martes, noviembre 30, 2021

Albergue la Florida: la carta despótica del Distrito Capital

Las comunidades indígenas Embera atraviesan una crítica y lamentable situación a raíz del sistemático despojo y conflicto social y armado que vive el país, especialmente, en el Chocó y Urabá, en donde se ubica cerca del 50 % de dicha población.

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Trochando Sin Fronteras, octubre 25 de 2021
“En esa época vivíamos en dearadés o casas grandes con toda la familia. Antiguamente el techo de las viviendas no era de zinc, sino de unas pajas grandes. Construíamos una casa grande para vivir más o menos unas cuarenta o cincuenta personas. Entonces todos vivíamos en una misma casa” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno, 2014)

Las comunidades indígenas Embera atraviesan una crítica y lamentable situación a raíz del sistemático despojo y conflicto social y armado que vive el país, especialmente, en el Chocó y Urabá, en donde se ubica cerca del 50 % de dicha población.

Precisamente, en esta región se desarrollan industrias como la pesca marítima, producción maderera, monocultivos de palma de aceite y coca, y extracción minera. Estas actividades son controladas por empresas transnacionales, y por grupos armados quienes a través del control territorial también han constituido un corredor estratégico de armas, drogas y migrantes.

Chocó y Urabá, también son regiones altamente empobrecidas en donde reina la corrupción y falta de inversión social, mientras las políticas estatales favorecen el saqueo de la riqueza territorial, privatización de los bienes colectivos y el desplazamiento. Mismo desplazamiento que ha posicionado a Colombia en el puesto uno de desplazamientos internos. El reporte más reciente de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dio a conocer, que 44.647 colombianos fueron desplazados en Colombia en los primeros seis meses de 2021, superando la cifra del año 2020.

Emberas: saqueo, violencia y desplazamiento

Desde el año 2004, las comunidades Embera han llegado a la ciudad de Bogotá desterrados por la violencia, el saqueo y la pobreza. Estas comunidades se han asentado principalmente en “los barrios marginales y de miseria La Favorita y San Bernardo y en las localidades de Santafé y Los Mártires, en el centro de la capital” (Ministerio del Interior, 2012). Viviendo al paga diario y  sometidos al rigor de la zona, además, de la pérdida de su identidad y  cultura.

Económicamente sobreviven con la venta de manillas manufacturadas por ellos mismos, la venta ambulante, lavando carros y en condiciones de mendicidad.  Sin las condiciones para sobrellevar la maternidad, los Embera siempre están acompañados de sus hijos, razón por la que enfrentan a las medidas del ICBF (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno, 2014).

Tras la pandemia COVID-19 sus actividades informales para recibir ingresos diarios, se detuvieron, razón por la que no tuvieron cómo pagar habitaciones en los inquilinatos del centro de la ciudad. De estos inquilinatos fueron expulsados agudizándose las precarias condiciones de vida – y desplazándose hacia el suroccidente de Bogotá y Sabana. Mientras que en la región antes mencionada el paramilitarismo y las disputas por el control territorial, recrudecieron, expulsando de manera violenta más comunidades afro, campesinas e indígenas, entre ellas del pueblo Embera Katío, Chamí, Dóbida, y demás comunidades.

La respuesta del Distrito

Ante semejante conflicto, el Distrito ha respondido de manera violenta, paliativa y con poca responsabilidad política y social, estas son algunas de las acciones realizadas:

      1. Desalojos en marzo del 2020 de los edificios tomados en Candelaria La Nueva.
      2. Tres tomas al parque Tercer Milenio, el Distrito fue otorgando contratos de arrendamientos en la localidad de Ciudad Bolívar por 2 y 3 meses, hasta alargarlo por casi 17 meses, solo bajo la presión de las tomas al parque.
      3. Paralelo a la toma del Parque Nacional, ante el vencimiento de los contratos de arrendamiento, el Distrito propone el Albergue la Florida UPI— IDIPRON a más de una hora y media de la parada de alimentador más cercana (Fátima-Engativá) y a casi 2 horas del puente de Guadua (Cl 80).

Las más de 300 familias que aceptaron el traslado al albergue UPI-IDIPRON lo hicieron en condiciones NO ÓPTIMAS, el lugar establecido no cuenta con gas para cocinar, camas, vías de acceso. A ello se suma la exposición de las familias a la contaminación del río Bogotá —por su cercanía— y falta alimentos y garantías sanitarias.

