En Colombia, la gestión del agua potable, el alcantarillado y el saneamiento básico para poblaciones rurales y urbanas ha sido históricamente precario e ineficiente, esto debido a las políticas aplicadas por las clases dominantes a nivel nacional y sus gamonales regionales que mercantilizan la vida de la clase trabajadora.
El crecimiento urbano desordenado, sin planificación y desigual, orientado por lógicas de explotación de clase, ha llevado a que la administración pública de los acueductos esté orientada por la corrupción y el clientelismo, lo que abre paso a la privatización y tercerización de estos bienes, que siendo naturales y de uso colectivo, terminan en manos de corporaciones internacionales, privadas, y de igual manera, ineficientes y corruptas, libres de control e incidencia estatal, social y popular. Ante esta nefasta realidad, en el caso de acueductos, alcantarillado, redes de aseo, energía eléctrica e incluso gas domiciliario, las comunidades articuladas y organizaciones sociales y populares han desarrollado procesos de gestión comunitaria de estos bienes para acceder a los mismos de manera organizada, autónoma y planificada.
La respuesta institucional ante estas iniciativas ha sido el hostigamiento, la estigmatización y persecución, acudiendo a mecanismos legales y paramilitares, con los cuales se busca cerrar o afectar el funcionamiento de las empresas comunitarias y sus liderazgos. Para fortalecer la articulación territorial de las empresas y organizaciones comunitarias del agua y los bienes de uso colectivo se han conformado redes departamentales, regionales y a nivel nacional. Generando incidencia en escenarios institucionales y fortaleciendo la movilización social, en miras a combatir la precarización, privatización y tercerización en el acceso a los bienes colectivos y de la naturaleza (agua, energía eléctrica, gas, comunicaciones).
A finales de 2025, producto de estas acciones de movilización e incidencia, en el Congreso de la República se aprobó el Proyecto de Ley de Gestión Comunitaria del Agua, luego de intensos debates, que pusieron en el centro, la necesidad de que las comunidades organizadas contaran con garantías reales para gestionar la provisión de bienes colectivos como el agua. El senador campesino Robert Daza, hizo parte, junto con otros parlamentarios, de la ponencia y defensa de este proyecto de Ley, por lo que, este 27 de abril, junto a lideres y organizaciones sociales de Casanare se encontrarán en Yopal, en un Foro de socialización de la nueva Ley de Gestión Comunitaria del Agua, exponiendo los principales puntos y promoviendo la articulación territorial en una Red Departamental de Gestión Comunitaria del Agua, en un territorio como Casanare, en donde las problemáticas por falta de acceso al lagua son históricas, sistemáticas y crónicas. Las organizaciones sociales y populares articuladas al Congreso de los Pueblos en Casanare invitan a participar en este Foro para abordar realidades y propuestas acerca de la gestión comunitaria del agua.
