La historia del deterioro de un proyecto social impulsado por el cura Camilo Torres Restrepo, y de la responsabilidad institucional que lo permitió, contada a través de la memoria de sus habitantes.
Yopal, capital del departamento del Casanare, es la sede del proyecto más ambicioso de educación campesina que ha tenido Colombia. Esta escuela, con una extensión de 162 hectáreas, tenía como misión – durante las décadas de los años 60 y 70 – tecnificar la producción agropecuaria y elevar el nivel económico y cultural de los campesinos de la región. Hoy en día, aunque el proyecto permanece en la memoria de algunos habitantes del municipio, su vocación inicial se desvanece ante la progresiva parcelación del terreno y el avance de la expansión urbana, marcada por la proliferación de lujosos condominios y zonas de recreación privadas.
La granja Uary, sede original del proyecto educativo, funciona actualmente como una sede de la Corporación Autónoma de la Orinoquia y cumple el rol de hogar de paso y rehabilitación de fauna silvestre. De las 162 hectáreas pensadas para el crecimiento intelectual y técnico del campesinado llanero, no quedan sino 14 que fueron entregadas en comodato por la Gobernación del Casanare, en donde permanecen en cautiverio animales de la selva llanera que son tratados por veterinarios e inspectores de la Corporación.
No está claro cómo un proyecto de alcance nacional y con una importante extensión territorial resultó reducido a esto. Como lo sustentan varias investigaciones académicas (Montes Cortés, 2018) y lo manifiestan las comunidades rurales, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son acusadas por la malversación de recursos económicos destinados a la protección y recuperación del medio ambiente además de ser señaladas por realizar favorecimientos políticos sobre los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de los proyectos ambientales.
La resignación frente al fracaso del proyecto original fue interrumpida el 17 de abril del 2026, 62 años después de la inauguración de la Unidad de Acción Rural de Yopal (UARY por sus siglas), cuando un grupo de campesinos provenientes de la región del centroriente colombiano, ingresaron y ocuparon el terreno bajo la consigna de “recuperar la histórica granja UARY, como parte de la memoria del campesinado casanareño y del centroriente del país”. En sus comunicados, el grupo de manifestantes reivindica la vocación social fundacional de la UARY, al describirlo como “un espacio para el impulso de la Reforma Agraria, encuentro, capacitación y fortalecimiento organizativo de la clase campesina”.
La ocupación de la granja Uary despertó sentimientos encontrados entre los pobladores del sector y evocó recuerdos de la Colombia de los años 60, marcada por el pacto de la oligarquía liberal y conservadora conocido como el Frente Nacional. Quienes vivieron los inicios de la Uary recuerdan anécdotas de una época en la cuál la región llanera se componía de vastas extensiones baldías conocidas como “sabanas comuneras” ocupadas tradicionalmente para el pastoreo comunitario por los vecinos de la zona. Estas tierras de todos y de nadie fueron gestionadas por el Instituto Colombia de la Reforma Agraria y su sucesor, el INCODER, a través de la adjudicación de baldíos, lo que a menudo ha generado conflictos por el uso de la tierra frente a la ganadería comunal tradicional.
La adjudicación de tierras se realizó a los campesinos trabajadores. Se les entregó distintas extensiones de tierra, correspondientes, por lo general, al número de animales que poseía. Sin embargo, la titulación, venta y adjudicación de tierras en la región no siempre quedaron formalizados, lo que permitió a personas apropiarse, acumular y transferir grandes extensiones, determinando la configuración de la propiedad privada en los llanos y dificultando la reconstrucción de su trazabilidad.
En ese contexto aparece la figura de Sixto Alberto Rivera, un campesino reconocido por su trabajo quien adquirió amplias extensiones de tierra que denominó Fundación Corozal. Posteriormente, animado por la idea de fomentar la educación campesina, le vendió una parte de estos terrenos al sociólogo, teólogo y miembro fundador de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Camilo Torres Restrepo.
La iniciativa de Torres Restrepo en adquirir estas tierras llaneras era hacer de ellas una granja experimental para que los hijos de los campesinos mejoraran sus capacidades técnicas agropecuarias y así cerrar brechas de profunda desigualdad que afectaba al campesinado llanero. La granja experimental Unidad de Acción Rural de Yopal (UARY), era parte de una estrategia regional más amplia que el cura Camilo Torres presentó el 15 de abril de 1963 ante el gerente del INCORA, Enrique Peñalosa Camargo, bajo el título “Proyecto de extensión agropecuaria, cooperativismo, acción comunal y crédito en los Llanos Orientales”. El proyecto abarcaba la región del Casanare y la entonces Intendencia de Arauca, con una extensión de 6 millones de hectáreas, ubicadas entre el Río Upía por el suroeste, el Río Arauca por el noreste, la Cordillera Oriental por el noreste y el Río Meta por el sureste. La sede de este proyecto era Yopal, por su ubicación central, respecto al resto del país y la importante presencia institucional en su zona poblada.
