domingo, marzo 3, 2024

Urge retomar las Asambleas Populares

En Colombia, solamente un año de gobierno, el progresismo enfrenta importantes aprietos, en particular tras el revés electoral en los comicios a gobernaciones y alcaldías a fines de octubre, y por la inesperada contracción del crecimiento del PIB en un - 0,3 % en el tercer trimestre de 2023, condiciones que están modificando el panorama político y abren interrogantes tanto sobre el futuro próximo de la política oficial, como de la potencial actuación desde el lado proletario y popular.

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Edgar Fernández
Edgar Fernández
Investigador en Centro de Pensamiento y teoría crítica - Praxis

En forma breve se puede afirmar que el gobierno progresista enfrenta un agotamiento prematuro, en buena medida fruto de la política de cerco que han desarrollado el capital y sus agentes. Tal estrategia significa que, cuando menos desde lo electoral, el país está siendo reencarrilado por los viejos cauces de ultraconservadurismo y ultraderecha. Es así que el gobierno luce desgastado y sitiado, y por lo pronto privilegia acercamientos con la ultraderecha y los dueños del capital, antes que fortalecer una agenda que priorice las posiciones del movimiento social y la izquierda, a juzgar por las reuniones próximas con Uribe y los cacaos –los verdaderos dueños del país. Estos hechos muestran cambios en las tendencias y generan una especie de pregunta sobre cómo y hacia dónde proyectar el avance de las fuerzas proletarias y populares, planteándose aquí la necesidad de retomar la proyección de las luchas de 2019 y 2021 mediante la renovación y fortalecimiento de las asambleas populares en todo el país.

El duro revés electoral del partido de gobierno estuvo asociado a una estrategia sistemática de desgaste y desprestigio. En ella se pueden identificar cuatro ejes de ataque: la contracción económica de los últimos tres trimestres; el supuesto carácter regresivo y hasta peligroso de las reformas sociales que se tramitan en el Congreso; los errores y limitaciones propios en su capacidad de gestión de gobierno, y la supuesta entrada de dineros de la mafia a la campaña presidencial, en la que resulta muy comprometido uno de sus hijos. En esa estrategia actúan conjuntamente el gran capital desde sus gremios y empresas capitalistas de comunicación (Caracol, RCN, El Tiempo…), los partidos de la derecha y ultraderecha, y sus fichas ancladas en las instituciones del Estado —en particular: procuraduría, fiscalía, Congreso, y Cortes—, logrando, por ahora, cercar y mantener en cintura al presidente y su partido.

¿Hacia la recesión económica?

Empecemos por la contracción económica manifiesta en la caída de la tasa de crecimiento del PIB trimestral. Este empieza a contraerse desde la mitad del año 2022, cayendo de un promedio del 10,4 %, en los cinco trimestres anteriores, a un 2 %, un 3 % y un – 0,3 % en tres primeros trimestres de 2023, habiendo sido inesperada la última cifra negativa. A partir de ella, se puede colocar en duda el esperado crecimiento del 1,3 % para todo el año. Y esto ya ha dado para conjeturar sobre una eventual recesión técnica (dos trimestres en negativo), la que parece poco probable teniendo en cuenta que el cuarto trimestre del año suele ser de mayor crecimiento debido al pago de primas e incremento de las ventas.

El producto interno refleja la contracción de sectores como el industrial y construcción, que ya se venían contrayendo desde inicios de año. Así ya lo reflejó el Índice de Seguimiento de la Economía-ISE en junio, que fue de solamente el 1 % en junio, de modo que la producción industrial fue de apenas el 0,4 % en marzo, desplomándose consecutivamente hasta él -8.6 % en agosto y un – 6,9 % en octubre. Algo similar sucede con la construcción, sector altamente dependiente de los subsidios y contratos del gobierno, que cayó un – 8.0 % en ese mismo mes, aunque las ventas en vivienda están a la baja desde mediados del 2021, y Camacol reportó que en lo corrido hasta agosto de 2022 se dejaron de vender 92 000 unidades.

