La democracia ha sido entendida y generalizada como un sistema político de inclusión y materialización de la ciudadanía en las instituciones; es decir el acceso de diferentes sectores al sistema de poder dentro de las esferas del Estado.
La participación de las mujeres en los escenarios institucionales colombianos, puede condensarse en desarrollos normativos como el Conpes 161/2013 y el “Pacto de equidad para las mujeres en el PND 2018-2022” (aunque guardan diferencias en temas como el aborto), se remite principalmente a la cuota de paridad de género en los cargos públicos de decisión y ejecución política. Sin embargo, ¿podríamos reconocer en la cuota de paridad una conquista del movimiento social?, ¿o es uno de esos mínimos en la política que terminan sepultando las luchas sociales y que hábilmente la derecha ha sabido canalizar?
La vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez (Partido Conservador) –primera mujer ministra en Colombia -, celebró el logro de la paridad en las candidaturas de los consejos de juventud. También, los debates políticos se han visto encendidos y protagonizados por mujeres, especialmente del uribismo como Maria Fernanda Cabal y Paloma Valencia, acérrimas defensoras del proyecto gamonal de la seguridad democrática.
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A su vez, parte de la izquierda no ha sido ajena a dicha concepción de la democracia, su agenda ha sido llegar al congreso y buscar la presidencia. Desde allí mujeres como Aida Abella y Maria José Pizarro han trabajado en estos escenarios con muy poca fuerza para frenar la agenda legislativa de la coalición de gobierno, y Francia Elena Márquez lanzó su precandidatura presidencial, apuntándose posiblemente la vicepresidenta, en una lógica de coalición o pacto para las elecciones con disímiles fracciones de poder especialmente liberal.
Sin duda la historia de sumisión de la mujer y por ende de limitación en su representatividad en los cargos de decisión es intrínseco a la lógica del capitalismo, de manera la mujer despojada y proletarizada quien está fuera de la burocracia estatal, es instrumentalizada primero como sufragante y luego como elegible en la historia política del país en búsqueda del consenso y la legitimidad institucional.
La concepción liberal entiende la democracia como un asunto de equidad para el ejercicio de la ciudadanía, separando la esfera económica de la vida política. Desde una lectura crítica, la democracia es producto de las relaciones de producción, por tanto, las relaciones impuestas por el capital impiden el desarrollo de los proyectos democráticos (Borón, 2003) que necesita de profundas reformas, las cuales el régimen burgués no está dispuesto a ceder, menos en un periodo de profunda crisis como el que vivimos actualmente.
Las oleadas de protesta y movilización en que estuvo Colombia desde el año 2019 expresaron claramente esta contradicción, el gobierno no cedió en absoluto ante exigencia alguna y, por el contrario, robusteció su régimen autoritario, solo cambió el uniforme. Así las oleadas de protestas fueron duramente reprimidas y apaciguadas mientras la opinión pública y los escenarios de debate popular se iban anclando hacia el tema electoral.
En el escenario de las Asambleas Populares el tema de las identidades dificultó la construcción de una agenda política que permitiera articular el clamor popular ante las agudas condiciones de precarización; no fue posible el paso del sentir común ante las precarias condiciones de vida para las mayorías, a una acción mayoritaria expresada en un programa político, reconociendo el importante papel que jugaron diversos actores en el escenario de la movilización y el debate; la ausencia del movimiento sindical fue expresión de una izquierda dividida y sin rumbo.
La relación entre sectores, identidades, organización social, partido político ha sido difícil de entender como potenciador de la articulación de la izquierda, y la respuesta quizás la encontremos en la profunda brecha que el liberalismo ha sembrado, entre la economía y la política. Es necesario que las mujeres discutamos un proyecto de sociedad, y cualifiquemos la configuración y avance de un frente amplio como clase trabajadora, con reformas de horizonte transformador.
Las duras condiciones de las mujeres son expresión del modo de producción que hizo metástasis en una débil estructura productiva del país; dichas condiciones se expresan entre el desempleo, la alta informalidad y la intensa explotación de la fuerza de trabajo especialmente en las tareas agrícolas, domésticas y de servicios, ante un modelo económico que difícilmente produce empleo en la rama industrial.
La situación es crónica para las mujeres; se calculaba para el año 2020 “el 56,3 % de ellas tiene empleos informales, el 17,3 % trabaja menos de 20 horas a la semana, y el 42 % recibe menos del equivalente al salario mínimo por hora (Sánchez-Torres, 2020)”. La brecha de empleo es profunda, expresando no solamente la situación del género femenino, sino la pobreza en que viven miles de hogares de jefatura femenina, en un momento de altísimo costo del precio de la canasta familiar y cuyos ingresos son menores por tener una sola cabeza de hogar; estamos hablando de aproximadamente 1.783.479 hogares en el país[1].
El capitalismo está soportado en la intensa explotación de la fuerza de trabajo, y libra en los hogares la tarea de la “reproducción de la fuerza de trabajo”, cuyo mayor peso lo llevan las mujeres. De manera que un proyecto democrático de sociedad debe generar soportes materiales colectivos para el cuidado de los hijos e hijas, adultos mayores y población en discapacidad, lo que exige aumento del gasto público, para que las mujeres (niñas, jóvenes y adultas) accedan a espacios de cualificación y de empleo; para ello es necesaria una reforma que amplíe la demanda laboral con puestos de trabajo asalariados y permanentes, y un sistema de seguridad social que garantice el acceso universal en condiciones de calidad.
También, es necesario en este marco, estímulos para cooperativas y asociaciones productivas de mujeres en el campo y la ciudad, lo que requiere presupuesto estatal serio, y superar el discurso del emprendimiento, en donde las trabajadoras informales no estén en competencia por el acceso a programas de corto alcance y condicionados aportes económicos, y se orienten a actividades sostenibles técnica y económicamente con carácter de empresas sociales con gestión pública y de las mujeres trabajadoras organizadas.
El avance de las mujeres a una democracia popular se soporta de este modo en una participación real en la base productiva de la sociedad, su alcance requiere espacios de cualificación técnica y política, que no solamente se refiere a cantidad, sino a mujeres dispuestas a debatir y alimentar un proyecto transformador de sociedad necesariamente postcapitalista.
La cuestión de la democracia no es meramente una cuestión política, la “igualdad” no es un asunto formal de intercambio de mercancías, sino que emanan de las relaciones de producción imperantes en la sociedad y sus formaciones sociales concretas. Tienen que ver con la participación de la sociedad en la distribución de la riqueza y el gasto social, por supuesto ello requiere de un trabajo político conjunto que eleve con fuerza estas propuestas a los diferentes sectores y lugares de la sociedad, en donde sin duda el Estado es el lugar central de disputa, pero requiere fuerza mayoritaria y cualificada para no ceder a la cáscara de la democracia formal y la ciudadanía, ni alianzas de corto plazo que lleven a perder el horizonte.
Referencias
Borón, A. (2003). Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Argentina: CLACSO.
Departamento Nacional de Planeación; Observatorio de familias. (octubre de 2020). Boletín N° 14. Censo de Población y Familia. Obtenido de https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Boletines/BOLETIN%20No.14.pdf
Sánchez-Torres, R. M. (8 de marzo de 2020). Mujeres y mercado laboral en Colombia: salarios no compensan cualificación. Obtenido de https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/mujeres-y-mercado-laboral-en-colombia-salarios-no-compensan-cualificacion/
[1] Cifras del DNP en donde el 14.56 % de las familias son de tipo nuclear monoparental, de las cuales el 86 % tienen jefatura femenina (Departamento Nacional de Planeación; Observatorio de familias, 2020).
