La teoría económica señala que la riqueza de una Nación está determinada por la cantidad de recursos naturales y disponibilidad de mano de obra, la cual será más productiva en la medida en que vayan progresando sus medios de producción. En este sentido, la oligarquía colombiana a lo largo de la historia se ha mostrado incapaz para generar el desarrollo de las fuerzas productivas, sencillamente porque decidió insertarse en el capitalismo mundial de manera dependiente.
Tan dependiente que asumió dócilmente su papel como proveedor de materias primas a los grandes centros de desarrollo industrial; de esta manera, cuando empezaba a despuntar el capitalismo en Colombia, a principios del siglo XX, los primeros yacimientos petroleros fueron concesionados en 1905, a la familia del General Virgilio Barco en el Catatumbo y a Roberto De mares en Barrancabermeja.
Claro está que bajo esta lógica y por el carácter rentista de la oligarquía criolla, dichas concesiones pasarían a manos de capital estadounidense. En este orden de ideas, la concesión “De mares” fue vendida a la Tropical Oil Company (TROCO) de propiedad de la Standard Oil de Nueva Jersey, que hoy lleva el nombre de Exxon Mobile Corporation, mientras que la concesión “Barco” le sería entregada a Texaco y Socony Mobil Oil también de origen gringo. Sin embargo, este fenómeno de entrega de los recursos estratégicos al capital extranjero no solamente se ha presentado con el petróleo sino con el carbón y el ferroníquel.
Para el caso de la explotación de carbón, se tiene la concesión de una de las minas a cielo abierto más grandes a nivel mundial, llamada “El Cerrejón”, ubicada en el departamento de la Guajira. Si bien en sus inicios, es decir en 1976, fue una sociedad entre la empresa estatal Carbocol S.A. y la International Colombia Resources Corporation filial de Exxon Mobile Oil, poco a poco se fue extranjerizando, tanto así que hoy le pertenece el 100 % a la multinacional suiza Glencore, la cual tiene permiso de explotación hasta el 2034.
Por su parte, la explotación de ferroníquel encuentra su máximo referente en la segunda mina a cielo abierto más grande del mundo, denominada “Cerro Matoso” en el departamento de Córdoba, donde desde 1982, la multinacional australiana BHP-Billiton explota tan preciado mineral y lo podrá seguir haciendo hasta el 2029.
Como se evidencia, este comportamiento ha sido generalizado en Colombia. De tal manera que cuando no se ha entregado en concesión el 100 % de la explotación al capital extranjero, y se ha permitido algún grado de participación del capital nacional -privado o público-, este lo ha hecho siguiendo la dinámica de proveedor de materias primas para los centros de desarrollo industrial.
Vale la pena apuntar que estas explotaciones han estado fuertemente cuestionadas por su impacto negativo al ambiente, sus extraordinarias ganancias y por la vulneración de los derechos humanos de los pobladores. De esta forma, se ha configurado en Colombia un modelo de explotación minero energético de carácter extractivo y de enclave, en donde la ausencia de una política soberana sobre la explotación y aprovechamiento de los recursos minero-energéticos, ha colocado en serio riesgo la sostenibilidad energética, ambiental y social de la Nación.
Esta sobre-explotación se realiza en función de los altos beneficios que están obteniendo, de manera principal, los conglomerados extranjeros, generando una ruptura total sobre los mínimos equilibrios que se deberían guardar respecto de las reservas de largo plazo, con la naturaleza, y las comunidades directamente afectadas. Esto ha llevado a que la clase popular, de diversas maneras, se oponga a tal proyección, recibiendo como respuesta persecución, asesinatos y masacres, política financiada y ejecutada por las empresas capitalistas y las mismas instituciones del Estado.
Por lo anterior, es imperativo establecer la soberanía nacional y popular sobre la explotación, destino, uso y beneficio de los recursos minero-energéticos de la Nación, a fin de fijar tasas de explotación acordes con las necesidades corrientes de la producción nacional, consistentes con la autosuficiencia de largo plazo, y que instauren los necesarios equilibrios sociales y con la naturaleza.
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Para lograr esto, como movimiento político le proponemos al país la creación de una Nueva Política Minero Energética para el aprovechamiento, explotación, destino, uso y beneficio de los recursos minero-energéticos estratégicos de la Nación, que permita que:
- Todo proceso de producción, transformación y uso sea realizado en función de mejorar las coberturas de la producción nacional y de la vida en familia, y en este sentido, el precio de venta final de los productos de la canasta energética (gas, energía eléctrica y combustibles) no sobrepase en más de un 10 % al costo de producción y distribución.
- No se sucedan procesos de explotación comercial a las familias de la clase popular en su acceso a estos servicios y recursos, de forma que la producción, transformación y comercialización sea realizada por una Empresa Pública cuyo capital sea de la Nación, y que permita la participación efectiva de los trabajadores, teniendo un carácter de empresa de servicios públicos cuyo fin primordial será garantizar el bienestar de la población colombiana.
- La participación de los trabajadores, campesinos, indígenas, afros y demás sectores populares sea determinante al momento de decidir sobre la actividad productiva. En aplicación de lo anterior, deberán desarrollarse las consultas previas, las cuales serán publicitadas con anticipación, y hasta que se realicen y formalicen los acuerdos no se podrán iniciar las obras. En función de lo anterior y con base en los estudios existentes y los que los complementen se establecerán zonas de exclusión, de restricción, de reserva forestal, hídricas y culturales.
Lo que se ha planteado es una síntesis de la lucha histórica de los trabajadores, que para el caso del Centro Oriente ha estado en cabeza de la Sub directiva USO-ARAUCA, y que en vida condensó nuestro compañero Óscar Cipriano García Granados en la propuesta de Ley Orgánica de Hidrocarburos. Sobre estos cimientos debemos seguir nuestra lucha y materializar así una Nueva Política Minero Energética que le devuelva al pueblo colombiano el manejo soberano sobre sus recursos naturales.
