Trochando Sin Fronteras, noviembre 20 de 2019
Por: Ricardo Apolinar – Colaborador Trochando Sin Fronteras[1]
Despierta el país después de la jornada de elecciones regionales y mientras se terminaba de hacer el reconteo de votos, los sectores más adinerados de Colombia siguen proponiendo nefastas reformas económicas que atentan contra los intereses de la clase popular.
El Centro Democrático luego de pregonar en la campaña presidencial una disminución de impuestos y el aumento del salario mínimo, vinieron a demostrar, una vez más de que estaban hechos, en cabeza del nefasto Iván Duque, quien fue criado en las cunas del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, como delegado del Gobierno Santos en una pasantía en el área cultural, específicamente en lo relacionado con economía naranja o industrias creativas, nada más alejado de la realidad de un país en donde ni siquiera la industria básica ha logrado consolidarse.
En está lógica el Gobierno Central, asfixiado por la falta de recursos y por la presión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, ha tenido que acceder al crédito internacional para financiar en el corto plazo el déficit fiscal. La banca multilateral como Fondo Monetario Internacional -FMI- y Banco Mundial -BM-, a cambio del crédito ha exigido reformas económicas que les garantice el pago de los créditos, eso sí, sin afectar la dinámica de la inversión que en últimas es la del capital.
Lo primero que hizo el Gobierno Duque fue una reforma tributaria, que dada la naturaleza capitalista del Estado, culminaría estrangulando a los trabajadores. De esta manera se implementó el monotributo a los pequeños comerciantes o trabajadores a cuenta propia; se redujo la base gravable para impuestar los trabajadores con ingreso medio; y se gravó con IVA cada etapa del proceso de producción de gaseosas y cervezas.
Aunque sonaron en el Congreso de la República temas como aumentar la cantidad de productos de la canasta familiar gravados con IVA, la movilización social hizo que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, rápidamente se hechara para atrás. Para tratar de apaciguar los ánimos aumentaron el salario mínimo en un 6%, es decir un incremento de $46.874,52 mensuales o $1.562,48 diarios, lo que en realidad resulta una miseria, más aún cuando de los 24,8 millones de la Población Económicamente Activa -PEA-, tan solo 1,1 millones -4,4%-, devengan un salario mínimo, mientras más del 50% de los mismos sobrevive en la economía informal y 2,53 millones -10,8%- padece el flagelo del desempleo.
Si bien la reforma afectó fuertemente a los trabajadores, la burguesía financiera resultaría damnificada con un aumento en el impuesto de renta del 33% al 37%. Por ello no es nada raro que sea la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -ANIF- la que en el 2019 haya planteado una serie de reformas en contra de la clase popular colombiana.
Una de la propuestas más polémicas de la ANIF fue la de implementar un salario mínimo diferencial por regiones de acuerdo a su competitividad. De esta manera las regiones menos competitivas recibirían un salario menor al actual, que seria el caso de la amazonia y los llanos orientales. Y se atrevió a ir más allá manifestando que para incentivar el empleo era indispensable que los jóvenes menores de 25 años devengaran el 75% de un salario mínimo, dada su falta de experiencia.
Así mismo manifestó que el incremento del salario mínimo para 2020 debía ser un punto por encima de la tasa de inflación, que para este año se proyecta en 3,5%, lo que sería un incremento del 4,5%, es decir $37.265 mensuales y $1.242 diarios, que se distribuirían así, $28.984 para reponer el incremento de los precios y los restantes $8.281 serían para compra de nuevos productos, lo cual no deja de ser una desfachatez dado el precario poder adquisitivo de los trabajadores.
Otra reforma que se avizora es el aumento en la edad de pensión, de tal manera que las mujeres pasarían a pensionarse a los 62 años -5 años más de los actuales que son 57-, y los hombres se pensionarían a las 67 años -5 años más de los actuales que son 62 años-. Así mismo, se consolidaría el modelo de Beneficios Económicos Periódicos -BEPS-, que no son más que el mecanismo para seguir fortaleciendo a los Fondos Privados de Pensión y de otorgar pensiones por debajo del salario mínimo, que condena una vez más a los trabajadores a tener una vejez llena de inclemencias.
Se podría continuar listando el paquete de reformas antipopulares que prepara el Gobierno como lo son: la contratación por horas; la eliminación del recargo nocturno, dominicales y festivos; convertir a COLPENSIONES en un fondo privado; la fusión de empresas estatales; la privatización de ECOPETROL y CENIT y la participación accionaria en algunas electrificadoras regionales, que para el caso del Meta seria la EMSA.
En su defensa el Gobierno manifiesta que ninguna de estas reformas esta cursando en el Congreso de la República, sin embargo, todos conocemos el modus operandi de estas reformas, que siempre ha sido el de auspiciarlas desde las organizaciones gremiales que representan a las clase sociales ricas del país como es el caso de los terratenientes representados en la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-; la burguesía industrial aglutinados en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI; y la burguesía financiera agrupada en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -ANIF-.
El pueblo colombiano ha sido valiente, luchando en todo momento, aunque en el acto el Gobierno de Duque haya permitido que cerca de 300 líderes sociales perdieran su vida, mostrándose siempre recalcitrante y retrogrado. Un ejemplo de ello fue que ante el asesinato de 8 menores de edad por un bombardeo en el Caquetá a mano del Ejército Nacional y que el Ministro Botero ocultó, fue que al este renunciar, ante una inminente moción de censura del Congreso de la República, el propio Duque le hizo un homenaje en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander.
Ante este panorama la respuesta del movimiento popular colombiano ha sido clara: A LAS CALLES. Con esta consigna se ha propuesto estar alerta a que estas reformas sean puestas en marcha, en lo que se ha denominado el PAQUETAZO DE DUQUE. Así todas las organizaciones populares están llamadas a ejercer su derecho legítimo a la protesta social y demostrar que los cambios se hacen en la calle, al calor de la organización y movilización popular.
Ricardo Apolinar Cárdenas
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[1]Economista. Magíster en Ciencias Económicas. Docente de tiempo completo de la Universidad de los Llanos. Integrante de la Asociación de Profesores Univerversitarios -ASPU- y del Equipo Regional Minero Energético del Centro Oriente de Colombia.
