Ha culminado el ciclo electoral en Colombia con la victoria del Pacto Histórico y su posicionamiento como principal fuerza política e institucional del país; al tiempo, se asiste al quiebre y decadencia del modelo de gestión del poder que primó los últimos 20 años, un modelo particular de gestión de la crisis de largo plazo del capitalismo y el Estado colombiano, totalmente arrinconado por la intensa y permanente movilización de las clases trabajadoras y populares en las calles, que sacudieron a la nación a través de fuertes ciclos de protesta social y popular con pico en las movilizaciones del 2018-2019 y el 2020-2021.
La situación se supo colocar a favor de la estrategia electoral de las fuerzas progresistas, lo que les ha permitido pasar a la fase de diseño institucional e implementación del nuevo gobierno. El ciclo político, que se inicia con el arribo del Pacto Histórico a la Casa de Nariño, tiene como expectativa el cambio de las viejas estructuras y relaciones del capitalismo burocrático y gansteril que indigestó al país, mediante el impulso de un programa de capitalismo humano, ambiental y productivamente sostenible; pero como base, la irreversible crisis del capitalismo colombiano y su maltrecha estructura de funcionamiento económico, social e institucional.
El ascenso del pacto histórico también ha sido sobre la derrota a la propuesta de país de la facciones conservadoras y liberales de derecha. La crisis orgánica de estos sectores se ha surtido de un vacío estratégico de liderazgo que ha truncado su capacidad actual de maniobra política y posibilitó la marginación de los sectores más ultraconservadores reducidos a un remedo de oposición; sin embargo, el reagrupamiento burocrático de las casas electorales tradicionales hacia el nuevo gobierno ha sido de ajuste a las circunstancias a través de indignantes actos de cinismo y oportunismo clientelista al que inevitablemente dio lugar el proceso de construcción de mayorías parlamentarias y equipos de gobierno.
Sin que aún los detonantes de las intensas movilizaciones de los años anteriores se hayan desactivado y a contravía han ido agravándose, el nuevo gobierno inicia con altas expectativas de cambio aplomadas a medida que la emoción electoral transita hacía la racionalidad tecnocrática y gubernamental, sus planteamientos programáticos han fijado una agenda de reformas institucionales mediante las cuales espera solucionar los reclamos más sentidos del electorado y contener los efectos sociales de una profunda crisis economía y social, que sin más, merece de múltiples políticas de reajustes urgentes y necesarios, para sí quiera, recomponer desde una óptica progresista el desarrollo del mal trecho capitalismo colombiano.
Para el ministro de educación Alejandro Gaviria, en la etapa final de la campaña presidencial, la opción de Gustavo Petro permitía asegurar una explosión controlada de la crisis económica y social del país; a su vez, para él hoy ministro de Hacienda José Antonio Ocampo la centralidad de la política económica está ubicada, en parte, atender la alarmante situación de pobreza de la población colombiana, producto de la incapacidad de la economía nacional para aprovechar su amplia fuerza laboral y del grado de subutilización y precarización al que las poblaciones de trabajadores del país han visto llegar su estándar y nivel de vida.
La salida planteada busca mediante una política de reforma al régimen tributario del país, posibilitar recursos que apalanquen el gasto público y social del Estado y orientar una política económica de diversificación y recomposición de la estructura productiva y comercial del país; en primer lugar, se ha anunciado una reforma tributaria por coste de 25 billones de pesos; en segundo lugar, la necesidad de recomponer la estructura productiva, diversificar sus servicios y reequilibrar su dependencia con la economía de los hidrocarburos.
Al frente del reto de la “reindustrialización de Colombia” se pone la necesaria superación de la actual estructura de propiedad y producción agraria, de la prominencia del gran enclave minero-energético y de la condición de atraso de las fuerzas productivas del país. Lo que pone en la discusión del desarrollo económico nacional cuestiones como la reforma agraria y el nuevo ordenamiento territorial, la política de Paz Total, transición energética, la política productiva, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma educativa y la política de integración regional.
La agenda de reformas del gobierno del Pacto Histórico tiende a solucionar aspectos conflictivos de la grave crisis del capitalismo colombiano, mediante la gestión de nuevos factores institucionales vía acción parlamentaria o presidencial, el campo de acción del progresismo es de gran envergadura y en el proceso de construcción de gobierno ha sabido también canalizar importantes facciones de los movimientos sociales y populares, de partidos y fuerzas políticas y ciudadanas que hoy le permiten una cómoda maniobra política, institucional y social.
El efecto del triunfo del principal líder del progresismo en Colombia en el campo de la izquierda y de los movimientos sociales ha sido de tal envergadura que ha permitido plantear: (…) “la emergencia de un nuevo sujeto político principal de la transformación democrática de la sociedad colombiana, con vocación de poder y permanencia en el mediano y largo plazo.» Según suscribe la circular 001 del comité político nacional del Pacto Histórico, la que también reconoce su diversidad y amplitud como proceso en construcción.
La situación obliga a las fuerzas progresistas a compactar su capacidad de articulación y de influencia social y popular sobre el ordenamiento de las fuerzas sociales en torno a su centralidad hegemónica. La correlación de fuerzas en planos formales ha obligado al progresismo a mediar sus expectativas de «cambio» con sectores de las tradicionales clases políticas del país, con las cuales comparte imaginarios programáticos; su articulación a los sectores amplios de la sociedad ha sido a través del consentimiento electoral y con los sectores de la izquierda social y popular, que durante los últimos años han arrastrado las luchas más relevantes, el vínculo programático ha sido de inclusión institucional y subordinación política.
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Esta alineación de fuerzas y actores de maniobra del gobierno progresista se potencia con el respaldo que proveen las finanzas públicas y el tejido institucional y burocrático del Estado, pero se tensionan en cuanto al tamaño y profundidad de las reformas macroeconómicas, políticas, territoriales y sociales que requiere el país. Los matices y distancias de su alcance podrían comenzar a trastocarse entre las concepciones de uno u otro sector, lo que ubicaría el principal escenario de disputa al interior de los sectores de gobierno y las fuerzas sociales y populares.
Esta dimensión en la actualidad vincula a las expectativas de los esfuerzos sociales, políticos e institucionales la necesaria labor de transformar la estructura agraria del país y consolidar un nuevo ordenamiento territorial, de proveer a la nación de un sistema de abastecimiento energético y minero sostenible y soberano, de conseguir y embarcar al país en una ruta de desarrollo productivo y tecnológico, de consolidar, ampliar y desarrollar la democracia popular, de potenciar el desarrollo social y cultural del país, cuestiones que sin lugar a dudas descentran la clásica plataforma del progresismo liberal, por cuanto desde la izquierda social y popular se debe ir más allá de los aspectos distribucionistas y progresivos de ingresos y subsidios, para situarse en la superación estructural de las condiciones materiales de nuestro subdesarrollo y en el cambio general y sustancial de las más básicas estructuras sociales, económicas y territoriales de nuestro país.
Es, pues, un momento relevante en donde las transformaciones profundas y reales de la sociedad tienen sus límite en el parlamentarismo y presidencialismo liberal, pero su potencia más estratégica en la fuerza de cambio de las clases trabajadoras y populares del país, de los movimientos sociales y los liderazgos alternativos que puedan llevar más allá de los límites del progresismo y su hegemonía estatal las apuestas de cambio y transformación de nuestra sociedad.
