Trochando Sin Fronteras 08 de marzo de 2016
Los ánimos en Casanare andan caldeados, y no es para menos. Que el presidente de la república Juan Manuel Santos fuera hasta Orocué con el único fin de lanzar, con bombos y platillos, la Ley ZIDRES 1776 -aprobada en enero pasado-, despertó todo tipo de suspicacias. Ese día se encontraba un numeroso público, compuesto en su mayoría por campesinos, pendientes de lo que iba a pasar con los terrenos baldíos del Porvenir en Puerto Gaitán (Meta), que colindan con predios del fallecido Victor Carranza. El presidente prometió que esos baldíos serían para ellos, para los campesinos, gracias a la Ley Zidres. Tomarían esos baldíos para que fuera la primer Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social. El presidente, por supuesto, salió ovacionado por los asistentes al evento. Sin embargo, no faltó quien se preguntara qué podían esperar de ese proyecto (“de eso tan bueno no dan tanto…”).
Y la pregunta no es para menos. En primer lugar, porque no está claro qué predios son baldíos. En segundo lugar, porque lo que la ley llama ‘zonas apartadas’ donde se promoverá el desarrollo, abarca aproximadamente un 80% del departamento de Casanare, donde muchos de los campesinos llevan años esperando la titulación para sus tierras por parte del Incoder.
Así que empezaron a preocuparse y convocaron a un foro en Yopal sobre el tema a principios de febrero. Ganaderos, propietarios por tradición de los predios y demás campesinos empezaron a encontrarse alrededor de una propuesta que se llamó ‘Defendamos a Casanare’, la cual, apoyada por las juntas de acción comunal y otros sectores organizados del departamento, empezó a realizar reuniones en torno al problema.
Se constituyeron como organización y empezaron a realizar la convocatoria. En ese camino, se dieron cuenta de otros problemas que eran comunes a la sabana y al piedemonte, así que participaron en el encuentro de rechazo a la explotación petrolera en el municipio de Támara, junto a delegados de Asonalca[1], miembros del Concejo Municipal y de la Cooperativa de Cafeteros de ese municipio y los senadores de la república Jorge Robledo y Jorge Prieto.
Ya había delegaciones de las veredas de Paz de Ariporo que desde el domingo se estaban preparando para la marcha del miércoles 2 de marzo. Los argumentos contra la ley Zidres son claros: ésta posibilita al Ministerio de Agricultura para la delimitación y adjudicación de las zonas a su libre arbitrio[2], excluyendo solamente territorios indígenas, afros o zonas de reserva campesina previamente constituidas[3].
Lo anterior significa que, sin importar si usted es propietario o poseedor, si ya le ha pasado un taladro o no, su terreno queda disponible para el uso por parte del gobierno si éste lo considera alejado de centros de desarrollo y prioritario para el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Tal como pasó con el sector minero energético, eso significa extraer de las facultades del Congreso de la República y las leyes la posibilidad de decidir sobre el uso agrícola del suelo, para darle la potestad completa al ejecutivo. La medida, además de antidemocrática pues pasa por encima de las posibilidades de ordenamiento del territorio desde quienes viven en él, significará, -repetimos, tal como en el sector minero energético-, un sesgo de inversiones para el gran capital transnacional.
El Fondo o bolsillo económico que propone la ley, se alimentará de los contratos de adjudicación de las zonas, en los cuales se desarrollará la infraestructura mediante la alianza de capital público y privado, es decir, mediante la inversión del dinero de los impuestos de todos los colombianos.
De esta manera, y ante esta arbitraria forma de decidir sobre el uso del suelo, territorios de víctimas y despojados quedan susceptibles de ser legalizados, tal como lo pretendían otras formas que tuvo esta iniciativa de ley agraria en el gobierno de Uribe, pero que solo hasta ahora fue aprobada.
Ante este panorama, cabe la pregunta de si las ZIDRES favorecen o empeoran la soberanía alimentaria, nada obvia pues lo que la ley propone es fortalecer proyectos para la seguridad alimentaria. A nuestro juicio la ley no aclara para quiénes va a ser garantizada esa seguridad alimentaria, pues más bien parece la continuación de los acuerdos de TLC en los que se prefiguraban las tierras colombianas como despensa alimentaria e hídrica de otros países.
Por esta y otras razones empieza un resurgir del movimiento campesino y de finqueros en Casanare que, preocupados ante lo que han denominado un nuevo proceso de colonización del departamento por parte del gran capital agroindustrial, están decididos a oponer la resistencia como en muchos lugares ya lo han hecho contra una industria petrolera igualmente impositiva.
En el encuentro de Támara, previo a la movilización, la organización campesina ASONALCA Seccional Casanare atinó a poner en el debate una propuesta que se ajusta a las necesidades del momento: los territorios agroalimentarios como esa posibilidad de decidir sobre la tierra en perspectiva de la soberanía alimentaria, sin descuidar una reivindicación fundamental en la lucha agraria en el país como es la inaplazable desconcentración de las tierras.
[1] Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán
[2] Ley 1776 de 2016. Artículo 20.
[3] Ibid. Artículo 29
