El lunes 3 de octubre el nuevo inspector de policía de Chimichagua, José Gabriel Flórez Robles, ordenó el desalojo de sesenta familias que se encuentran en los predios Pitalito y 20 de julio. “Con este desalojo seríamos tres veces despojados de nuestra tierra, con tres intentos también de retornar”, dice Diana Jaimes, una de las representantes de la comunidad.
La primera vez fue en el 2010, cuando el ejército y hombres armados llegaron en compañía de Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo. Según el Equipo Jurídico Pueblos, la organización que ha acompañado jurídicamente a la comunidad, del Castillo es un terrateniente, palmero y ha sido el responsable del despojo de estas familias.
Durante doce años, la comunidad interpuso una denuncia por el delito de desplazamiento forzado y diversas denuncias con respecto a la presencia de hombres armados que aseguran trabajar para el terrateniente; sin embargo, no se le ha dado trámite y su retorno se ha estancado. Por eso, en julio de este año decidieron regresar a sus tierras, ejerciendo su derecho al retorno (Ley 1448 de 2011). “No es como él (del Castillo) dice, que nosotros somos invasores. Nosotros estamos recuperando algo que él nos robó en el 2010, cuando se apareció en este territorio con el ejército, con hombres armados”, asegura uno de los líderes campesinos.
En este momento viven en los predios, niñas, niños, mujeres embarazadas y campesinos que han levantado de nuevo sus viviendas y sembrado cultivos de pancoger y alimentos para abastecer el departamento. Pero desde hace tres días sienten temor ante la posibilidad de que la fuerza pública arremeta violentamente para cumplir con la orden de desalojo. De hecho, esta semana el Esmad reprimió a 204 familias asentadas en el predio “La Oficina”, cerca de allí, haciendo efectiva una orden de desalojo notificada por el secretario de Gobierno de Chimichagua.
La comunidad también denuncia que en los Consejos de Seguridad y medios de comunicación se han referido a ellos como “delincuentes”, por lo que la Fiscalía 23, seccional del Banco, Magdalena, inició procesos penales contra varios de los integrantes. Además, se mantiene la presencia de hombres armados que se identifican como trabajadores de Fernández de Castro.
El miércoles 5 de octubre el Equipo Jurídico Pueblos emitió una alerta ante el inminente desalojo de las comunidades campesinas en Pitalito y 20 de julio. “Este desalojo es una más de las violaciones a nuestros derechos como campesinos, no hemos tenido atención de ninguna institución para que a favor de nosotros se hagan las respectivas investigaciones. Todo el tiempo han estado a favor de Juan Manuel Fernández del castillo y han ordenado los desalojos”, dice Jaimes.
La orden de desalojo fue comunicada por el inspector el mismo día que se realizó la Audiencia Pública de Tierras en el municipio de San Martín, en ese mismo departamento. En ella participaron representantes de la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo e integrantes de varias comunidades recuperadoras de tierras en el departamento. Según Robert Daza, senador del Pacto Histórico, quien además estuvo presente en este espacio, allí se buscó iniciar una ruta para revisar y atender la restitución de 64 predios.
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“Yo me vine demasiado contento de saber que nosotros tenemos fortalecimiento por varias entidades y equipos de trabajo, uno trajo fue moral, frente en alto, de acuerdo a lo que se habló”, afirmó uno de los campesinos que asistió a la audiencia en representación de esta comunidad. “Nosotros de acá no nos vamos a ir, hasta el mismo senador lo dijo, que iban a hacer todo lo posible porque nosotros tuviéramos nuestro pedazo de tierra para que estuviéramos como campesinos trabajando”.
Las sesenta familias que permanecen en los predios exigen a los gobernantes regionales y al gobierno nacional que suspendan las órdenes de desalojo y que respondan a sus exigencias a través de escenarios de diálogo. “Nosotros no nos vamos a ir, porque vamos a dejarle constancia a esto, hasta lo último, hasta el fin, hasta donde más podamos”, dice un campesino de la comunidad que prefiere no revelar su nombre.
Además, responsabilizan al gobierno nacional y municipal de Chimichagua de las posibles violaciones a los derechos humanos que ocurran durante los desalojos. Según Diana Jaimes, “nosotros estamos aquí defendiendo nuestro territorio y tratando de buscar un futuro mejor para nuestros hijos, pero con estos desalojos simplemente siempre nos rompen los sueños”.
