Es totalmente evidente que la milagrera política del gobierno de De la Espriella se rige por el criterio de sacar el dinero de los bolsillos de los asalariados para entregárselo descaradamente a los grandes capitales. Así lo constata el contenido real de la llamada “Ley de Rescate Económico”, que baja los impuestos a los capitalistas a fin de incrementarles sus ganancias, abriendo un hueco en las finanzas públicas que pretende ser cubierto con más impuestos sobre el consumo de la canasta familiar y los salarios. Y como tras de ladrón bufón, el gobierno pretende con su propaganda que las mayorías proletario-populares se crean el cuento de que se trata de un sacrificio necesario por el bienestar de todos.
En realidad, la tan anunciada Ley contiene una reforma tributaria más abusiva y descarada que la del exministro Carrasquilla, la cual dio lugar al estallido social de 2021. En ella se elevan los impuestos a los salarios y el IVA a varios productos básicos, mientas se reduce el de las ganancias capitalistas, en especial a las empresas extranjeras que verían incrementadas sus ganancias hasta en un 260%. Es así que desde el campo proletario-popular es necesario comprender el tamaño de asalto que se pretende dar contra los asalariados y desde allí enfocar las energías colectivas para contener el abuso en curso.
1. Bajarles los impuestos a los capitalistas
El propósito real de la tal Ley es rescatar las ganancias de los grandes capitalistas. Para ello el Art 57 reduce la tarifa general del impuesto a la renta (es decir de las ganancias) del 35% al 33% en 2027, y al 31% a partir de 2028. Tal medida abre un hueco en los ingresos del gobierno que puede estar de entre 8 a 10 billones de pesos anuales. Y ese faltante pretende ser tapado con más impuestos directos a los asalariados (Arts 47 a 50) y con la ampliación del IVA (Arts 44 a 46).
A lo anterior, se agrega un recorte en el impuesto al patrimonio líquido, es decir de los que más tienen (Arts 66, 67 y 68). Lo extienden hasta 2030, pero eleva el umbral de cobro de 72.000 UVT (3.770 millones) a 95.000 (5.000 millones). De ese modo las grandes fortunas hasta 95.500 UVT queda exentas (esto es hasta cinco mil millones de pesos); mientras las que están entre 95.500 y 140.000 UVT sólo pagan 0,5%; y las superiores a 145.500 UVT apenas un mísero 1%.
Un ejemplo sencillo muestra que con la reducción del impuesto a la Renta, la ganancia neta de las empresas podría elevarse cerca del 6%[1]. Según el embustero y tramposo discurso de los capitalistas y del gobierno, al ganar más invertirán más, pero entre ganancia e inversión real no hay una relación directa que garantice tal resultado. Esto porque una vez obtenidas las ganancias es el ambiente de la economía (la tasa de ganancia promedio de la economía) el que determina si los capitalistas realizan inversiones reales. Y si la tasa de ganancia media va a la baja -como ahora sucede- preferirán invertir en títulos especulativos, y serán más proclives a esa decisión en tanto la tasa de interés sea alta, tal como ahora sucede.
La otra parte del mentiroso discurso afirma que al bajar el impuesto a las ganancias las PYMEs se verán beneficiadas. Pero como la masa de ganancias de estas empresas suele ser pequeña, su efecto no es tan importante como para acumular una masa de capital que les permita ampliar la base productiva. Y como el Art 20 recorta la exoneración que tenían las empresas de pagar los 13,5% de aportes a parafiscales (Sena, ICBF, Salud) hasta el límite de diez salarios y lo baja a un techo de sólo dos, lo que en la práctica se estará produciendo es un impacto negativo muy fuerte sobre ese tipo de empresas, recayendo sobre ellas buena parte de las obligaciones para cubrir el hueco fiscal que abre el gobierno de los milagreros[2].
