La crisis del capitalismo, profundizada por la pandemia del coronavirus, sigue golpeando a nivel mundial. Desde el año pasado se ha visto aumento general de precios y la inflación Europa, América Latina y Estados Unidos. En Colombia, esto ha hecho que el aumento del 10 % del salario mínimo, haya sido en la realidad una disminución del salario real. Esta disminución empeora para quienes no ganan ni un mínimo al mes, aquellos que viven él rebusque, el jornaleo o el trabajo por cuenta propia
En gran parte, la subida de precios se ve reflejada en los alimentos, haciendo compleja las condiciones de vida de más de 20 millones de colombianos. Mismos que no comen 3 veces al día, tienen problemas de desnutrición o malnutrición y que no ingieren las cantidades y calidades en las comidas.
El aumento de los precios de los alimentos tiene varios factores, el principal está asociado a la especulación de precios que ejercen intermediarios, exportadores y grandes productores; la propiedad privada sobre la tierra y su concentración en pocas manos, con fincas principalmente destinadas al “engorde” y la producción de ganado vacuno; la dependencia de las importaciones; el mal uso del suelo y la presión que sobre los territorios productores ejercen la industria mineroenergética, agroindustria y turismo.
Otro aspecto central de la carestía de los alimentos está representado en los altos costos de producción y transporte. En el último año, los concentrados, abonos de síntesis química, plaguicidas y demás han duplicado y triplicado sus precios.
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En Colombia, dos empresas manejan el 90 % de la producción de abonos químicos: Yara, multinacional que en los últimos años compró a Abocol; Monómeros, que produce el abono Nutrimón, en la planta de Barranquilla. Monómeros es una empresa con capital del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y del Estado colombiano. La cual, luego de una maniobra de postración ante Estados Unidos, Duque entregó al usurpador Juan Guaidó, quien la tiene en aprietos económicos por corrupción.
Para paliar la situación y proyectar soluciones a mediano plazo, es necesario echar mano de políticas de tipo liberal, como los fondos públicos y el impulso de empresas estatales. En el caso puntual podrían centralizarse las ganancias de la explotación minero-energética para impulsar proyectos estratégicos. Proyecto como la creación de una empresa de insumos agropecuarios y maquinaria agrícola de carácter estatal, pero organizada y dirigida bajo los principios de la gestión popular y por medio de organizaciones sociales, campesinas, de trabajadores y populares del país.
Una posible empresa ayudaría a la productividad en el campo, brindando maquinaria a mejores precios y adaptada a las necesidades de la topografía del país, al mismo tiempo, regularía precios e intervendría el mercado de los insumos, estabilizando costos de producción, afectando a las multinacionales de los agroinsumos.
Vale aclarar que esta propuesta NO contradice el impulso de las biofábricas de insumos, ni lo programas de producción agroecológica, orgánica, de biológicos, bioconcentrados, etc. que comunidades y organizaciones trabajan y que deben profundizarse.
Repelo o ñapa: el Gobierno Duque firmó este año una ley de insumos agropecuarios, que en plata blanca solamente se encarga de vigilar el mercado de los insumos, es decir: No lo interviene, en últimas esa ley servirá para lo mismo que han servido las leyes de vigilancia anteriores: para nada, nada y nada.
