Las Juntas de Gobierno y organizaciones campesinas de cuatro Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) del departamento de Arauca emitieron durante la última semana de mayo de 2026 una serie de pronunciamientos públicos denunciando incumplimientos, falta de claridad institucional y ausencia de voluntad política por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los procesos de formalización territorial. Ante este panorama, las comunidades anuncian que retomarán la movilización popular y la resistencia territorial como mecanismos legítimos de exigencia de derechos.
Los comunicados emitidos desde los TECAM del Piedemonte Araucano en Fortul, Laguna del Lipa soberanía y resistencia popular, Defensores de la Vida y la Agricultura, en Tame, y Vida y Soberanía Popular en Saravena coinciden en una denuncia central: pese a que la figura de los Territorios Campesinos Agroalimentarios fue reconocida mediante el Decreto 0780 de 2024, reglamentando el artículo 359 de la Ley 2294 de 2023, la ANT no ha garantizado condiciones técnicas, administrativas ni políticas para avanzar en la materialización de estos territorios.
Los TECAM son una figura de ordenamiento territorial campesino construida desde las organizaciones campesinas como apuesta de soberanía alimentaria, permanencia en el territorio y protección de la vida. Según la normativa vigente, el Estado debe garantizar procesos de reconocimiento, delimitación y fortalecimiento territorial bajo principios de participación comunitaria, coordinación institucional y protección especial al campesinado.
El pronunciamiento más contundente provino del TECAM del Piedemonte Araucano, con sede en Fortul. Allí, luego de tres reuniones virtuales realizadas durante mayo con funcionarios de la ANT, la Junta de Gobierno decidió retirarse del proceso relacionado con la titulación de predios públicos dentro de un territorio que abarca más de 9 millones de hectáreas. La decisión se tomó después de que funcionarios catastrales y topográficos reconocieran no contar con la capacidad técnica suficiente para realizar el levantamiento predial requerido. A esto se suma la denuncia de que la ANT pretendía trasladar a las comunidades responsabilidades técnicas que corresponden al Estado, como la elaboración de cartografía y procesos de georreferenciación.
El comunicado también denuncia que en una de las reuniones apareció un acta previamente elaborada y nunca socializada con las comunidades, que contenía acuerdos no discutidos colectivamente. Frente a ello, organizaciones como ASONALCA, el Movimiento Política de masas social y popular del centro oriente de Colombia (MPMSPCOC) y la Junta de Gobierno Campesino decidieron dar por terminada la sesión y desistir de continuar participando bajo esas condiciones.
Desde Arauquita, el TECAM Laguna del Lipa, Soberanía y Resistencia Popular recordó que su lucha territorial se remonta a 1980. El comunicado denuncia que desde la llegada de empresas petroleras en 1983 comenzó un proceso de despojo y persecución contra las comunidades campesinas, que culminó con expulsiones en 1995 en medio de la actuación de multinacionales y la complicidad estatal. Aunque las familias retornaron al territorio en 2013 y se declararon TECAM en 2018, hoy afirman que la ANT continúa negando la formalización territorial pese a que las organizaciones cumplieron todos los requisitos establecidos tras el reconocimiento legal de la figura campesina.
Para esta comunidad, la negativa institucional demuestra que el Estado continúa privilegiando los intereses del gran capital sobre los derechos del campesinado organizado. Por ello, anunciaron el paso de asamblea permanente a movilización popular.
Una denuncia similar fue emitida por el TECAM Defensores de la Vida y la Agricultura de Tame. Su Junta de Gobierno advirtió que no existe información predial consolidada sobre el territorio y que la ANT no ha desarrollado una coordinación efectiva para avanzar en el levantamiento predial y la formalización correspondiente. El comunicado señala que las dificultades acumuladas representan un retroceso frente a derechos conquistados históricamente por el movimiento campesino y advierte que, de mantenerse la falta de voluntad institucional, retomarán escenarios de movilización y resistencia territorial.
Por su parte, desde Saravena, el TECAM Vida y Soberanía Popular —que ya cuenta con reconocimiento mediante el Acuerdo 560 de 2025— expresó su solidaridad con los demás territorios campesinos de Arauca y anunció que acompañará las movilizaciones que las comunidades definan en defensa de sus derechos territoriales.
Los cuatro pronunciamientos invocan el artículo 64 de la Constitución Política, que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, y coinciden en que existe una deuda histórica del Estado colombiano con las comunidades rurales de Arauca. Para las organizaciones campesinas, la falta de claridad institucional, los incumplimientos reiterados y la ausencia de garantías reales para la formalización territorial evidencian que la implementación de los TECAM sigue enfrentando profundas barreras políticas y administrativas.
El mensaje conjunto de los territorios es claro: sin garantías reales para la vida campesina y el reconocimiento territorial, la movilización seguirá siendo el camino para exigir el cumplimiento de los derechos conquistados por años de organización y lucha popular.
