El respiro necesario.

1. Balance de la segunda vuelta

Pese a las expectativas, la candidatura de Cepeda logró conseguir cerca de 3 millones de votos más que en la primera vuelta, si bien no le alcanzó para ganar, dejó en evidencia el esfuerzo del movimiento social que en las dos últimas semanas se tomó la campaña y la convirtió en una movilización que permitió un repunte respecto a lo alcanzado el 31 de mayo, pero no fue suficiente para remontar a Abelardo De La Espriella (ADLA), que sacó un punto de diferencia en el preconteo, el esfuerzo valió la pena, pero se empezó tarde.

Bajo este escenario, se realiza el escrutinio, tras impugnarse 33 mil mesas, por lo que en los próximos tres días saldrá la cifra definitiva de votos y cuál fue la diferencia entre un candidato y otro. Si bien hay un sector del progresismo que espera que de allí surja la cantidad de votos necesaria para remontar la diferencia de su candidato, ya en el seno de la campaña y en el marco del mismo discurso de Cepeda se advierte un tono de reconocimiento de la victoria de ADLE. Por ello, el escrutinio aparece más como el tiempo propio de la formalidad legal que como un escenario con capacidad real de alterar el resultado político ya configurado.

Frente a la posibilidad de que haya existido fraude, no hay duda de que el sistema electoral colombiano contiene en su interior formas y mecanismos que dejan en evidencia su poca transparencia y la facilidad para la práctica de acciones fraudulentas. Sin embargo, el progresismo dejó claro que quería seguir este juego bajo las condiciones y herramientas que este tenía establecidas, por lo que, desde esta lógica, la aceptación del resultado es concomitante con el cumplimiento de todas las instancias del proceso electoral.

Las manifestaciones de la noche, luego de finalizado el preconteo, muestran el apoyo social a la candidatura y la sensibilidad que se levantó con respecto a los resultados, pero están lejos de convertirse en una movilización de más largo aliento. Con el avance de los escrutinios y el establecimiento de las actas, esta fuerza tenderá a disiparse pues no encontrará bajo el progresismo, una orientación política y organizativa que supere el momento inmediato de indignación electoral.

Ahora bien, con la virtual victoria de (ADLE) es clave ubicar las áreas donde consolidó su triunfo, analizar algunos elementos de su discurso luego del preconteo y establecer sobre qué líneas se perfilaría su gobierno.

Lo primero es que (ADLE) mantuvo su fuerza electoral en los departamentos de la región Andina, Antioquia, Eje Cafetero, Gran Tolima, Boyacá y Cundinamarca, así como en los departamentos del oriente del país: Santanderes y los Llanos Orientales; perdiendo, respecto a la primera vuelta, en Caquetá. No obstante, consolido un proceso de crecimiento del 20.10 % con relación a los resultados del 31 de mayo (2.598.043). 

Tabla 1.Relación de votos 1° y 2° vuelta por Departamento de mayor votación para (ADLE).

NOTA: elaboración propia con datos preliminares de la Registraduría Nacional. El valor máximo de crecimiento se registra en el departamento de Antioquía, seguido de Cundinamarca y Santander.

Por su parte, Cepeda, se consolido en la Costa Caribe, el Pacífico, el suroccidente, la Amazonía y el Distrito Capital. Los resultados preliminares del candidato progresista expresan una tasa de crecimiento de 24.60 %, 4 puntos porcentuales mayor que el promedio de crecimiento de (ADLE). Lo cual representan 3.020.351 de votos más que los registrados el pasado 31 de mayo. 

Tabla 2.Relación de votos 1° y 2° vuelta por Departamentos de mayor votación Iván Cepeda.

NOTA: elaboración propia con datos preliminares Registraduría Nacional. El valor máximo lo registra Bogotá.D.C, el departamento de Valle, Atlántico y Nariño.

Esta distribución territorial permite observar una geografía política diferenciada, donde (ADLE) consolida un bloque andino-oriental en el que primó el voto conservador y predomina la pequeña propiedad, las actividades comerciales y agropecuarias; así, como clanes políticos y burocráticos que manejan la contratación pública, actividad que combinan con formas de acumulación “ilegal” y al lavado de activos.

Mientras tanto, el progresismo sostuvo su peso en las regiones donde tienen mayor fuerza las demandas sociales, étnicas, populares y urbanas. Y los registros evidencian una capacidad de crecimiento considerable, que refleja la incapacidad del progresismo para gestionar sus propios nichos de acumulación electoral, cuestión que paso su cuenta de cobro en la 1° vuelta.