Una de las razones de esta contracción se encuentra en el impresionante apretón en la tasa de intermediación financiera del Banco de la República-BR, que saltó del 2 % a fines de 2021 hasta el 13,25 % en febrero de este año, superando con creces su anterior pico del 8 % en junio de 2016. El fin real de esa medida ha sido compensar la rentabilidad del capital financiero ante los incrementos en las tasas de interés en EE. UU. y evitar su salida abrupta, aun cuando también funcione como mecanismo para encarecer y contraer la demanda agregada. Es por esto que, no solamente ha caído el consumo interno y las importaciones, sino también, y en forma abrupta, la inversión (formación bruta de capital), que llegó al -22,2 % en el segundo trimestre de este año, y nuevamente un – 11 % en el tercer trimestre, datos únicamente comprables con el extraordinario periodo de la pandemia.

Sin embargo, a lo anterior hay que sumar la descolgada en las exportaciones, que en los últimos tres trimestres han crecido, en promedio, solamente al 1,5 %, mientras en los cinco trimestres que les antecedieron avanzaron al 25.6 %. Esa contracción está explicada por la baja en las exportaciones tradicionales (café, carbón, petróleo) y es cercana al 30 % respecto del promedio en el primer semestre de 2022. A esta situación se agrega la apreciación del peso respecto del dólar, cercana al 20 % en el último año, que implica menores ingresos para los exportadores.

Para decirlo en forma breve, la Junta del Banco de la República-BR es quien afecta la evolución de la economía, al practicar la fe ciega de perseguir las señales del mercado, es decir, de moverse al ritmo que impone el capital. Así, con su varita mágica de la tasa de interés comprimió la inversión, afectó las importaciones y por eso el déficit externo se redujo a la mitad de lo que fue en 2022. Con ello también impuso un ajuste al consumo interno y a las deudas, manifiesto en la contracción del monto total de la cartera del sistema financiero. Pero esa misma política ha implicado una afección de la liquidez en un periodo en que el costo del servicio de la deuda se eleva ante el alza de las tasas de interés, razón por la cual la cartera morosa en el último año saltó de 23,3 billones a 33.2 billones, anuncio fuerte para 2024, tanto para las empresas y familias endeudadas, porque generalmente comporta riesgos de quiebra.

Por tanto, el BR favoreció el arribo de la inversión extranjera directa, que en 2022 llegó a 17 000 millones de dólares. A ese monto se sumó el regreso de una parte de los ahorros de las pensiones que estaban en el extranjero, y esto ayuda a explicar el sostenimiento de la balanza de pagos y la revaluación del peso. Ello muestra como en el país tiene más poder real la Junta directiva del BR que el mismo Gobierno Nacional, quien apenas ha podido entrar a corregir en este año el creciente déficit fiscal heredado del gobierno anterior.

Ahora bien, si elevamos la mirada hacia el ciclo de mediano plazo, lo que se observa es que el crecimiento del PIB empezó a contraerse desde 2012, cayendo del 6,9 % al 1,4 % entre 2012 y 2019, descolgada asociada a la reducción de los precios de las materias primas, como en el resto de Latinoamérica, con lo cual la inversión agregada (formación bruta de capital) perdió su anterior ritmo y se aplanó desde 2013, si se la mira desde su índice de crecimiento con base en 2002.

De este modo, el alto crecimiento que presentaron los indicadores económicos tras la pandemia únicamente manifiestan un efecto estadístico, tras la profunda caída de los datos en 2020 y su posterior recuperación. Esto significa que la producción agregada apenas a fines de 2022 logró recuperar los niveles absolutos que tenía en 2019, punto al que hasta ahora converge el desempleo, en su medida oficial, que en este septiembre se vuelve a ubicar en el 9,3 %. De aquí que la mano del Gobierno Nacional se nota poco, a no ser por su limitada ejecución del presupuesto público, que efectivamente afecta a sectores presupuesto-dependientes e importantes como es construcción de infraestructuras y vivienda, razón por la cual las constructoras, filiales de los grandes grupos económicos, están implorando al gobierno la entrega de los acostumbrados subsidios con los cuales mantienen su demanda y sus mezquinas ganancias.

