juan
Las comunidades denunciaron actores armados dispararon indiscriminadamente, obligaron a la comunidad a reunirse y se llevaron un persona contra su voluntad.
«El día 10 de enero de 2022, hubo presencia de actores armados en la comunidad de Paimadó La Rancha, ubicada en el Municipio de Medio San Juan, quienes dispararon su armamento para generar miedo, obligando a la comunidad a reunirse contra su voluntad y llevándose contra su voluntad a señor Nilson Antonio Velásquez Gil, miembro de la comunidad, de lo cual se remitió informe en su momento preliminar a las entidades del Ministerio Público, lo cual generó un confinamiento en el caserío de la población.»
Luego de esta primera incursión, el 11 de enero otro grupo armado ingreso a Paimadó La Rancha. Por lo cual la comunidad continuó en confinamiento ante la posibilidad de enfrentamientos y la posible presencia de minas antipersonales. También resultaron afectadas las comunidades de Chaqui, Istmina y Calle Fuerte, Medio San Juan.
«Dada la situación anterior, 15 familias (46 personas) tomaron la decisión de desplazarse forzadamente a la zona urbana de Istmina, las cuales fueron albergadas en la sede de ACADESAN en dicho municipio.»
¿Respuesta estatal?
Ante las acciones realizadas por los grupos armados el ente municipal citó a un Comité de Justicia Transicional. Comité que se llevó a cabo 12 de enero y en que se acordó hacer un comité de verificación para el día 14 de enero.
«Mientras que esto sucedía todos los días familias de las comunidades tomaron la decisión de desplazarse forzadamente. Para el día 13 de enero, habían declarado por hechos victimizantes y desplazamiento forzado 112 familias, para un total de 299 personas.»
El comité de verificación ejecuto la tarea encomendada en las comunidades de Calle Fuerte y Paimadó La Rancha, en Medio San Juan. Participaron la Personería y Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, la administración municipal y ACADESAN. En medio de la verificación se tuvo conocimiento del asesinato de Nilson Antonio Velásquez Gil, persona retenida el 10 de enero en Paimadó La Rancha.
La violencia no cesa
Luego de la verificación, el 15 de enero se conoció que en la comunidad de Dipurdú del Guásimo, hombres armados ingresaron, dispararon indiscriminadamente y causaron la muerte a la menor Valeria Murillo de 10 años. Además de la retención del joven Juan Jesús Lerma Murillo, el cual fue encontrado sin vida y con signos de violencia un día después en la playa del río.
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A este hecho se suma el desplazamiento de la totalidad de la comunidad Negría, medio San Juan, aproximadamente 68 familias(260 personas) quienes se dirigieron principalmente hacia las comunidades de Doidó (Istmina) y Chambacú (Sipí). Frente a los desplazamientos ACADESAN denunció que las comunidades no cuentan con combustible para movilidad y padecen de hambre.
ACADESAN fue enfático en afirmar que: «En la actualidad todas las comunidades ubicadas en la subregión del San Juan que pertenecen al proceso organizativo de ACADESAN se encuentran en una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, una situación de victimización y/o riesgo inminente…»
«Podemos afirmar que las comunidades negras del río San Juan están cada vez más en alto riesgo de extinción física y cultural: es decir, hay un etnocidio en curso.»
Las comunidades reiteraron la necesidad y urgencia de implementar medidas de prevención y protección colectiva con enfoque diferencial. Denunciaron, además, que luego de iniciar ruta de protección colectiva (Decreto 2078/17) y luego de orden de un Juzgado de Restitución de Tierras, ACADESAN no cuenta con ninguna medida implementada en esta ruta.
ACADESAN solicitó una misión humanitaria y de atención a todas las comunidades. Priorizan las comunidades de Dipurdú del Guásimo, Chaqui, Primavera, Bebedó, Isla de Cruz, San Miguel, Calle Fuerte, Negría, Chambacú, Doidó y Paimadó La Rancha. Insistieron, en un llamado a los actores del conflicto para que no involucren a la población y comunidades étnicas en la guerra.
