miércoles, diciembre 1, 2021

Notas de coyuntura nacional 2021

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Pese a que a las movilizaciones llevan meses de apaciguadas, el país continúa inmerso en una intensa y agitada crisis social y económica, que el gobierno interdicto de Iván Duque de forma circense y macabra apenas ha podido maniobrar momentáneamente, sin solucionar de forma ni contenido ninguno de los innumerables problemas que aquejan al país, y por el contrario ha impulsado las condiciones para que estos mismos se agraven en el corto y el mediano plazo, por lo cual es sensato reflexionar sobre algunos de los aspectos de la delicada situación del país.

Rebrote de la crisis de acumulación de capital: la gran depresión

El mundo capitalista se enfrenta a una depresión de largo plazo desde inicios de la década de los setenta, en la que se suceden momentos de crisis y luego ciclos de recuperación sin alcanzar las cotas anteriores. En medio de esto se ha profundizado la tendencia a destruir la relación salaria formal como modo de ahorro de costos, reforzada por ciclos de cambio tecnológico. Esto ha cobrado forma en el capitalismo de plataforma, acelerado por los efectos de la pandemia: trabajo en casa, relaciones sociales mediadas por plataformas, privatización del espacio de mercado, reforzamiento del control.

La revolución tecnológica en curso permite sostener al capital al costo de liquidar la relación salarial formal, una destrucción de puestos de trabajo y de condiciones de vida de los trabajadores directos, que da lugar a un proletariado más segmentado, jerarquizado, vulnerable y disperso.

Tendencia de desgaste en la legitimidad de las FFAA y del gobierno
La tendencia hacia el desgaste en la legitimidad del gobierno se asocia al intento de reeditar el tipo de régimen de gobierno de talante fascistoide que imperó entre 2002-2010, en el que lo ilegal y legal se traslaparon bajo el amparo de un importante rango de “legitimidad” social. Tal pretensión entró en choque con la realidad del país, pues ciertamente el gobierno de Santos había logrado avanzar decididamente en la re-institucionalización del Estado y sus instituciones bajo la forma de Estado de derecho, avance que se puede incluso medir mediante la derrota estratégica de las FARC bajo su supuesta inserción en la vida de la democracia.

En el recambio de gobierno se hizo notorio como, los “actores” de tendencia más reaccionaria, intentan restablecer el “viejo orden” del uribato, incluso al costo de entrar en crecientes choques con sectores liberales de derecha como el santismo y el gavirismo, postura que generó diferencias y choques fuertes entre las clases en el poder.

Si bien esta tendencia de desgaste se mantiene, al menos al decir de las encuestas de opinión, el gobierno se vio favorecido por el tiempo que le concedió la pandemia, y por sobre todo, por la unidad que se forjó en torno a la consigna de defender la institucio-nalidad en medio de la ola de protestas de abril de 2021. Sin embargo, es posible presuponer que esa tendencia al desgaste se avivará en medio de la campaña a elecciones de congreso y presidencia en 2022.

Proceso de mutación de la guerra

La forma dominante de la guerra en Colombia hasta la desmovilización de las FARC se entendía bajo la forma Estado-capitalista-guerrillas, es decir el contenido político atravesaba o era ineludible en las explicaciones. En contraposición, ahora se tiende a interpretar la guerra bajo la forma de guerra territorial entre “bandas”. Este cambio en la interpretación hace parte de las políticas que le imprimió el Gobierno Nacional a su estrategia de guerra. ¿Qué tanto del cambio se corresponde a las transformaciones de actores, móviles y desarrollos, y qué tanto al nuevo discurso “anti-subversivo”?, Estas inquietudes deberán ser objeto de un análisis adecuado del tema. Lo importante aquí, es que es evidente una mayor intensidad en la guerra contra la población civil, y en especial su peso sobre los movimientos sociales y la izquierda organizada.