Esto nos lleva al punto sobre la gestión desempeñada en un año de gobierno progresista, del que se había especulado bastante. En primera instancia, el cambio de mando no resultó traumático para el capital, como lo vaticinaron los sectores más recalcitrantes, que por ejemplo esperaban una estampida del capital externo, al estilo de Marbel, y el desplome de la economía. El capital de los grandes grupos ha sabido suavizar los efectos, por eso los partidos de la U y Liberal se encargaron de acompañar al gobierno, permitiendo una transición suave y controlada.

Tal vez por ello, el gobierno se sintió con fuerzas para tramitar un ambicioso conjunto de reformas sociales de un solo golpe: tributaria, salud, pensiones, laboral, agraria, mientras prometió una segunda oleada entre las que se cuentan educación, predial, justicia y política. Las medidas relacionadas con la rentabilidad del capital y asociadas a la estabilidad macro -tributaria y plan de gastos- fueron aprobadas sin dilación. En cambio, las demás elevaron las alarmas del “fantasma del comunismo”, en tanto tratan de quitarle peso a las empresas privadas y dárselo al estado. Esto sucede especialmente con la propuesta de reforma a la salud, mientras la laboral propone reforzar la estabilidad de los trabajadores y sus posibilidades organizativas, siendo menores las distancias con la reforma pensional, reducida a fijar el tope de salario que marcará el paso entre el sistema público de prima media y el de ahorro privado, temas que tratan ampliamente la Revista Proletaria n.º 8, del Centro de Pensamiento y Teoría Crítica Praxis.

De entrada, el gobierno sabía de las dificultades existentes para aprobar las reformas, dada su minoría en el Congreso, de allí que combinó dos formas de acción. Por un lado, procuró conciliar con los partidos menos cáusticos de la derecha, lo que explica ciertos nombramientos en ministerios como hacienda y educación. Del otro, buscó que su respaldo electoral se tradujera en movilización social en las calles, buscando encauzar en su favor y dándole así continuidad al descontento manifiesto en las protestas de 2019 y 2021, y esperando que esa fuerza presionara la aprobación de las iniciativas. Mientras la primera estrategia ha dado algunos pequeños frutos, la segunda no logró consolidarse tras tres intentos de forjar grandes movilizaciones.

Este último elemento es crucial para entender las potenciales proyecciones políticas del país, y se puede ilustrar en forma comparativa con las diferencias entre el ciclo de gobiernos progresistas de primera y segunda generación, como algunos lo califican. En el primero, los gobiernos lograron asimilar las luchas de los movimientos sociales y darles continuidad bajo su tutela, de modo que las masas movilizadas fueron un pivote importante para garantizar su gobernabilidad y sus programas. Tal fenómeno es menor en el segundo ciclo, y en el caso de Colombia más bien ha tendido a debilitarse, tanto que incluso la ultraderecha ha sido capaz de competirle bastante bien en ese campo, logrando incluso fuerzas con las que ha estado cercando al gobierno.

El endeble vínculo del gobierno con las masas proletarias y populares no organizadas, ha generado una tendencia a gobernar mediante compromisos bajo subsidios. Por ejemplo, los motociclistas lograron acuerdos para congelar la tarifa del SOAT, los taxistas para suavizar el alza en el precio de la gasolina mediante subsidios directos, los transportistas de buses y camiones mantienen subsidios al diesel y a los peajes, y diversos sectores rurales y gremiales de los movimientos sociales organizados se movilizan en forma fragmentada y logran acuerdos y compromisos de presupuestos en su favor. La dificultad para el gobierno es que se dispersa su acción y la ejecución presupuestal, como lo ha puesto de manifiesto el director del DNP, a la vez que se compromete cuantiosas sumas de recursos, que fácilmente pueden superar los veinte billones de pesos, un poco más de lo que le entregó la reforma tributaria, monto de recursos contraído por el favor que le hace las Cortes a las empresas extractivistas al impedir la deducción de las regalías respecto de la base gravable, y que puede sumar unos siete billones para los tres próximos años.