La UARY fue fundada como Granja de experimentación el 1 de marzo de 1964, bajo la dirección del profesor Vaca y un equipo de cuatro docentes. Los cursos iniciaron con 40 estudiantes que combinaban formación académica con prácticas agropecuarias, como el cultivo de hortalizas, la cría de animales y la elaboración de filtros de agua con vasijas de barro, gravilla, arena y carbón de palo.
Los antiguos alumnos de la Uary recuerdan metodologías basadas en el «aprender hacer haciendo” y la de “educar sobre la base de una agricultura productiva”. También evocan momentos cotidianos como las horas de descanso en los que corrían al caño Palomero a jugar, antes de volver a clases.
La experiencia inicial de la granja fue un éxito que Torres Restrepo buscó ampliar. Para compartir el avance del proyecto y enfrentar el déficit de información en los territorios campesinos de la región, fue fundado el periódico “El Llanero”, como una herramienta de comunicación para los habitantes de la región.
Sin embargo, el carácter social de estas iniciativas generó resistencias. Su principal opositor en la región fue el coronel Román Bazurto, quien consideraba estos espacios como focos de ideología comunista.
El proyecto se debilitó tras el asesinato del cura. Según testimonios de antiguos estudiantes, su muerte marcó el declive de la Uary: la administración de los predios pasó a manos de la intendencia y posteriormente de la Gobernación del Casanare quienes frenaron el impulso, permitiendo la degradación del proyecto. Algunos antiguos trabajadores de ese entonces recuerdan que, ante la falta de pago de sus salarios, la Gobernación saldó deudas mediante la entrega informal de parcelas, lo que contribuyó al proceso de fragmentación del terreno.
En las últimas décadas, la parcelación de la granja se intensificó. Parte de los terrenos pasó a manos de privados y exgobernadores sepultando el propósito inicial de las tierras. Lo que antes era morichales y zonas de tránsito ganadero, hoy día, se ha transformado en áreas de construcción de lujosos condominios privados. El abandono institucional propició la ocupación del territorio por familias de la región quienes fueron estigmatizadas y perseguidas por invadir. Posteriormente, la Gobernación entregó en comodato la administración del predio a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), reducida a tan solo 14 hectáreas de 162 iniciales.
La acción de protesta empezada el 17 de abril de 2026 por organizaciones campesinas de la región despierta una serie de preguntas acerca de la función social de la tierra, la trazabilidad de esta propiedad e incomoda porque reabre la pregunta acerca de los procesos de acumulación indebida.
En este contexto, la violencia y la estigmatización con la cual algunas personas de la comunidad aledaña se refiere a este tipo de acciones, abre distintas discusiones como la existencia de un refugio y rehabilitación de fauna salvaje en medio de un territorio en plena expansión urbana. El caso de la granja Uary está lejos de ser un hecho aislado: es una expresión más del conflicto histórico por la tierra en Colombia. Mientras miles de familias campesinas continúan sin acceso a territorios para vivir y producir, amplios sectores económicos y políticos han consolidado su propiedad y su capital mediante procesos que, en muchos casos, carecen de transparencia.
En este contexto, la estigmatización de los movimientos sociales no solo resulta irresponsable, sino que desvía la atención del problema de fondo. En lugar de alimentar prejuicios o justificar acciones en contra de las comunidades, debería abrir un debate serio y documentado sobre la urgencia de una reforma agraria integral y popular, capaz de responder a las demandas históricas del campesinado colombiano.
La mesa de diálogo abierta por la Gobernación del Casanare, en el marco del Decreto 091 de 2026, representa una oportunidad clave. De este proceso se espera no sólo esclarecer la naturaleza del proyecto Uary, sino reconocer que su propósito central no es ambiental, sino formativo: una apuesta por la educación campesina y la construcción de un modelo de desarrollo con vocación social y utilidad comunitaria.
REFERENCIAS:
El Nuevo Oriente. (s. f.). Acerca de Camilo Torres Restrepo en Casanare. https://elnuevooriente.com/acerca-de-camilo-torres-restrepo-en-casanare/
Entrevistas a antiguos alumnos, personal empleado, testigos y vecinos de la Uary. (s. f.). Comunicación personal.
Ley 160 de 1994. (1994).
Montes Cortés, C. (2018). La corrupción en el sector ambiental: un detrimento contra el patrimonio natural. Universidad Externado de Colombia. https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2326
Mojica Carreño, A. L. (s. f.). Regularización por parte del estado, una deuda con los habitantes de Playones y Sabanas comunales en Colombia. UniAgraria.
