Hoy los habitantes del barrio El Remanso I, en Bosa viven la expresión concreta de un modelo de ciudad que expulsa a los sectores populares para reorganizar el territorio según los intereses del capital. Desde tempranas horas del 6 de mayo, la comunidad denunció la presencia de la fuerza pública y el inicio de acciones orientadas al desalojo, en medio de cortes de servicios públicos y sin garantías efectivas para las familias que habitan el sector desde hace más de una década. Allí viven alrededor de 400 personas, entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad, que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin techo.
Hablamos con María Laraque, lideresa comunitaria, cuestiona la actuación institucional:
“No tienen en cuenta que tenemos derechos humanos, derecho a la vida digna… hay abuelos, personas con discapacidad. No puedo creer que la administración haga eso”
Su denuncia no solo enuncia el desalojo, sino a una práctica reiterada: el Estado que recauda impuestos y permite la consolidación de barrios, pero que luego desconoce a sus habitantes cuando el suelo adquiere valor estratégico.
En esa misma línea, Néstor Hugo Ramírez, líder social de Bosa San Bernardino, insiste en desmontar la narrativa oficial que suele criminalizar a las comunidades:
“Ellos nunca han sido invasores, compraron sus predios desde 2011… pagan servicios, pagan impuesto predial”
Mientras la institucionalidad habla de ocupación irregular, la realidad muestra procesos de acceso a la tierra mediados por el mercado informal, en ausencia de políticas públicas que garanticen vivienda digna. Es decir, no se trata de ilegalidad abstracta, sino de una forma concreta en que la clase trabajadora resuelve su necesidad de habitar.
El desalojo estaría ligado a la destinación del predio para proyectos de infraestructura, una historia común en Bogotá, la reconfiguración del territorio urbano a costa del desplazamiento de poblaciones populares.
En este contexto, la respuesta estatal se limita a ejecutar órdenes judiciales, mientras se profundiza una crisis social sin soluciones de fondo. La comunidad, por el contrario, ha insistido en la necesidad de diálogo y concertación:
“Lo que se quiere es que puedan llegar a mesas de acuerdo para que estas personas puedan vivir tranquilas”
Sin embargo, el despliegue institucional ha privilegiado la presión y la fuerza, antes que la garantía de derechos.
En Colombia, la clase trabajadora se ve obligada a resolver por sus propios medios una necesidad básica que el modelo capitalista convierte en mercancía: la vivienda. Mientras las comunidades levantan barrios enteros con su trabajo y esfuerzo colectivo, el Estado aparece no para garantizar derechos, sino para defender la propiedad privada y reorganizar el territorio según los intereses del capital, incluso si eso implica el despojo y desplazamiento de los sectores populares.
El Remanso interpela directamente al Estado frente a sus obligaciones en materia de derechos humanos: garantizar el derecho a la vivienda digna, evitar desalojos forzosos y proteger especialmente a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Tal como han señalado plataformas de derechos humanos, ningún procedimiento puede adelantarse desconociendo el principio de dignidad humana ni generando afectaciones desproporcionadas sobre comunidades que han construido su vida en el territorio. En ese sentido, el caso de Bosa exige no solo la suspensión de medidas que agraven la crisis, sino la implementación de soluciones integrales que prioricen la permanencia y el diálogo vinculante con la comunidad. Hoy, más que un procedimiento administrativo o judicial, está en juego la garantía efectiva de derechos para cientos de familias trabajadoras.
Más allá de las agendas electorales y disputa institucional, el momento reclama la organización y movilización activa de las y los trabajadores en defensa de la vivienda digna y mejores condiciones de vida para los sectores populares.
