Los campesinos asentados en este predio expresaron que hombres de civil, que portaban armas de fuego de corto y largo alcance en acto intimidatorio pretendieron disparar contra la los miembros de la comunidad. La agresión se realizó el 5 de noviembre en las horas de la mañana. Los agresores portaban un revolver de calibre 38 y una escopeta calibre 12, elementos que la comunidad retuvo en respuesta a la agresión inminente en contra de sus vidas.
En la denuncia efectuada por el Equipo Jurídico Pueblos, se expresa que los agresores han manifestado ser trabajadores de Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo, Palmicultor de la Región, quien ha sido denunciado en varias oportunidades por desplazamiento forzado, despojo de tierras e implicado en el escándalo de Agro Ingreso Seguros, en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
“En reiteradas oportunidades, el Equipo Jurídico Pueblos ha denunciado como estas personas, se encuentran armadas y han intentado amedrentándoles e impidiéndoles la siembra de cultivos de pancoger, evitando la subsistencia de los mismos”.
El Equipo Jurídico Pueblos denunció que estas personas han amedrentado a las comunidades en hechos anteriores. Ante esta situación de riesgo, la comunidad solicitó que el Defensor del Pueblo Regional delegado del Cesar, haga presencia en el lugar de los hechos, para el conocimiento de los hechos que las comunidades puedan hacer entrega de las armas con las cuales intentaron vulnerar sus vida.
“Exhortamos a la Comunidad Internacional, a las Altas Instancias del Gobierno Nacional, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y las demás instancias pertinentes a dar soluciones que permitan garantizar los derechos de los campesinos sin tierra del Cesar”.
La comunidad del 20 de julio está conformada por un aproximado de 60 familias campesinas, en su mayoría víctimas del Conflicto Armado, quienes históricamente han estado sumergidos en la exclusión, la violencia y la pobreza estructural.
Recordemos que el 3 de octubre se ordenó el desalojo de sesenta familias que se encuentran en los predios Pitalito y 20 de julio por orden del inspector de policía de Chimichagua, José Gabriel Flórez Robles. En esa ocasión las comunidades resistieron el desalojo y se instaló una mesa con presencia de parlamentarios y el gobierno nacional.
“Con este desalojo seríamos tres veces despojados de nuestra tierra, con tres intentos también de retornar”, dice Diana Jaimes, una de las representantes de la comunidad.