Lo paradójico es que a ese tren del pedir subsidios y dineros del presupuesto público se ha querido subir el gran capital. Así, por ejemplo, el sector eléctrico aduce problemas en las tarifas, que el gobierno ha tratado de controlar, y mediante la generación de pánico ante una eventual crisis del sistema, le exige al gobierno la entrega de subsidios. De la misma forma, proceden las EPS, que no solamente adversan la propuesta de reforma a la salud, sino que han pasado a exigirle al gobierno un incremento en el valor de la Unidad de Pago por Capitación-UPC, porque según sus cuentas es insuficiente para atender las obligaciones ya adquiridas para con cada uno de los pacientes asegurados, y a fin de lograrlo han posicionado en el ambiente nacional, con el favor de los medios de comunicación, que el gobierno los empuja a una crisis sistémica, razón por la cual ya no pueden entregar los medicamentos a los pacientes.

En este convulso escenario, el resultado negativo en el crecimiento del tercer trimestre cayó como un balde de agua fría para el gobierno. En su intento de manejar la situación, ha acudido a la vieja conseja keynesiana de enfrentar los baches del capital incrementando la inversión pública, lo que solamente es posible si el Congreso modifica la camisa de fuerza que implica la regla fiscal, política que obliga a controlar los gastos del gobierno y sus déficits. Por lo pronto, la respuesta de los gremios es contradictoria, porque de un lado le exigen medidas al gobierno, mientras del otro le atan las manos para salir en su ayuda. Por eso es esperable que en la próxima reunión con los verdaderos dueños del país, los cacaos, broten noticias al respecto.

El Acuerdo Nacional, ¿un movimiento hacia la derecha?

A los anteriores hechos se suman los errores y dificultades propias de un gobierno conformado por una aglomeración de pequeños partidos que pretenden hacer primar su propia y particular agenda.

Una de las dificultades se relaciona con la inestabilidad de los ministros, cambiando once de dieciocho en únicamente diez meses, resultado en el que se mezclan incapacidades o reacomodamiento respecto de las primeras alianzas. También ha estado presente la demora en definir nuevos directores de algunas entidades del orden nacional, como el Invima, lo que denota falta de cuadros calificados dentro del Pacto. Además, no han faltado las torpezas en la socialización o implementación del programa político del gobierno, lo que ha implicado traspiés y altercados entre los mismos representantes del gobierno, o zigzagueos y retrocesos caros a la confianza en el gobierno, como los referentes a la exploración y explotación de hidrocarburos.

Aquí no amerita abundar en los continuos desatinos y errores entre los directivos del gobierno. De ello se han encargado, como nunca, las empresas capitalistas de comunicación, que ejercen una investigación y fiscalización en tiempo real de cuanto contrato, intención o pronunciamiento realiza el gobierno. Fue así como lograron identificar y sacar a flote el aprovechamiento personal de Nicolás Petro, hijo del presidente, respecto de los recursos financieros de la campaña a la presidencia. Este caso, por su eventual gravedad, ha sido aprovechado por la ultraderecha, la Fiscalía, la Procuraduría y la prensa para acusar al gobierno de vínculos con la mafia y el narcotráfico, aspecto que ha funcionado bastante bien para desgastar su legitimidad.

