Trochando Sin Fronteras, julio 17 de 2018
Luego de 21 años de lucha y resistencia la familia, las comunidades y organizaciones sociales recibirán del Estado Colombiano el reconocimiento de responsabilidad de los hechos donde tres jóvenes fueron asesinados en Saravena – Arauca.
El miércoles 18 de julio la oficina del alto comisionado para la paz, en representación del Estado colombiano Presidirá un acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público, por el asesinato de los jóvenes Oscar Orlando Bueno Bonet, Jefferson González Oquendo y Jean Carlo Covarique. Cometido el 10 de enero del 1997 en el municipio de Saravena Arauca.
Estos tres jóvenes fueron interceptados por miembros del grupo de caballería mecanizada revéis Pizarro, quienes procedieron a disparar atentando contra la vida de estos jóvenes.
En septiembre del año 2000 la justicia penal militar favoreció a los Implicados En este Crimen, con el cese del procedimiento dejando en total impunidad la ejecución extrajudicial de los tres jóvenes.
Aunque los militares fueron absueltos por la justicia penal militar el caso fue presentado a la Comisión Interamericana derechos humanos en 1998, debido a la falta de idoneidad de la justicia militar para conocer estas violaciones a los Derechos Humanos.
En consecuencia el estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de derecho a la vida y a la integridad personal ,por esa razón se acordaron unas medidas de reparación entre las víctimas que se encuentra el acto de reconocimiento responsabilidad y perdón público, en la que se debe garantizar la participación de los familiares de las víctimas, atendiendo que es una medida de reparación simbólica, donde también se acordó la instalación de un mural en la casa cultural de Saravena.
Este nuevo caso sumado al caso de la masacre de Santo Domingo configura una ausencia de la justicia colombiana, la cual absolvió a los militares implicados en estas acciones, evidencian la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales como una estrategia estatal para dar resultados en medio de la confrontación que vive el país.
En un reciente articulo «Ejecuciones extrajudiciales, un fenómeno que persiste» la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra referenciaban la existencia de las como un fenómeno que persistía en los territorios.
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Históricamente los gobiernos de turno y la oligarquía colombiana, serviles a los imperios norteamericanos y europeos, han propendido por la entrega de los territorios y riquezas naturales a favor de sus intereses económicos en el marco del modo de producción capitalista y su modelo actual el neoliberalismo. Para lograr esos objetivos de acumulación, han diseñado y aplicado una estrategia de guerra contra el pueblo que se ha organizado, en contraposición al modelo, alrededor de planes de vida enfocados al establecimiento de relaciones de equilibrio dinámico entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza que les lleve a garantizar vida digna y permanencia en el territorio.
Dicha estrategia ha estado compuesta por varios ejes, unos contemplan acciones de violencia directa y otros hacen uso de la violencia estructural. La primera, ejemplificada por la estigmatización generalizada contra la población, judicialización y encarcelamientos masivos y selectivos, amenazas y constreñimientos, militarización de la vida civil, desplazamientos forzados, implementación del paramilitarismo, tortura, desaparición forzada, asesinatos selectivos, masacres, ejecuciones extrajudiciales; y la segunda, es decir la violencia estructural, manifiesta en todo el paquete legislativo para criminalizar la protesta social y favorecer el despojo, saqueo y expoliación de nuestros recursos, así como la privatización de los servicios públicos, la educación y la salud
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