Lo peor es que esa fracasada políticaya fue usada en varias ocasiones, tanto fuera del país como al interior, y los resultados no han sido los esperados. Así ocurrió en el periodo del gobierno Reagan en los EEUU, y pasó tanto en el periodo de Álvaro Uribe, como en 2019 (Ley 2010). Por eso mismo, los estudios del tema tienden a señalar que la inversión depende más de variables de tipo estructural, entre ellas, como aquí lo resaltamos, la evolución de la tasa de ganancia media de la economía.
2. Acelerar el saqueo de los recursos del país
Bajo el título IV de “Disposiciones para atracción de capitales y promoción de la inversión extranjera” se toman medidas dirigidas a favorecer el desvalijamiento de las potencias de la naturaleza con que aun cuenta el país.
El Art. 69 crea un Régimen Unificado de Gran Inversión Económica (RUGE) que supuestamente pretende regular las inversiones y enfocarlas al área productiva, razón por la cual se excluyen las actividades financieras y el comercio al por menor. Allí se especifican tres grandes sectores a promover:
- Infraestructura, minas y recursos naturales
(minas y canteras, carbón, petróleo, gas, coquización; suministro de electricidad, gas, agua, distribución de agua, aguas residuales, obras de ingeniería civil), al que se le establece un umbral de inversión de 8.140.000 UVT con un plazo de ejecución de 8 años. - Industria y economía digital
(telecomunicaciones, procesamiento de datos), con un umbral de 5.530.000 UVT y un plazo de seis años. - Agroindustria, turismo,
servicios y demás actividades, con un umbral de 2.580.000 UVT y un plazo de 5 años para los proyectos.
Para esos sectores se establece un paquetico de regalos basado en la promesa de estabilidad legal en un plazo de 16 años, significando que, si en el futuro el Congreso aprueba nuevas leyes tributarias ellas no aplicarían a las inversiones inscritas en el RUGE. El primer regalo consiste en que esas inversiones con capital externo ya no pagarían el impuesto de renta del 35%, sino uno preferencial de solo el 20% para 2027 y 2028, y de 26% para 2029. Además, se añade que los dividendos y participaciones distribuidos entre los accionistas sólo pagaran 8% sobre retención en la fuente[3], cuando esa tarifa estaba en el 20%, mientras para sociedades nacionales está en 13%. Así, el beneficio para el inversionista extranjero es doble porque se reducen a la vez el impuesto a la renta y el impuesto al giro de sus beneficios como dividendos.
Y los “regalitos” siguen, porque les permiten acelerar la depreciación en maquinaria y equipo en máximo tres años (lo vigente son cinco a diez años), y construcciones lo eleva al 10% anual, en vez del 2,2%. Con esa medida pueden elevar las cuentas de gastos y reducir las ganancias estimadas, por tanto, también escapar al pago de impuestos a las ganancias, ya de por sí mínimo. Y el paquetico de sorpresas se complementa con la exención del impuesto al patrimonio, y se agregan tratamientos (reducciones) especiales a los impuestos causados en el momento de la importación de los bienes de capital (maquinaria y demás).
Para ilustrar las ventajas concedidas se pueden simular las diferencias entre las ganancias obtenidas bajo las actuales condiciones y con el escenario del RUGE. Para ello suponemos una inversión en minería cercana a 158 millones de dólares (500 mil millones de pesos, o medio billón), una duración de diez años, una tasa de descuento de sólo el 10% y el EBITDA (Ingresos menos costos y gastos) típico del sector de entre 40% a 50% . El resultado es más que sorprendente, las utilidades que percibirían los inversionistas extranjeros se triplican, elevándose de $358.400 millones a $949.440 millones en los diez años, con lo cual la ganancia crece a un total del 264,9% con el nuevo régimen de impuestos –o mejor de regalos– que ofrece el actual gobierno.
3. El castigo a los asalariados
El golpe al bolsillo de los asalariados se sucede a través de tres frentes: incrementos en el IVA, en el pago de retención en la fuente y en la parte que se debe aportar a régimen contributivo en salud.