Ciclo de protestas

En la crisis de pandemia que se prolongó desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021, el Gobierno entró a atender la emergencia mediante medidas paliativas y eso condujo a protestas por parte de la población. Además significó un incremento del gasto público orientado a dar sostenibilidad a la empresa capitalista –resorte principal del armazón social- , mientras los recursos para atender a la población proletaria y rural fueron decididamente menores en su cuantía. En este contexto, brotaron protestas ante el hambre, la expresión simbólica de las banderas rojas, y por el cierre de comercios.

La crisis económica se profundiza: el manejo de la pandemia adelantó la explosión de una crisis capitalista que era evidente, pero permanecía en ciernes. De un lado el manejo de subsidio a las empresas no logró impedir el cierre de medio millón de negocios, especialmente del comercio; con ello cundió el desempleo y su efecto fue un brusco salto de la pobreza. De esa manera quedó en evidencia que el largo ciclo de recuperación y crecimiento entre 2002-2014 tuvo mucho de espejismo. A esto se sumó el creciente déficit fiscal, que debía ser recortado a fin de no perder la calificación de riesgo. Indicador clave para atraer los flujos de capital que dinamizan la economía nacional desde fines del siglo pasado.

En este marco, no podía resultar más oportuno el llamado del Comando Nacional al paro. La burocrática y elitista dirigencia sindical quiso reeditar la protesta cívica del septimazo de noviembre de 2019, y se preparó para un día de movilización, pero el dolor acumulado de las masas proletarias y populares terminó por desbordar toda previsión. Así, se inicia una especie de “incendio social” en el que resultaron totalmente sobrepasadas todas las organizaciones sociales y políticas del país, pues las formas y focos de protestas lograron su propia dinámica. En total cincuenta días de paro, con siete miércoles de movilizaciones en las que actúa el elemento sindical.

Durante este lapso de tiempo las diversas clases y fracciones de la “clase popular” pasaron a ser el agente activo que en la práctica determinó el desenvolvimiento de la ola de protestas, situación a la que acudieron con des-concierto y tardanza las distintas fuerzas políticas de izquierdas, de modo que su vinculación siempre apareció tardía, ajena, postiza y descontextualizada.

El paro se extiende: diversos hechos de violencia, en especial por asesinatos, torturas y detenciones de jóvenes, o como la quema descarada de espacios realizados por la policía, se fueron convirtiendo en las motivaciones cotidianas que sostuvieron y animaron las protestas. En ese marco se consolidan cierres que dificultan el flujo de mercancías en algunas áreas del país.

En este contexto social se modifica en el sentido que el Gobierno Nacional enfrenta dificultades para controlar las protestas, pero la situación se mantiene bastante lejos de que se den atisbos de alguna forma de crisis de gobierno, y menos aún de crisis de gobernabilidad. Es por eso que, para ese momento, su estrategia de defensa es más bien reactiva, descansa en el formato de la guerra, y la combina con llamados a dialogar, represión policial y para-militar, sin que logre controlar el incendio social.

Ante el hecho la burguesía logra una muralla bien articulada: militares en la calle, policía, partidos, gremios, Fiscalía, Procuraduría, Defensora, gobernaciones, alcaldías, grandes medios de comunicación. La estrategia del gobierno se consolida y modifica: promueve mesas de negociación sectoriales, departamentales y locales, se desata el paramilitarismo en forma descarada (camisas blancas), campañas de psicoterror sobre desabastecimiento y ataque sistemático por la legitimidad de las primeras líneas. Esta línea de acción cumplió un papel fundamental en el DESPLAZAMIENTO de la atención pública, la “mirada del país” se enfoca en ese tipo de protestas y no en la participación de las masas mayoritarias.
Se logró imponer la ecuación reduccionista: paro=primera línea. Al suceder esto, la gran masa mayoritaria que acompañó espontáneamente al paro se fue marginando lentamente y es esto modifica la correlación de fuerzas.

La crisis de acumulación capitalista ha traído graves consecuencias sobre la vida de la “clase popular”, manifiestas en tasas de desempleo, precarización laboral y grave situación de pobreza. La pandemia vino a reventar la ilusión del país próspero, creada mediante propaganda. En su lugar ha quedado la claridad de la crisis y sus nocivos efectos.

