Desde hace varios días, el parque principal y las vías de Puerto Carreño se han convertido en el epicentro de un plantón permanente. Comerciantes, trabajadores, madres cabeza de hogar, funcionarios públicos y jóvenes se mantienen en movilización exigiendo soluciones estructurales al problema energético que, según denuncian, lleva años generándose pero que en las últimas semanas alcanzó niveles insostenibles.
Las comunidades aseguran que en los últimos veinte días el suministro de energía ha llegado a mínimos de cuatro horas diarias en algunos sectores. En diálogo con uno de los voceros del cabildo abierto explicó que la protesta surge de manera espontánea ante la falta de respuestas institucionales frente a una crisis que la población considera histórica.
“Salimos ciudadanos de manera espontánea a manifestar nuestra indignación porque tenemos veinte días con una situación sin precedentes. Venimos de años con problemas de energía por la interconexión, por daños en las plantas y por corrupción, pero ahora la crisis llegó a un extremo. Hemos tenido jornadas de diez, doce, quince y hasta veinte horas sin energía”
Los manifestantes también denuncian graves fallas en la gestión de Electrovichada, empresa encargada del servicio eléctrico, que pese a recibir más de 1.000 millones de pesos mensuales, según las comunidades, no cuenta siquiera con un banco de transformadores de respaldo para atender emergencias.
Los últimos sucesos evidencian el deterioro del sistema: la explosión de transformadores en barrios como Los Recreos y Calarcá dejó a sectores completos durante horas sin electricidad mientras las autoridades tardaban en responder.
A esta situación se suma la controversia con Refor Energy, filial del grupo Valorem de los Santo Domingo, empresa que había prometido generar energía limpia a partir de biomasa pero que, según denuncian las comunidades, terminó operando principalmente con plantas diésel altamente contaminantes.
La profesora Sonia Prada, presidenta de la veeduría de servicios públicos de Puerto Carreño, explicó que la población lleva años reclamando un servicio continuo sin obtener respuestas reales.
“Desde hace varios años venimos exigiendo un servicio por lo menos continuo y de calidad. La energía que se prometió generar con biomasa nunca se cumplió al cien por ciento. A los pocos meses comenzaron a instalar plantas diésel que generaron contaminación auditiva y atmosférica, mientras la deuda crecía y la ciudadanía seguía pagando”, explicó la lideresa comunitaria.
El conflicto se agravó cuando la empresa rescindió unilateralmente el contrato, dejando a la ciudad con un sistema energético precario que hoy apenas logra cubrir algunas horas del día.
Las comunidades también rechazan la propuesta gubernamental de alquilar una planta de 1.000 kW traída desde Cartagena, la cual generaría apenas 800 kW y tendría un costo cercano a 120 millones de pesos mensuales durante seis meses, una medida que consideran insuficiente y financieramente irresponsable.
A la crisis energética se suma otra problemática estructural: Puerto Carreño actualmente no cuenta con servicio de acueducto ni alcantarillado, lo que profundiza el impacto social de la situación.
Durante las protestas, los manifestantes también denunciaron actos de represión policial, incluyendo empujones, seguimientos y registros audiovisuales a los líderes de la movilización. Según los testimonios recogidos en el lugar, funcionarios de la Sijín habrían tomado fotografías y videos de los manifestantes, mientras la comunidad asegura que no ha contado con acompañamiento efectivo de la Procuraduría ni de la Defensoría del Pueblo.
Frente a este panorama, las comunidades han elevado una exigencia clara: la presencia inmediata del ministro de Minas y Energía en Puerto Carreño para instalar una mesa de diálogo directa con la población.
Los manifestantes rechazaron reuniones virtuales con el gobierno nacional y anunciaron que el plantón continuará hasta obtener respuestas concretas. De no haber presencia del gobierno, advierten que las acciones de protesta podrían escalar hacia la toma de instituciones departamentales.
Mientras tanto, Puerto Carreño permanece en pie de movilización, con carpas instaladas frente a la gobernación y con un cabildo abierto que, según los organizadores, seguirá funcionando como espacio de decisión colectiva hasta que el Estado responda a las demandas de la población.
Para las comunidades movilizadas, la crisis energética que vive Puerto Carreño no es un hecho aislado sino la consecuencia de años de mercantilización de los servicios públicos, donde la lógica del negocio ha primado sobre el derecho de la población a condiciones de vida dignas. En medio de apagones prolongados, contaminación y promesas incumplidas, se insiste en que el país debe abrir un debate de fondo: la necesidad de construir un sistema público nacional capaz de producir, proveer y garantizar los bienes de consumo colectivos —como la energía, el agua y el saneamiento— bajo criterios de interés social y no de rentabilidad privada.
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