Pero para ubicar el impacto real de todo esto es necesario recordar que son los trabajadores directos quienes con su actividad generan la totalidad del valor nuevo o agregado de la nación en un año. Sin embargo, debido a la relación de explotación, de ese total del valor nuevo generado por ellos, a los asalariados sólo se les entrega una pequeña parte, la correspondiente a la masa de salarios, que para los últimos diez años solo llega al 38,5% en promedio, mientras el resto se lo quedan los capitalistas industriales, los banqueros y los rentistas del campo y la ciudad. Sobre esa desequilibrada distribución cae el repeso del gobierno al quitarles otra parte de sus ingresos a los asalariados, sea por vía directa (aportes a salud, pensiones, a los ingresos o retención en la fuente) o por vía indirecta, metiéndole la mano en el plato de comida a través del IVA. De esa manera, la ya mermada masa salarial se contrae del 38,5% a solo el 32.1%[4].
Y actuando de acuerdo a la sentencia de que todo lo del pobre es robado, el gobierno milagrero se dirige a meterle más la mano al bolsillo y al plato de comida de los asalariados y asalariadas del país. Veamos como:
El Artículo 42 saca de la lista de exentos de IVA del 19% a: granos secos (frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos), cereales como maíz y la sal. Pasan del 5% al 19%: café, azúcar y planes de medicina prepagada. El Art 46 impone IVA del 19% a derivados lácteos (queso y requesón), frutas y verduras. El Art 45 pone a los estratos 1,2 y 3 a pagar IVA sobre el pago de internet.
En esta área se suman otras ampliaciones como el aumento del 5% al 19% en el IVA a licores. El Art 29 incrementa los impuestos al consumo de tabaco y asociados. Los artículos 35 y 36 modifican la base gravable y la tarifa del impuesto a la producción de cervezas y demás. El IVA también se incrementa a los juegos de azar (exceptuando loterías), a las apuestas por internet (Art 41), a los vehículos eléctricos. Y se modifica tanto la base como la tarifa sobre las bebidas con azúcares y ultraporcesados (Art56)
A las medidas anteriores se suman cambios en el impuesto a la renta y complementarios. Este tipo de imposición venía recayendo sobre los ingresos líquidos (ingresos menos gastos deducidos como pagos en salud y otros) de quienes mensualmente ganaban más de 1090 UVT al año (esto es 57 millones año o 4,7 millones mes[5]).
El proyecto de ley (Art 48) baja el rango de contribución e impone un 9% a quienes están en el rango de ingresos de 720 a 1090 UVT (entre tres millones cien a cuatro millones setecientos al mes). Además, el Art 47 reduce el rango de deducciones del 25% sobre el total de ingresos de 1340 a solo 630 UVT, con lo cual ese tope o rango de deducibles baja de 63 millones a sólo 30 millones año, y en consecuencia amplia el tramo sobre el cual se castigan los ingresos del trabajador. Y eso no es todo, porque el Artículo 50 baja el umbral de la retención en la fuente sobre los ingresos, con los cuales mes a mes se va pagando por adelantado el impuesto sobre la renta, aplicando un 9% a salarios entre 65 a 95 UVT mes (3,4 a 4,9 millones).
Y de repeso, el Artículo 21 manda a incrementar los pagos que deben realizar los asalariados al sistema de salud contributiva que eran del 4%. Ahora se crea una escala en la que quienes ganan de 2 a 4 SMLV deben pagar 5,5%; de 4 a 5 SMLV el 6%; de 5 a 10 SMLV el 6,5%; escala que llega a un 8% para quienes gana entre 20 a 25 SMLV. Todo esto en función de seguir enviando más capital a ese barril sin fondo que son las EPS.
El resultado es que mientras a las grandes empresas se les favorece con el recorte de impuesto a las ganancias y al patrimonio, a los asalariados se les pretende quitar anualmente un total cercano a 29 billones al año. Esto teniendo en cuenta que son los asalariados quienes explican el mayor porcentaje del consumo, sobre el cual recaerán los incrementos de 11 billones en IVA, 11,5 billones en retención en la fuente, y 6,5 billones en pagos a la salud, lo que recortaría en cerca de otro 5% la masa salarial anual[6]. O lo que es lo mismo, el objetivo del gobierno milagrero es el de recortar en un 5% la masa salarial nominal anual. Todo un desvergonzado ataque a los trabajadores del país, mordida que se afinca con especial énfasis en los rangos de ingresos medios o localizados entre 3,5 a 6 millones de pesos mensuales.
