martes, abril 20, 2021

Jóvenes sin futuro: Decreto 1174 de 2020

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Trochando Sin Fronteras – Enero 8 de 2021

La juventud en Colombia está en peligro, es objetivo de guerra, se enfrenta al desempleo, informalidad y la criminalidad. Los jóvenes son usados por las fuerzas militares, paramilitares e insurgencias para la guerra, para algunos es el único camino, las posibilidad de estudiar o trabajar es nula, según el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE, los jóvenes representan el 30% de los desempleados en el país, además, representan un 29.5% porcentaje de la población informal del país en el periodo abril – junio de 2020.

A estas estas condiciones se suma, la imposición de reformas realizadas desde los gobiernos que precarizan aún más la situación de los jóvenes. Reformas laborales y pensionales que aseguran un no futuro para la juventud. Con el ánimo de analizar la situación y plantear posibles exigencias desde los jóvenes al Gobierno, la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -ANJECO- conversó con Carlos Murcia[1] analista de economía política e investigador en la Universidad Nacional sobre los antecedentes e implicaciones de la reforma laboral y pensional del país, el futuro de la juventud y la lucha que nos espera.

¿Cuáles son los antecedentes de esta reforma pensional y laboral en Colombia?

CM: Hay tres momentos de la reforma pensional y laboral, el primer hito con las reformas neoliberales en los noventa, el segundo momento en 2005 cuando se hace una reforma constitucional, que tiene que ver directamente con el decreto 1174 y el 3 momento la que ha intentado introducir el gobierno actual.

Este primer momento comienza con la ley 50 de 1990, con una desregulación del mercado laboral. A inicios de esta década, alrededor de 10 millones de trabajadores contaban con contratos laborales, con prestación de servicios que incluían costos de contratación y parafiscales. A un empresario contratar un trabajador le costaba el salario mínimo más un 60% representado en prestaciones sociales, parafiscales como SENA, Caja de Vivienda Popular e ICBF, pensiones y salud, entre otros.

¿Qué hizo la reforma de 1990?

CM: Flexibilizar los contratos laborales para no pagar las prestaciones sociales y disminuir los costos laborales. De esos 10 millones de trabajadores de la industria manufacturera y otras ramas de la economía, hoy se tiene solo la mitad de contratos.

Posteriormente la ley 100 de 1993, empezó la privatización de la salud y las pensiones con un sistema de intermediación a través de las Empresas Promotoras en Salud (EPS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las AFP son entidades del sector financiero de carácter privado que administran y recogen el ahorro pensional, actualmente son 4 y la pública es Colpensiones, antes llamada Seguro Social.

El periodo entre 1995 y 2005 los afiliados al sistema público de pensiones se trasladaron al privado, producto de la campaña publicitaria que en 2002 y 2003, sembró pánico anunciando la quiebra del sistema público pensional.

Con Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla, en 2003 se propone una reforma constitucional, la cual pierden a través de una consulta popular, de manera que optan por la vía del congreso, aprobando el Acto legislativo 01 de 2005, el cual desregula aún más el mercado laboral y, elimina otras formas de pensiones públicas, como las cajas de previsión.

¿Qué implicaciones tiene el decreto 1174 de 2020 para la clase trabajadora?

Carlos Murcia: El decreto 1174 inicia nombrando la reforma constitucional que hizo el Acto legislativo 01 de 2005, recordando que elevó a rango constitucional los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). A la gente no se le paga un salario mínimo si trabaja menos de 48 horas, se le da un beneficio económico, entonces el decreto normaliza e introduce, en el argot la figura de BEPS, ya sea para pagar una remuneración por trabajo o las cotizaciones en pensiones inferior al salario mínimo.

En el decreto especifica que son contratos por prestación de servicios y no contratos laborales, que en caso de sumar lo más cercano a un salario mínimo se cotiza como si fuese tal aunque no lo sea, y si es menos del salario mínimo se paga en proporción.