Sin embargo, hubo unos recambios que permiten ubicar la puja y el esfuerzo materializado en la segunda vuelta. Por un lado, el progresismo perdió posiciones de amplia ventaja en un fortín como la Costa Atlántica, en departamentos como Atlántico, Sucre y La Guajira, quizás relacionados con la pérdida de apoyo en este esfuerzo de clanes como los Torres, o con el costo político que tuvo en estas regiones el manejo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).

Asimismo, aunque el margen de crecimiento de departamentos como Nariño registro una tasa de crecimiento de 28. 45%, las tensiones con el régimen de Noboa, canalizada a través de la guerra de aranceles a sectores de la pequeña y mediana burguesía, junto con las presiones del conflicto político y militar evitaron un despegue mayor del candidato Cepeda. Y aunque Cepeda logró más de dos millones de votos en la capital, el progresismo perdió cerca de 300 mil votos con respecto a 2022.

Así, mientras en regiones atravesadas por conflictos sociales territorializados el progresismo logró apoyarse todavía en formas de organización popular, en Bogotá se expresa una pérdida relativa de arraigo en sectores urbanos medios (Suba, Engativá y Kennedy) más individualizados que comenzaron a desplazarse hacia opciones conservadoras o abiertamente antiprogresistas.

Ahora bien, el discurso de (ADLE) luego del preconteo fue bastante mecánico, cargado de lugares comunes: “gobernaré para todos”, “no habrá retaliaciones, no habrá vencedores ni vencidos”. Sin embargo, el Tigre no dejó de lanzar su zarpazo, señalando a Petro y Cepeda que se preparen para realizar oposición y que no usarán las calles para convocar a una tercera vuelta. Finalmente, sin mucho más que decir, en medio de su urna de cristal y la torre de marfil en la que pretende gobernar, plantea que no hay espacio para un verdadero diálogo ni para un acuerdo nacional. Su salida no es la reconciliación, sino la restauración conservadora del capital, como ya lo intentaron en otros momentos Ospina Rodríguez, Núñez y Caro, Laureano Gómez y Uribe.

2. El glosario reaccionario.

“No voy a prometer milagros, no voy a engañar el pueblo con soluciones mágicas” Abelardo De La Espriella.
Sobre las líneas que puede asumir este gobierno luego del 7 de agosto, seguramente aprovechará para exorcizar los fantasmas del progresismo de la Casa de Nariño, devolver la espada de Bolívar al desván, la sotana de Camilo a su cripta y todos los símbolos con los que seguramente el progresismo adornó este espacio del poder, para restaurar los signos de las viejas repúblicas conservadoras. Sin embargo, tras esta batalla de significados, seguramente se instalará un plan de gobierno basado en un ajuste al proceso de acumulación capitalista colombiano: disciplina fiscal, ofensiva contra las reformas sociales, fortalecimiento del aparato represivo y recomposición de las condiciones de ganancia para el capital.

En esta misma línea, el gobierno norteamericano, bajo el impulso de Marco Rubio y el papel político de Bernie Moreno, le abona esta victoria al imperialismo yanqui y a su dinámica de recomposición en el continente. Lo anterior, junto a la restauración capitalista en Venezuela y Cuba, aparece como un bálsamo para Trump luego de su desgaste militar en Oriente Medio. El patio trasero se consolida así como un lugar para ajustar su dinámica de acumulación y, en ese nuevo escenario, la burguesía financiera colombiana prepara el terreno para mejorar su posición, junto a una burguesía burocrática que busca restaurar su control sobre la gestión del Estado y recuperar terreno en negocios de sectores tan sensibles como la vivienda, la educación y la salud. Es también la oportunidad para que los capitales ligados a las actividades minero-energéticas se permitan relanzar sus negocios en materia de fracking y megaminería.

Asimismo, la pequeña burguesía agraria que se sentía amenazada por el repunte del conflicto armado en el medio rural, podrá encontrar en el nuevo gobierno una promesa de seguridad; sin embargo, no está claro que resulte beneficiada ante una eventual apertura del mercado de alimentos que termine socavando la soberanía alimentaria del país, la cual, en buena medida, la protege frente a la agresividad del mercado norteamericano.

