La polarización emocional (alegría vs. rabia) tiende a opacar el análisis racional, llevando a una aceptación o rechazo ciego de la decisión. Reconocer esto, sin señalar que la pasión ciega es el extremo opuesto al entendimiento, no permite elevar el debate en momentos en los que el análisis y contextualización del caso son necesarios.
El primer elemento a analizar es que el caso no fue un proceso ordinario desde el principio, nació en la Corte Suprema de Justicia (Máximo Tribunal Penal) y luego pasó a la Fiscalía y a la justicia ordinaria, debido a una jugada de Uribe, en la que renunció a su fuero como senador. Uribe llevó su caso a estrados en los que fiscales de bolsillo en diversas ocasiones pretendieron la preclusión. Este tránsito institucional es en sí mismo un factor de polarización y debate sobre la imparcialidad de la justicia.
La absolución basada en la insuficiencia probatoria (“más allá de toda duda razonable”) o en la ilegalidad de las pruebas (invalidación de interceptaciones telefónicas) planteada por dos de los tres jueces del Tribunal Superior de Bogotá genera suspicacias frente a la administración de justicia, dejando en tela de juicio las definiciones de lo ya juzgado por instancias superiores —Corte Suprema de Justicia— instancia en el que las pruebas fueron ya analizadas y sujetas discusiones.
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La raíz del problema no es únicamente la administración de justicia en el caso Uribe, sino la institucional del Estado (la superestructura) al servicio de los poderes que gestionan el Estado. Así, aunque se presente como una desconfianza masiva en la Fiscalía, la politización de las altas cortes y el uso de los estrados judiciales como campo de batalla político, lo que se resalta en las diferentes decisiones, es la defensa a ultranza del Estado del capital, independientemente de quien sea el acusado.
¿Una verdadera justicia?
La fusión del trauma y la alegría por el veredicto, el análisis de la insuficiencia probatoria y la acción institucional para la defensa del capital, debe llevarnos a un mínimo entendimiento para la acción transformadora.
En momentos como estos, es clásico desde diferentes instituciones de la sociedad civil llamar a la despolitización judicial, una reforma estructural de la justicia o mecanismos transparentes de elección de magistrados y fiscal general. Otros llamarán a Construir un nuevo sentido común sobre la prueba, donde educar al ciudadano en el concepto de la carga de la prueba y la presunción de inocencia implica aceptar que la inocencia no significa necesariamente santidad, sino que la culpa no fue probada judicialmente, bajo este precepto se pretendería desmontar el sentido común de “si lo investigan, es culpable” o “si es absuelto, es un montaje”. Por último, la veeduría y memoria, en la que la ciudadanía debe asumir el rol de vigilante implacable en la documentación de todo el proceso, convirtiendo este en material de estudio y memoria histórica para que las fallas del sistema no se repitan, independientemente de la figura política involucrada.
Mientras que las «propuestas» abundan, y plantean supuestas salidas, en el país no se han juzgado a los determinadores de los 6.402 casos documentados de ejecuciones extrajudiciales (Falsos Positivos) que continúan en la impunidad, mientras que los perpetradores ya han asumido su responsabilidad en los diferentes tribunales. A propósito de ello, es la condena a 32 militares (20 por casos en Casanare y 12 del Batallón La Popa) en los que altos mandos asumieron su culpabilidad. Cabe recordar que estos asesinatos no son casualidad o simple desacato, sino, por el contrario, resultado de la estrategia política del Estado burgués en el marco de una guerra de baja intensidad contra el pueblo.
Debemos mencionar que las anteriores salidas, en sí mismas, son falacias; mientras que, las instituciones de Estado estén al servicio del capital, ninguna de las propuestas mencionadas traerá “Justicia”, por el contrario, ayudan a perpetuar un modelo de dominación y a encubrir las atrocidades como los Falsos Positivos.