4. El llamado a paro nacional
Es evidente que la llamada “Ley de Rescate” lo que pretende es sostener en forma artificial las grandes ganancias de los capitalistas. A ese tipo de medidas se acude cuando el capital no tiene la capacidad de arrancar plusvalor y ganancia por la vía normal, es decir bajos sus propios preceptos de competir e innovar. En consecuencia, de lo que se trata aquí no es de generar cambios reales en las condiciones productivas del país sino de intensificar las formas retrogradas de succión de valor y ganancia, recursos que seguramente se deslizarán hacia la especulación financiera, debido al reinado de las altas tasas de interés en el país y en exterior.
Y entre esas formas retrogradas de succión de valor, el gobierno privilegia la de exprimir a fondo y en forma acelerada las potencias naturales que aún quedan. Mientras en el discurso se habla de defender y recuperar la colombianidad, en la práctica se trabaja para que los capitales externos multipliquen sus ganancias a base de acelerar la depredación. Es así que las medidas más que generosas al gran capital externo son una concreción de su arrodillamiento al capital de los Estados Unidos.
Y por supuesto, cuando el capital es incapaz de incrementar la ganancia a base de elevar la productividad, lo que procede es a meterle mano a los salarios. Por eso, hay que recordar que la promulgación y sostenimiento de derechos laborales y sociales en favor de los sectores proletario-populares siempre ha sido producto de movilizaciones, paros y huelgas con los cuales se le arranca a los representantes del capital esos derechos. Esto ha sido así desde que se iniciaron esas luchas hace más o menos un siglo, y los hechos en curso señalan que sigue siendo así.
Y en ese contexto, el gobierno milagrero de De la Espriella lo que hace es echar gasolina al fuego mediante su proyecto de reforma tributaria. Y esto no sólo porque haya mentido una y otra vez diciendo que no habría otra reforma tributaria, o porque siga utilizando el principio fascista de mentir una y otra vez hasta que por medio de la propaganda la mentira aparezca como una supuesta verdad. Sino porque se insiste en desconocer lo que está sucediendo en el mundo, en especial mediante las crecientes y sostenidas protestas.
Los milagreros que dicen dirigir el país deberían recordar que medidas menos fuertes dieron lugar a la rebelión de los comuneros en 1781. O, que un plan tributario de menor alcance lanzó a la calle a decenas de miles de personas en 2021, originando el estallido social de 2021 que se extendió durante tres largos meses. Deberían tener en cuenta que ya las centrales obreras han llamado a un paro nacional para el 19 este mes de noviembre, y que a mediados de octubre las marchas populares llenaron las plazas de las ciudades capitales del país.
En ese sentido, como parte del movimiento social y popular, debemos prepararnos para una potencial agudización de las luchas de calle, como respuesta al ataque que en la práctica plantea el capital y su gobierno ultraderechista.
Referencias
[1] Si una empresa mediana presentara una utilidad líquida gravable de $3.000 millones, con la tarifa plena del 35% debería pagar 1,050 millones de impuestos. Pero con la reducción al 31% sólo pagaría 930 millones, de modo que su utilidad neta pasa de 1950 millones a 2.070 millones, es decir un aumento de 120 millones o del 6,15%.
[2] Esta exención inicialmente fue introducida en 2012 (Ley 1607) y luego fue modificada en 2016 con la Ley 1819 (Art 114)
[3] Estándar promedio recomendado OCDE
[4] A la larga, cerca del 67% del total de ingresos tributarios se asocian a salarios, si sumamos IVA (33%), Retención en la Fuente (20%), Otros impuestos al consumo (15% = cigarrillos, licores, gasolina…)
[5] Tomando como base el valor actual de la UVT de 52.374 COP
[6] Si la masa salarial total en 2025 fue de 582,4 billones, el recorte de 29 billones representa un 4,98% de ese total.