En síntesis, el capital ha logrado contener y frenar las intenciones reformistas del gobierno, y esto da cuenta de cómo están realmente las cargas en el país. Sobre ello hay que tener presente que Petro se ha propuesto avanzar a un capitalismo que permita una transición energética y en la que el Estado tenga mayor peso, superando a la vez las fuerzas retardatarias del progreso capitalista, como puede ser el poder de terratenientes y gamonales con sus llamadas baronías electorales que someten regiones enteras, dominio que en muchas ocasiones mezcla capital, instituciones y paramilitares. Respecto a lo último, Petro lee al país como si fuese el de 1930, momento en el que el capitalismo se industrializaba y podía ser portador de fuerzas progresistas y modernizantes, perdiendo de vista los cambios estructurales de las últimas décadas que lo tornan en una fuerza regresiva.

No obstante, el gran capital interno y externo ve con preocupación las más que moderadas intenciones de reforma que pretende el actual gobierno progresista, y por eso golpea, desgasta, cerca y bloquea las iniciativas, en particular las que cursan en el Congreso. Como se ha comentado, esto se logra combinando el ataque virulento desde la ultraderecha uribista, con la condicionada conciliación desde la derecha. De allí que, por ejemplo, mientras la iracunda voz de Paloma Valencia no cesa de asustar a la población con el fantasma del castro-chavismo-comunismo, a su vez, Santos, Gaviria, o Barreras instrumentalizan, entre bambalinas, los acuerdos. Y en ese contexto, las empresas capitalistas de comunicación juegan un papel tan o más poderoso que los mismos partidos, puesto que han sido los encargados de deslegitimar, minuto a minuto, las iniciativas de Petro.

Con ello, la capacidad del gobierno y del Pacto Histórico-PH parece estar siendo rebasada, tal como lo han manifestado los resultados electorales regionales. Como se sabe, el PH es la suma precipitada de varios partidos pequeños con poca trayectoria, de modo que cada uno procura sostener sus agendas particulares, lo que se evidenció en la dura puja interna por definir los candidatos y terminó por generar dispersión. Mientras esto sucedía, los partidos del capital se unificaron sin problemas, la ultraderecha (Centro Democrático, Conservador y Cambio Radical) fácilmente tejió alianzas con la derecha (Liberal, de la U, Verde), en todo el país, mediante el viejo expediente de garantizar la seguridad.

Es decir, se forjó lo que Marx llamó el partido del orden sobre la base del discurso de la seguridad ante el desborde de la delincuencia y la guerra; manera de proceder que ha cobrado fuerza desde las elecciones de 2001 que coronó victorioso al paramilitarismo con Uribe. Desde entonces, durante los meses de la campaña electoral resuenan en los medios de comunicación los casos de violencia, y así se justifica y legitima la mano dura, que por ejemplo promete el religioso elegido como alcalde de Bucaramanga, o el nuevo concejal de Cali, quien se volvió famoso al enfrentar a bala a la población civil en las protestas de 2021.

Por tanto, el ganador en las elecciones regionales pasadas es el partido del orden, consolidado a través de una serie de alianzas que gobernará en las principales ciudades y en la mayoría de las gobernaciones, espectro del que no escapan algunas fuerzas que se proclaman cercanas al gobierno, pues sus victorias se produjeron con el mismo tipo de alianzas. Es decir, gana y se recompone el viejo “uribismo”, (ultra-conservatismo) pero ahora diseminado por entre la sociedad y recompuesto entre los varios partidos con sus diversas alianzas. Por tanto, juzgando desde los resultados electorales, pareciera que el país retorna a los viejos cauces, los que de alguna manera fueron quebrados por las protestas de 2019 y 2021.

En este contexto, las dificultades se tornan crecientes, tanto que existe una discusión sobre una potencial crisis de gobernabilidad y la sostenibilidad del gobierno. Una crisis de gobernabilidad suele traer altos costos para el capital, en tanto que la incertidumbre política se manifiesta en abruptas devaluaciones que deprecian el valor de los activos y del dinero en el mercado mundial. Es por esto que, dada la magnitud del cerco y control sobre el gobierno, la misma ultraderecha parece desistir, por lo pronto, de planes tendientes a derribar al gobierno, tanto que el mismo Uribe ha aceptado una reunión con Petro para discutir el futuro de la reforma a la salud, encuentro que de seguro repercutirá sobre el potencial avance de las demás.

