sábado, abril 19, 2025

La política de Reforma Agraria del gobierno nacional mantiene la dependencia alimentaria.

Análisis de las políticas agrarias del gobierno de Gustavo Petro, abordando la reducción de metas en la distribución de tierras, la dependencia alimentaria del país y propuestas para asegurar la soberanía alimentaria a través de una política agraria productiva.

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Jorge López Ardila
Jorge López Ardila
Licenciado en Ciencias Sociales Cuestión Agraria. DDHH. DIH. hago parte de @asonalca_ y @cna_colombia
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El gobierno del presidente Gustavo Petro en materia discursiva ha lanzado grandes declaraciones respecto con la Reforma Agraria, inicialmente se anunció el cumplimiento del acuerdo entre gobierno y FARC, para distribuir 3 millones de hectáreas y la titulación de 7 millones, luego en un recorte de su política redujo la meta a 1´500.000 hectáreas, que en parte compraría a los grandes terratenientes del país, en una suerte de capitalización forzada aumentando las fortunas de grandes terratenientes.

Pese a los cambios en las metas aún así no se cumplirán y a mitad de su mandato se han gestionado 1´065.109 hectáreas según el ministerio de agricultura de las cuales más de 800.000 corresponden a formalización, es decir, de entrega de tierras al campesinado, las cifras son mínimas, en parte por la burocracia y la negativa de los funcionarios del más alto nivel y del mismo presidente a afectar la sacrosanta propiedad privada.

Importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales

Más allá de los datos sobre la tierra y el problema estructural de la concentración y la propiedad privada, el “gobierno del cambio” ha sido continuador de las decisiones y el enfoque político de sus antecesores neoliberales, tanto así que mantuvo en el año 2023 las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales por encima de las 14 millones de toneladas al año.

La entrada de estos productos tuvo una reducción del 5%, algo más de 730.000 toneladas, respecto al año anterior. Entre los productos importados el maíz, trigo y la torta de soya suman más de 10 millones de toneladas en el año lo que directamente repercute en las cifras alimentarias en el país, ya que estos productos son la base para la producción de concentrados, suplementos y piensos que representan la alimentaciones de millones de aves, cerdos y otros tipos de proteína animal.

La proteína de la canasta obrera depende de las importaciones de alimentos.

También se ha ubicado que la dependencia alimentaria es alta en granos, la alverja verde seca, el garbanzo y las lentejas son en su mayoría importadas, así como una parte importante del arroz, carne de cerdo y derivados lácteos, cebada, sorgo y otros.

Más allá de las cifras, la dependencia alimentaria en el país y el pago de estas importaciones en dólares demuestran que la política agraria ha estado centrada en el rentismo de la tierra,  sin enfocarse política agraria para la producción y la soberanía alimentaria, lo que acaba fortaleciendo el sector económico de servicios y relegando la economía productiva tanto agrícola como industrial.

Si bien el gobierno Petro ha emitido actos administrativos importantes como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la reglamentación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios; la planeación económica y productiva del sector agropecuario sigue sin ser abordada estratégicamente y se mantiene la creencia de que es “el mercado” el que define la producción, transformación y comercialización.

Planeación económica y proyección productiva

Por lo menos 5 aspectos deberían abordarse para cambiar en parte esta realidad de falta de soberanía alimentaria:

  • Finagro debe dejar de ser un banco de segundo nivel y pasar directamente a prestar dinero a las organizaciones y procesos de cooperación – industrialización de base campesina y comunitaria con políticas de apalancamiento y cobro mínimo de intereses;
  • Fortalecer los Territorios Campesinos Agroalimentarios;
  • Se debe fortalecer la iniciativa comunitaria-colectiva de transformación de productos y agregación de valor;
  • El Estado debe crear fondos de tierras para entregar colectivamente a asalariados rurales, jornaleros, temporeros y otras formas de proletariado rural para impulsar la producción de alimentos,
  • Materias primas alimentarias y no alimentarias e impulsar una política de planeación agropecuaria productiva y de comercialización que quite el control de los privados en la producción y distribución de alimentos.

La planeación económica permite abordar uno de los grandes problemas del país: el hambre y la malnutrición, al mismo tiempo permitiría fortalecer el desarrollo tecnológico, los niveles de empleo, la formalidad y resolver algunos de los conflictos de uso de suelo que afectan los ecosistemas del país. ¿Habrá voluntad y caudal político para hacerlo? De seguro a este tipo de reformas la gente le camina y la movilización social será clave; si no se profundiza la Reforma Agraria, solo será el reencauche de políticas anteriores y fracasadas de titulación y ampliación del minifundio.

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