La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denuncia públicamente las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades movilizadas en la vereda El Mortiño del municipio de Socha, quienes desde hace más de tres meses vienen exigiendo al Gobierno Municipal, Departamental y Nacional la instalación de una mesa de interlocución frente a los impactos de la ejecución del Título Minero FGD-141.
Pese a las solicitudes legítimas de diálogo, la única respuesta del Gobierno Municipal ha sido la represión. Según fuentes, bajo órdenes del alcalde Oscar Antonio Hurtado Carvajal, se ha intensificado la intimidación, estigmatización y uso desmedido de la fuerza, con la intervención del ESMAD y presencia de representantes de la empresa Carbones El Alizal. En los hechos ocurridos el 8 de mayo, se reportaron agresiones físicas, retenciones arbitrarias y destrucción de bienes de los manifestantes, incluyendo el uso de la fuerza contra personas adultas mayores y jóvenes. Entre los hechos se encuentran heridos y judicializados de manera arbitraria.
La Fundación exige a las autoridades competentes actuar con celeridad para investigar estos hechos, garantizar el derecho constitucional a la protesta y proteger los derechos fundamentales de las comunidades. También hace un llamado a las organizaciones internacionales a mantener la vigilancia sobre la situación de derechos humanos en el país y a apoyar la exigencia de diálogo y justicia.