A su vez, parece que Petro había previsualizado el actual escenario, de allí que lleve meses insistiendo en forjar un Acuerdo Nacional. Esta figura tan socorrida explica su recurrencia en la historia política del país, identificándose en las elecciones de 1930, en el Bogotazo de abril de 1948, en 1957 con el Frente Nacional, o recientemente en la forma del gobierno de Santos. Así que bajo la propuesta de acuerdo nacional, el gobierno amplía sus alianzas con fuerzas aparentemente progresistas que ganaron algunas gobernaciones y alcaldías para crear un contrapeso relativo a las fuerzas de ultraderecha, aunque esto le reste autonomía sobre la ejecución de su programa al tener que descansar en esas fuerzas su ejecución en las regiones (Revista Proletaria No 12). Además, está pendiente la reunión, este 21 de noviembre, con los grandes grupos económicos, que puede ser leída como la búsqueda de un New Deal en pequeño, donde el gobierno trence en favor de los trabajadores algunos beneficios, pero suavizando los objetivos de las reformas y tal vez comprometiendo subsidios a los capitales, esto, mientras los dueños del país –los cacaos- le aseguren su permanencia, tal como aconteció con Samper, durante el proceso ocho mil, a inicios del 1997.

Ese tipo de potenciales acuerdos podrían concederle un extratiempo y legitimidad a los varios diálogos de paz que desarrolla el gobierno, puestos también en juicio por las recientes votaciones. Al respecto, si bien han logrado ceses bilaterales al fuego, y se han instalado mesas de encuentro, lo cierto es que los avances reales son limitados, y las dinámicas propias de la misma guerra conspiran permanentemente en su contra, de modo que tienden a primar los bandazos, maximizados por las empresas capitalistas de propaganda puestas en su contra. A su vez, las mesas dan la impresión de reproducir un círculo vicioso en que se dialoga sobre cómo y qué se va a dialogar, siendo apenas diferencial el llamado a incluir a la sociedad civil con sus movimientos sociales organizados y sus gremios, aspecto en el que se presentan algunos avances, pero sin lograr aún poner en escena propuestas de contenido sobre un futuro alternativo para el país, objetivo fundamental de tales escenarios. Entretanto, los niveles de guerra tienden a sostenerse debido a que la ultraderecha con sus paramilitares persiste en su propósito de ampliarse en el terreno, en especial en el más rural.

Cambiar el rumbo

La profunda crisis que enfrenta el país irrumpió con fuerza en las protestas de 2019 y 2021 y cuando menos logró resquebrajar el régimen político autoritario forjado a inicios de siglo y facilitar el paso al gobierno progresista de Petro. Esta tendencia es la que parece ahora modificarse, si se juzga desde el reciente resultado electoral y por el avanzado cercamiento y control que recae sobre el gobierno y su agenda de reformas, tal que ahora prima la construcción de acuerdos con los dueños del país y el jefe de la ultraderecha. A fin de impedir que el país se deslice definitivamente hacia los viejos carriles ultraconservadores, es necesaria una fuerte y sistemática acción desde la izquierda, tal que puedan hacer un contrapeso lo suficientemente fuerte para reposicionar la necesidad de una salida proletaria y popular a la crisis.

Pero, esa combinación de contracción económica, revés electoral del progresismo y regreso hacia los viejos cauces de la vida política del país también se manifiestan en cierto desencanto y frustración entre las masas proletarias y populares. Esto sucede porque el rebrote organizativo y de las luchas evidenciados en las protestas de 2019 y 2021 no logró una continuidad organizativa, en especial si nos referimos a los espacios de las asambleas populares en el país, pero tampoco parece haberse concretado en organizaciones sociales más numerosas, mejor organizadas y dotadas de programas políticos de mayor calado y contenido. Más bien ese ímpetu de las masas fue canalizado hacia el campo meramente electoral e institucional, en particular mediante la participación en el gobierno, la confianza en las reformas de leyes, y con el encuentrismo, o eventismo, con el gobierno.

