La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció la realización de varias actividades institucionales en La Salina, Casanare, que involucraron a niñas, niños y adolescentes junto a integrantes de la Fuerza Pública, algunas de ellas con presencia de uniformados armados. Para la organización, estos hechos desconocen las medidas de protección establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-005 de 2024 para territorios afectados por el conflicto armado.
Las actividades se habrían realizado durante las conmemoraciones del 20 de julio y el 7 de agosto, así como en un “cine al parque” desarrollado el pasado 3 de agosto. En ellas participaron la Policía Nacional, autoridades municipales, entidades públicas e instituciones educativas del municipio.
Uno de los hechos denunciados ocurrió en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán durante una actividad denominada “Jornada pedagógica”, realizada en el marco de la conmemoración de la Independencia. Según la Fundación Joel Sierra, estudiantes compartieron el espacio con uniformados que portaban armas de dotación y participaron en una formación y rendición de honores con características propias de un acto militar.
Posteriormente, el 3 de agosto, la Personería Municipal, el Hospital Local de La Salina y la Policía Nacional realizaron un cine al parque en el barrio La Plata, actividad en la que participaron niñas, niños y adolescentes. Un tercer hecho se presentó con motivo de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, cuando la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal y la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán desarrollaron una actividad en el Coliseo de La Plata con participación de estudiantes.
Para la organización defensora de derechos humanos, estos hechos resultan especialmente preocupantes por ocurrir en un territorio que durante décadas ha vivido las consecuencias del conflicto armado y en el que persisten riesgos para la población civil.
La niñez debe permanecer al margen del conflicto
La Fundación Joel Sierra advierte que este tipo de actividades pueden entrar en contradicción con las medidas de protección establecidas por la Corte Constitucional frente a acciones cívico-militares, recreativas, culturales o de acción integral que involucren a menores de edad y miembros de la Fuerza Pública en zonas afectadas por el conflicto armado.
La preocupación no se limita a la realización de actividades institucionales. Durante los últimos meses, organizaciones sociales han advertido sobre una situación de emergencia humanitaria en La Salina. En una misión humanitaria realizada en mayo se recibieron denuncias sobre presuntos allanamientos sin orden judicial, perfilamientos, estigmatizaciones y hostigamientos contra habitantes del municipio, particularmente contra liderazgos sociales.
En este contexto, la presencia de actores armados en espacios educativos y comunitarios adquiere una dimensión especialmente sensible. El principio de distinción, establecido por el Derecho Internacional Humanitario, exige diferenciar en todo momento entre población civil y quienes participan directamente en las hostilidades. Para la Fundación, involucrar a niñas, niños y adolescentes en actividades con integrantes armados puede aumentar su exposición a los riesgos derivados del conflicto.
La organización recordó además que el Estado colombiano tiene obligaciones constitucionales e internacionales de protección especial hacia la niñez y debe evitar cualquier forma de utilización, instrumentalización o exposición de menores de edad a las dinámicas de la confrontación armada.
Exigen investigar y evitar nuevos hechos
Ante lo ocurrido, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra pidió a la Fuerza Pública abstenerse de desarrollar acciones cívico-militares o de acción integral que involucren a niñas, niños y adolescentes en territorios afectados por el conflicto, así como cumplir integralmente las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-005 de 2024.
También solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo investigar los hechos denunciados, establecer posibles responsabilidades y ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas de protección de la población civil.
A la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de La Salina y la Personería Municipal les pidió abstenerse de promover o facilitar actividades que vinculen a menores de edad con integrantes armados de la Fuerza Pública y avanzar en protocolos de prevención y protección para instituciones educativas y espacios comunitarios.
Finalmente, la organización hizo un llamado a entidades nacionales e internacionales de derechos humanos para mantener el seguimiento sobre la situación humanitaria del municipio y acompañar a las comunidades y organizaciones sociales que vienen denunciando posibles vulneraciones.
“La niñez no puede ser involucrada, utilizada ni expuesta a las dinámicas del conflicto armado”, reiteró la Fundación, que reclamó garantías de no repetición, protección integral para las comunidades y el cumplimiento efectivo de las decisiones de la Corte Constitucional.