Es importante señalar que actualmente, según el censo distrital, hay 1.050 personas en el Albergue y que NO hay capacidad para más personas, como el Distrito ha aseverado para generar señalamientos contra quienes siguen en la toma del Parque Nacional. Es decir, el Distrito miente frente a las condiciones, siendo estas insuficientes y además,  promueven el trato indigno, el racismo, todo ellos sumado a la permanente estigmatización de la alcaldesa Claudia López y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez y a la desinformación ante la opinión pública.

Los albergues son una estrategia que desde el año 2011 se implementan en la ciudad, pero no han resuelto el derecho a la vivienda, ni se ha dado viabilidad a las propuestas y promesas en salud, educación, proyectos productivos y salvaguarda de su cultura. Lejos de ser una solución, los albergues son una manera de encerrar a las comunidades, privarlas de su derecho al trabajo, sometiéndolas a control y tratos degradantes. Tratos como los que se denunciaron en el albergue de la unidad de víctimas del barrio Samper Mendoza el pasado 15 de septiembre del año 2020.

Retorno o Reubicación

Según líderes y lideresas de la comunidad Embera Katio y Chami, el Distrito, alta consejería y unidad de víctimas hablan de: 1) retorno y 2) reubicación.

Frente a la primera propuesta, la de retorno, es importante recordar que en junio de 2008 se firmó un acuerdo entre instituciones del orden nacional, departamental y municipal, sin embargo, “Los compromisos asumidos por las diferentes instituciones no fueron cumplidos y esto lleva a que un grupo de familias retornen a Bogotá… Un aspecto a resaltar es que tal acuerdo no generó instrumentos para monitorear el cumplimiento por parte del gobierno y de los indígenas, pero sobre todo no se presenta un verdadero programa de retorno y de reasentamiento, como tampoco de acompañamiento a tal proceso” (Ministerio del Interior, 2012, pág. 93).

Además, en el marco del recrudecimiento actual del conflicto, principalmente en el  Chocó, el planteamiento descontextualizado; prácticamente es imposible el regreso a sus territorios. Adicionalmente, no existe una política estructural que reconozca la autonomía de las comunidades y garantice la reparación integral, la permanencia y la no repetición. Tampoco en el acceso a salud, educación, vivienda con enfoque étnico. La única presencia del Estado en la región actualmente es la Armada y se teme el desplazamiento de más comunidades ante la presencia del paramilitarismo.

Frente a la idea de reubicación, el Distrito bajo el supuesto de una capacidad de ahorro, plantea gestionar suelo y generar un “préstamo” a través de una entidad financiera que iría a una empresa privada de construcción para obtener una vivienda de interés social. Según las familias Embera dicho sistema de ahorro fue una estrategia ya cuestionada por las por considerarlo un sistema impuesto. Además, no les permite disponer del fruto de su trabajo de acuerdo a sus necesidades.

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Esta propuesta ante todo busca otorgar ganancias a los gremios financieros y constructores. Desconociendo  las reales condiciones, necesidades y cultura Embera y el derecho a la reparación integral. De manera que el Estado no solo ha omitido su papel como garante de derechos fundamentales a los pueblos indígenas, sino que se convierte en victimario al responder con violencia, represión e incumplimiento de acuerdos.

Mientras la corrupción y rentismo en cabeza de los múltiples gobiernos partidistas, desvalijan las finanzas del país, los derechos de las comunidades son menoscabados, sometiendo a los sectores indígenas y campesinos al despojo y proletarización en ciudades sin empleo. Llamamos a la ciudadanía y organizaciones sociales a sumarnos a formas de solidaridad y movilización popular frente a esta profunda problemática. Los gobiernos nacional y distrital deben viabilizar recursos suficientes para atender y dar acceso a trabajo, vivienda, alimentación, salud y educación a las comunidades indígenas, garantizando la preservación de su cultura.

Referencias
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno. (2014). Los Embera desplazados en Bogotá.
Ministerio del Interior. (2012). Plan Salvaguarda Embera. Asentamientos dispersos. Bogotá.

 

 

 

 

 

 

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