En el plano fiscal, centros de pensamiento del capital como ANIF ya vienen proponiendo desactivar la llamada bomba fiscal mediante un ajuste de 3 puntos del PIB, compuesto por recortes de $14 billones en gastos de funcionamiento, $27 billones en inversión y una reforma tributaria de $12 billones. Esto se traduciría en reducción de nómina y contratación estatal, recortes a programas de baja ejecución, aumento en los precios de los combustibles, sobre todo del ACPM y reducción gradual del umbral para declarar renta. Se trata de medidas que golpearán directamente a la pequeña burguesía urbana que votó por ADLE, pues implicarán más impuestos, mayores costos de transporte, encarecimiento de bienes básicos y menor acceso a programas estatales. En ese sentido, muchos de los sectores que votaron por la seguridad terminarán recibiendo ajuste económico.

Donde más se sentirá el impacto será en el movimiento social que acompañó a Petro y bebió de sus programas. Los pueblos étnicos (indígenas y afrodescendientes) serán objeto de recortes que retrasarán la agenda que han venido construyendo en materia de tierras y recursos durante los últimos cuatro años. Las territorialidades campesinas, que apenas alcanzaron a ser enunciadas con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, difícilmente avanzará mucho más allá de ese punto y se retraen esta delimitaciones y autoridades. Sectores como el educativo, en cabeza del magisterio, serán también golpeados en su capacidad gremial e ingresos, mientras el movimiento estudiantil universitario perderá los recursos de financiación e infraestructura prometida. Incluso los avances en materia de autonomía universitaria podrían ajustarse a favor de grupos de interés que vienen creciendo dentro de la academia, como Atenea y Rotor en la UNAL.

Tomar la iniciativa.

En ese sentido, no se trataría únicamente de un recorte presupuestal, sino de una ofensiva contra el bloque social que sostuvo al progresismo y que esperaba convertir sus demandas en conquistas materiales más duraderas. La persuasión y la movilización fueron claves en la campaña; allí reside la capacidad de la misma para lograr esos 3 millones de votos más. En ese orden, se logró persuadir a una buena parte de sectores indecisos o provenientes del centro ante el riesgo de un candidato como ADLE, pero sobre todo logró movilizar a las masas proletarias en torno a la campaña, muy a pesar de la falta de táctica electoral de los sectores políticos que la conducían (ONG del entorno de Cepeda, el CRIC, el PCC y Pizarro).

Por eso, este esfuerzo tiene que ser capitalizado por el movimiento social para ganar espacio en la gestión política de esta fuerza social emergente. Sobre esta base debe ubicarse la táctica para la coyuntura que viene, marcada por un nuevo ciclo de protesta, donde la tarea no será únicamente resistir el ajuste, sino transformar esa fuerza electoral acumulada en capacidad de organización, movilización y disputa política.

Allí es clave dedicar el esfuerzo al fortalecimiento del trabajo de base, seguir consolidando organizaciones proletarias en los sectores de trabajadores precarizados, viviendistas, sindicales y estudiantiles, pero también llegando a los jóvenes proletarios a partir de actividades artístico-culturales, comunicativas y de agitación, ofreciéndoles alternativas que los vinculen al escenario educativo, laboral y organizativo.

Se trata también de reagrupar el movimiento popular de cara a la movilización contra las medidas regresivas de (ADLE), reactivar el movimiento de DD. HH. y por la vida, pues la represión contra las organizaciones y regiones que resistan el relanzamiento del capital extractivo, los recortes salariales y el desmonte de programas sociales llevará a nuevas formas de confrontación, donde será necesario combinar la movilización popular con la defensa política, jurídica y territorial de quienes sostienen este nuevo ciclo de lucha de clases.

Finalmente, es fundamental tomar la iniciativa y colarse en la gestión política de esta fuerza social proletaria emergente, ante los límites del progresismo. En esto es vital estructurar un programa para este tiempo y terminar de forjar la militancia que se requiere para liderar todos estos escenarios sociales y políticos: definir de forma más abierta la táctica electoral, estructurar propuestas programáticas para las masas y disputar una forma de organización más versátil, capaz de expandir esta acumulación estratégica.

Tomar el respiro no es replegarse ni administrar el desconcierto; es avanzar sin recelo en el escenario que ubica el Capital, precisamente cuando su salida deja entrever de forma más evidente su inhumano talante. No queda más a los revolucionarios que convocarse de forma organizada a esta nueva cita con la historia.