La trampa ya está hecha, la hizo Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla en el 2005, y Duque está haciendo un decreto reglamentario de una reforma anterior. En el Plan Nacional de desarrollo de 2018 – 2022, se plantea la implementación de los BEPS, para dar cobertura a las personas que no alcanzan a tener pensión según el sistema general de pensiones, el cual para la Constitución debe ser por lo menos de un salario mínimo.

Entonces, los llamados BEPS, sin ser una remuneración en el caso del salario y sin ser un ahorro pensional, se propone como el mecanismo para aumentar la cobertura tanto laboral como pensional. Hoy tenemos que solo el 25% de la población en edad pensional, pueden acceder a este.

¿Cuál es la trampa que se puso en el acto legislativo 01 de 2005 para hacer la reforma constitucional?

CM: Según la constitución del 91 no se puede hacer contratos laborales por menos de un salario mínimo, tanto los salarios como las pensiones deben hacerse con base en el salario mínimo y no menos. Es así que constitucionalmente el salario mínimo está blindado para que funcione como referente del mercado laboral y el sistema pensional. Hay que aclarar que cuando se habla de reforma laboral también se habla de reforma pensional, son dos caras de la misma moneda.

La trampa del acto legislativo 01 de 2005, está en que dice reforzar la norma del salario mínimo como punto que regule el sistema, pero para otras formas de contratación y auxilios económicos, se debe pensar en un sistema de beneficios que no entrarían dentro del salario mínimo.

¿Qué es lo que se pretende hacer con los BEPS?

CM: Con los BEPS, empezaron a llamar a las personas que no tenían el ahorro pensional suficiente en el caso de las AFP o que no hayan cumplido las condiciones de pensión en el sistema público; les dijeron que les iban a dar un beneficio económico periódico, que podría ser aproximadamente 200 mil pesos cada dos meses, muchos aceptaron de los cuales, pudieron haber peleado por una pensión antes de morir o por otro lado, haber exigido que se les remunerará el monto total.

Las administradoras de fondos de pensiones, en estos dos períodos de los que he hablado entre 1995 hasta 2003 y 2005 hasta ahora, han acumulado cerca de 300 billones de pesos, resulta que ese dinero, las AFP, hicieron dos movimientos, un 40% se lo prestaron al Gobierno en lo que se llaman títulos de tesorería haciendo endeudamiento interno, de esta manera el Estado gastó ese dinero.

El segundo movimiento fue que otro 40%, lo invirtieron en valores de activos financieros. Es decir, lo jugaron a la bolsa de valores y como ustedes bien sabrán, después de esta crisis se fueron a la caída. Como resultado el valor de los dineros de las pensiones puestos en activos financieros de la Bolsa están perdiendo valor.

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No sabemos en este momento cuánto valor han perdido, pero ya para el tercer trimestre de este año se estaban reportando pérdidas por lo menos del 15 entre y el 20 por ciento del valor.

Cuando digo 15 o 20 por ciento del valor es que estamos hablando que se perdieron de esos 300 billones de pesos, por lo menos 6 billones de pesos del valor de las pensiones que se pusieron en esas acciones. Yo quiero decir con esto una cosa, y es que el ahorro pensional de 300 billones de pesos que se hizo con la reforma pensional desde el 93 y con el acto legislativo 01 del 2005, está puesto en una cuenta nominal contablemente, pero ya no existe.

Entonces los decretos reglamentarios se están expidiendo para que el Estado, asuma las pensiones y los fondos privados no tengan que devolver esos 300 billones de pesos que posiblemente ya no los tengan.

¿Qué le espera a la juventud con la reforma laboral y pensional?

CM: Los jóvenes de hoy no tienen las mismas oportunidades y posibilidades de integrar el sistema laboral al sistema pensional que tuvimos quienes ya estamos sobre los 50 años, ni las mismas que tuvieron nuestros padres en la década de los 70, cuando se dio un cierto grado desarrollo económico.

