Las organizaciones pertenecientes a Centroriente y el Congreso de los Pueblos señalaron que el señalamiento y la estigmatización criminaliza el tejido social y se pone en riesgo la vida de los integrantes de procesos organizativos y políticos.
Los hechos ocurrieron luego de la realización del Foro departamental de Juventud, Educación Pública y Trabajo Digno, espacio que contó con la participación de 23 personas entre líderes estudiantiles, líderes sociales y educadores, en perspectiva de realizar diagnósticos frente a los problemas de la educación en Colombia y particularmente en Casanare. Posteriormente, el 19 de octubre de 2022, desde el perfil del Facebook CARLOS RAMOS se efectúan los señalamientos estigmatizados y malintencionados directos contra – ANJECO – y contra algunos líderes que sociales que participaron en el foro. Según las organizaciones las acciones criminalizan y niegan las apuestas organizativas donde el debate es parte de la construcción social.
En el comunicado recuerdan que no es la primera vez que este tipo de casos sucede: “Estos casos no son nuevos, sino una práctica recurrente y sistemática, ya que, como hemos denunciado a través de diferentes instrumentos y mecanismos, son constantes los seguimientos, la estigmatización, judicialización y persecución contra el movimiento social, juvenil, campesino, y de mujeres en Casanare”.
En una Alerta Temprana ANJECO expreso que los señalamientos y estigmatización ponen en riesgo la vida y la integridad de nuestros asociados y las comunidades con las que trabajamos. Señalando que: “Estas prácticas y señalamientos buscan intimidarnos, romper el tejido social de las comunidades y generar miedo para evitar se organicen, criminalizando y construyendo una atmósfera que justifique los asesinato y montajes judiciales en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
El Comunicado y la Alerta Temprana resaltaron la responsabilidad del Estado colombiano por acción u omisión ante cualquier hecho que atente contra la vida, libertad o integridad de los procesos y líderes expuestos. Además, se exigió que se adopten las acciones necesarias para la garantía de los derechos fundamentales de las personas y procesos organizativos.
