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sábado, julio 2, 2022

Colombia en modo protesta

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Movilizaciones en el Centro Oriente Colombiano Foto: Ever Guerrero

Trochando Sin Fronteras, edición 39 Abril – Junio de 2019

Por: Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia -RedHer-

[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]L[/dropcap]as movilizaciones y protestas que sacudieron el país son una muestra clara de que el diálogo con la sociedad no está entre los planes del actual Gobierno cuya forma de proceder ha obligado a las comunidades a hacer efectiva la protesta social, como lo han demostrado la Minga, el Paro Nacional, y sus expresiones regionales como las manifestaciones del municipio de Tadó en Chocó[1], del resguardo Condagua[2]en Putumayo, o la concentración de El Porvenir en El Catatumbo[3].

La protesta social, lejos de ser un primer recurso, se ha vuelto necesaria ante el silencio del Estado y de sus instituciones garantes. La primera solicitud de las comunidades es el cumplimiento de los acuerdos suscritos por los gobiernos locales o nacionales, la segunda solicitud suele ser la de garantías ante las violaciones constantes y sistemáticas de sus derechos fundamentales[4].

Las otras demandas de los movimientos sociales son históricas, incluyen tierra, territorio, autonomía, trabajo, vivienda, respeto de los derechos fundamentales, lo que demuestra que la conducta estatal no ha variado sustancialmente en el último siglo[5].

Para no ir lejos, los acuerdos alcanzados en el marco del Paro Nacional Agrario en el 2014, con el Decreto 870 del 8 de mayo de 2014, por medio del cual se establece la Mesa Única de Participación y Concertación entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular tiene una larga lista de incumplimientos :

La consulta sobre la reforma a la ley 160 para el tema de tierras en Colombia.

Un decreto que reconozca otras figuras territoriales campesinas, los derechos del campesino en Colombia, que no están reconocidas explícitamente en la ley 160 u otras leyes del país.

La financiación de proyectos productivos, vía Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura.

La segunda fase del Dialogo nacional minero energético, que debería permitir buscar salidas a la crisis.

La creación de la Comisión mixta para la revisión de las licencias ambientales de proyectos mineroenergéticos.

La asignación de los recursos para los proyectos de infraestructura: 240 mil millones.

Una situación similar se presenta en otras movilizaciones con diferentes sectores, estudiantiles, indígenas, docentes, sindicatos, han visto los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional incumplidos en su mayoría. Las causas de estos incumplimientos son políticas, pero también vinculadas a las limitaciones impuestas por los Tratados de Libre Comercio y sus mecanismos de arbitraje, las amenazas de compensaciones multimillonarias que debería pagar el Estado Colombiano a las multinacionales que invierten en el país, sin proteger su medio ambiente o los derechos de las poblaciones, como los limitantes de un presupuesto nacional siempre más dedicado a la guerra en el país y en la región.

Las deudas legislativas del Estado colombiano son muchas: la ratificación de los IV Convenios de la OIT; la modificación del Artículo 909; la Ley de carrera para los trabajadores de la salud; Ley de carrera administrativa para trabajadores de ciencia y tecnología, entre otras.

A estos incumplimientos se suman las practicas sistemáticas de exterminio contra quienes pretenden hacer valer estos derechos. Los diferentes sectores que llamaron al paro programado para el pasado 25 de abril, fueron claros en cuanto señalaron la importancia de visibilizar el preocupante incremento de la violencia ejercida en contra de los liderazgos sociales, y la aún más preocupante, la respuesta del Estado colombiano que no solo ha hecho oídos sordos, sino que responde bajo el esquema de la militarización y la criminalización.

Los procesos congregados en las últimas movilizaciones, manifiestan su desacuerdo frente a las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018-2022¸ a partir de las cuales el Estado pretende agudizar las ya crueles condiciones de los sectores históricamente excluidos; el campesinado, por ejemplo, no encuentra un correlato dentro de el supuesto “Pacto” si no es bajo los esquemas de la industrialización de la producción alimentaria que atenta contra los modos de siembra y cosecha tradicionales, pero además de la soberanía alimentaria. Por la misma vía, se señala el grave interés de los gobiernos del país por la profundización de un sistema económico sustentado en la explotación industrializada de los recursos mineros (petróleo, carbón, oro) en detrimento, tanto de los recursos medio ambientales[6], como de los territorios y las territorialidades construidas por los pueblos; además, se indica, el sistema de regalías desde el que se pretende tapar el hueco fiscal de bienes colectivos como la educación pretende oponer la necesidad de recursos económicos para el bienestar con el interés claro de las mayorías por salvaguardar la vida de los ecosistemas[7].

Las reivindicaciones son muchas, pero apuntan a un mismo objetivo, la vida digna como bandera que defienden los pueblos, quienes consideran que los bosques y los ecosistemas van por encima de los intereses económicos explicados extensamente en el Plan Nacional de Desarrollo, y que benefician temporalmente a sectores minoritarios específicos de la sociedad. Quienes defienden la vida bajo condiciones de dignidad son mayorías constantemente torpedeadas que aun así se han levantado durante generaciones enteras en defensa de los intereses de todos.

[1]El paro no para Choco resiste ante agresiones del ESMAD

[2]Un indígena herido tras enfrentamiento entre comunidades y ESMAD

[3]Crónica del paro nacional en el Catatumbo

[4]Son incontables las Acciones Urgentes y actos de denuncia que provienen de las distintas regiones del país y que pueden ser consultadas a través de diferentes plataformas de organizaciones de Derechos Humanos 

[5] A este respecto es muy ilustrativo el trabajo que el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia que en el marco del Tercer Observatorio Sociopolítico y Cultural, publicó en 2001 bajo el nombre Movimientos sociales, Estado y Democracia.

[6]El gobierno insiste en dicha actuación pese a la suscripción del Estado al Acuerdo de Paris COP 21 cuyo compromiso es la lucha contra el Cambio climático.

[7]El documento de análisis del Plan Nacional de Desarrollo presentado por la UTL del Senador Alberto Castilla contiene estos y otros puntos que vale la pena estudiar respecto de las políticas contenidas en el documento rector para el cuatrienio 2018-2022.

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