Las diferencias entre la cantidad y la proporción de jóvenes que hay en el sistema, como las posibilidades, es lo que se llama la transición demográfica. Lo que tenemos hoy es una sociedad que tiene menos cantidad de jóvenes en proporción al resto de la sociedad. No es que haya menos en términos absolutos, sino en términos proporcionales, según el DANE desde 1985, lo que se llama la pirámide poblacional está hecha de una base amplia de jóvenes, una sección intermedia de adultos y una cúspide de ancianos.

Entonces hay una población entre cero y catorce años en la base y otra población en la cúspide, los ancianos, que serían la población dependiente. Las personas entre 15 años y 64, ya casi cumpliendo los 65, deben trabajar, hacer ahorros y cotizar para soportarlos y sostener a los dependientes. Esa relación entre la edad de trabajar y las personas dependientes, se llama la tasa de dependencia y es un porcentaje.

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Esta pirámide ha empezado a angostar en su base y subir hasta el punto de que ya casi no es pirámide, sino que es como un trapecio. Y eso nos impone como sociedad diferentes retos, especialmente a los jóvenes de este trapecio poblacional, ya que no tienen ni las mismas opciones y cuenta con más retos de los que había en los momentos anteriores.

La juventud tiene menos posibilidad de obtener contratos laborales a término indefinido si se sigue el sistema, van a tener contratos intermedios.

Esta juventud, ya no va a tener opción de pensionarse en el sistema público, pero sí va a tener la obligación de seguirle pagando a las AFP, las cuales van a seguir desapareciendo el dinero. Entonces, la población entre los 16 y los 35 años, van a tener que trabajar con remuneraciones menores a un salario mínimo que es inconstitucional, sin acceso a una pensión pública.

¿Cuál es la reforma pensional que necesita el país?

CM: Nosotros ya hicimos una propuesta con la Universidad Nacional, se la entregamos a la CUT y la tiene la mesa alternativa, de cómo sería el sistema pensional público, nuestras cuentas es que por lo menos durante los próximos diez años, todos los mayores de 65 años podrían tener un salario de pensión.

Los jóvenes como parte de la clase obrera que sostiene la economía del país, deben disputar las garantías laborales que están contempladas dentro de la constitución y que en este momento son opuestas a las que menciona el decreto. Por lo tanto se debe exigir la derogación de este proyecto de ley que aumenta precarización laboral, no asume la informalidad y no garantiza lo básico en materia de seguridad social, para todos los ciclos de vida.

Sin dejar de lado el trabajo mancomunado con las organizaciones sindicales, de las cuales las juventudes deben formar parte para construir propuestas sobre los pisos de protección social en Colombia.

¿Cuál sería un programa de lucha para los jóvenes en Colombia?

CM: Un programa de lucha se basaría, en una reforma en tres vías, pensional, laboral y de salud.

Un sistema de ahorro privado como el de las AFP no es posible, porque un trabajador con un salario mínimo tendría que ahorrar 220 millones de pesos en su vida para tener una pensión de un salario mínimo durante 20 años más o menos y resulta que por mucho que trabaje por 40 años sin descanso, solo podría ahorrar 80 millones.

Solo cuando hay contrato laboral se puede pensar en un sistema público de pensiones viable, que sea tripartito. Este es, el empresario por una parte, el trabajador por una tasa de ahorro y el Estado, por otra.

En el centro de la discusión está la reforma de la política social, las reformas de tipo de la economía pública y la lucha por el presupuesto nacional. Tenemos que reformar el Estatuto Orgánico del Presupuesto, si no reformamos el presupuesto, no podemos redistribuir los dineros para salud y pensión. Pero bueno, por lo menos si coincidimos en esas reformas, podemos movernos con los sectores alternativos.

[1] Carlos Murcia analista de economía política e investigador del grupo de investigación de seguridad social y pensiones en la maestría de Actuaría en la Universidad Nacional

 

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