Si bien las condiciones se movieron en dirección a fortalecer las organizaciones sociales y las de izquierda a partir de nutrirse con mayores cantidades de masas activamente participantes, desafortunadamente desde el desarrollo del mismo Paro Nacional de 2021 las fuerzas se fueron inclinando hacia provocar meros cambios institucionales, los que si bien no salen sobrando en la medida que guardan algún potencial para el avance, de poco sirven cuando se pierden de vista los condicionamientos estructurales que dieron lugar a las protestas, pues son los que deben ser enfrentados de raíz mediante la formulación de propuestas alternativas con contenidos explícitos.

Aquí tal vez resida la mayor lección para el conjunto del proletariado y demás sectores de la clase popular en el momento presente, en el sentido de que fijar como objetivo central el asumir el gobierno, de un Estado capitalista, es más que miope y limitado, en tanto que el ejecutivo es apenas una parte del poder político. Como se ha tratado de ilustrar en estas notas para la coyuntura, es el capital con sus dinámicas mundiales y sus poderes nacionales el que impone las condiciones del juego, de modo que el gobierno poco determina en ese contexto. A ello se agrega que el capitalismo en países como Colombia enfrenta una situación de crisis en la que sus condiciones se degradan y retroceden, sin que sus representantes identifiquen cómo realmente relanzarlo, limitándose a reproducir el patrón de dependencia primario-exportadora y la sobreexplotación de los trabajadores, razón por la cual son una fuerza política altamente retrógrada que impide dar pasos para salir de la crisis.

Además, el ordenamiento institucional juega muy en contra del poder del ejecutivo, del gobierno. En este sentido, son más determinantes las decisiones del Banco de la República que las del ministro de Hacienda, relación en la que Bonilla únicamente pueda mendigar una baja en la tasa de interés. Y para no alargar, el gobierno está sitiado por la Fiscalía, la Contraloría, las altas Cortes, el bloque de partidos del capital -o partidos del orden- y los gremios, cuyos directivos amplifican sus quejas a toda hora por los micrófonos de las empresas capitalistas de comunicación.

Desde lo anterior, deberá ser más que comprensible que orientar las fuerzas transformadoras del proletariado y demás clases populares en la dirección de ganar el poder ejecutivo entraña un grave error político. Verdad es que bajo ciertas condiciones algunas alianzas tácticas con gobiernos progresistas pueden redundar en el fortalecimiento organizativo y político de fuerzas transformadoras, pero hay que tener siempre presente que esto implica un alto riesgo de neutralización, tal como ahora parece suceder en Colombia, y como se constata en casos como el de Argentina y otros países de la región. Por tanto, hay que insistir en que el recurso fundamental con que cuentan las fuerzas transformadoras es la organización y movilización autónoma de la clase proletaria, las que, dotadas de programas claros, puedan decidirse a derrumbar las múltiples murallas que levanta el capital.

En este sentido, es necesario recuperar la dinámica organizativa forjada al calor de las luchas de 2019 y 2021, en especial los espacios de encuentro, debate y decisión a través de las asambleas populares, tema ampliado en la Revista Proletaria No 12. Bregar porque estos se reactiven y se tornen parte de la cotidianidad de los espacios de vida, estudio y trabajo de las diversas franjas del proletariado y demás sectores populares se convierte en una tarea urgente y vital, si queremos contrarrestar el avance de la ultraderecha y el capital. Lograr este cambio de rumbo todavía es factible en la medida que la ultraderecha no ha regresado de pleno al comando político, y teniendo en cuenta que esto le puede convenir al actual gobierno, pues de radicalizarse sus dificultades deberá recurrir nuevamente a las masas para al menos sostenerse hasta agosto de 2026.

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