Se sucede un importante deslizamiento en el sujeto principal de las protestas. Tras el resquebrajamiento del acumulado social por medio de la violencia estatal-paramilitar a fines de siglo XX, la iniciativa había pasado a los habitantes rurales: indígenas-campesinos y afro, desde 2008 y hasta 2016. Sin embargo, los dos ciclos de protestas, considerados aquí, han sido protagonizados por el proletariado, en especial por el proletariado joven de los sectores urbanos, con importante participación de los habitantes rurales, y de poblaciones de municipios intermedios.

El paro se ahoga y brotan tres direcciones de tendencia: i) diligenciar leyes ante el Congreso, el CNP presentó 13 proyectos de Ley ante el parlamento, contenidos que viene socializando entre las directivas sindicales; ii) mantener la dinámica de protesta: ANP; gobierno: implementar algunas reformas mínimas: empleo, vivienda y subsidios enfocados a jóvenes, adelanta la tributaria 2,0; iii) enfocar el descontento hacia las elecciones: Colombia Humana, pacto histórico y la mayoría de fracciones minoritarias remanentes de la izquierda del siglo XX.

La pregunta sobre por qué el movimiento social y la izquierda no logran mejorar sus niveles de coordinación a fin de capacitarse en la tarea de orientar el descontento popular, está relacionada con el desconocimiento del proletariado como clase, y en consecuencia, en la renuncia práctica a desarrollar una labor sistemática para organizar la fuerza principal y decisoria en la pelea por superar al capitalismo.

Control de la crisis social y reinstitucionalización: ¿hacia las elecciones?

La crisis económica y social ha desplazado parte de su potencia hacia el escenario de la coyuntura electoral del 2022, si tomamos en cuenta la situación nacional, con sentido de realismo advertimos que no es cualquier coyuntura político electoral, por el tipo de problemas que experimenta la nación, el nivel de agudización de las contradicciones entre clases y sectores sociales y populares, la exacerbación de las pasiones ideológicas y la urgente necesidad de modular las salidas a la invivible situación de actual.

En este sentido, la vieja fórmula de no votar o de ausentarse de la disputa electoral, es marginarse del sentir de las masas, por eso la pregunta es cómo vincular: crisis social-ola de protestas descontento social y proceso electoral, en una perspectiva que no se reduzca al dualismo Uribe/Petro, o votar-no votar.

Hay que tener bien presente que en la realidad del país hay un PENDIENTE, y que las masas pueden entrar a hacer “efectiva” la intensión de cobro en cualquier momento. Valga decir que este PENDIENTE vaga como si se tratara de un “fantasma” que amenaza la institucionalidad y su proceso político. Esta potencialidad debe por tanto ser valorada y considerada en el recambio de la situación.

En síntesis, el tipo de opción que consideramos posible, a partir de los planteamientos de nuestro Movimiento, es la de continuar construyendo hilos de relación con todos los sectores de la clase popular, en especial con el proletariado, espacio social que para la derecha y las izquierdas del país es reducido a cosa contable. En correspondencia, es necesario crear, desarrollar e implementar los instrumentos y medios que nos permitan conectar con el proletariado, en especial con el proletariado joven urbano, cada vez más precarizado e informalizado. Se trata no solo de ser consecuentes con el hecho que, si la contradicción principal es burguesía/proletariado, nuestra tarea prioritaria, central y urgente es aportar a la construcción del proletariado en cuanto clase organizada, ello, sobre la base de los elementos programáticos que hemos expuesto en diversos escenarios:
Solucionar el desempleo estructural.

Recobrar el carácter público del fondo pensional.
Resolver el problema en el sector salud y educativo.
Resolver el problema de la propiedad de la tierra y su alta concentración en pocas manos.
Forjar un grupo empresarial de carácter público, destinado a ofertar los bienes de consumo colectivo, potenciar el desarrollo de las fuerzas de producción y nacionalizar la producción de las materias primas.
Construir una democracia permanente, popular y constituyente.
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