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Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

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Consumo, legalización y salud pública


Trochando Sin Fronteras, Junio 22 de 2019

Por: América Niño – @AmericaNub

La Corte Constitucional emitió un fallo en el que declaró inexequibles algunos artículos del código de policía que prohibía el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público, esta noticia se convirtió rápidamente en una bola de nieve que arrastró las opiniones de muchos sectores de la sociedad, entre ellas, una generalizada en torno a la prioridad de niños, niñas y adolescentes al uso de parques que son, sin duda alguna, uno de los más usados para el consumo.

Al respecto es necesario que veamos esta como una afirmación tendenciosa que reconoce los derechos infantiles a la recreación y el deporte al tiempo que niega sus derechos a la buena alimentación, la educación, la salud y la vivienda digna, si bien no se expresan abiertamente en las opiniones estos factores, si es notable que ninguno se considera una razón de peso para movilizar tantas personas ya sea en las calles o en el tráfico de las redes sociales exigiendo con vehemencia la garantía a esos derechos.

Muchas de las personas que emitieron juicios de valor negativos frente a este hecho pueden ser quienes diariamente transitan en sus carros por las ciudades y ven por las ventanas la pobreza en que viven muchos niños en Colombia, es el caso de Herbin Hoyos, periodista e investigador y Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta actual del gobierno colombiano, quienes tuitearon desde sus cuentas personales un vídeo en el que niños de entre 13 a 15 años están fumando. Se refirieron a este como un hecho lamentable que sucede en el país con la bendición de la Corte y sin embargo, se pudo comprobar que no fue grabado en Colombia y mucho menos es una consecuencia de tal decisión, por lo que representa una noticia falsa que contribuye a la deslegitimación de la corte y aporta nuevos elementos para dar un debate desinformado y tendencioso.

Ahora bien, este fallo se considera un avance importante en el reconocimiento del consumo de sustancias psicoactivas como un tema de salud pública que no debe ser tratado por la policía, pues son los consumidores el último eslabón de la cadena de narcotráfico y en este sentido no representan un riesgo social que deba ser tratado por la fuerza.

No quiero decir con esto que el consumo de drogas o alcohol deba ser tenido en cuenta como un simple hecho recreativo sin perjuicios, sino más bien que se abre una ventana para comprender la necesidad de implementar políticas públicas de tratamiento médico a consumidores o la legalización de espacios de tolerancia. Pues es preciso considerar que muchos consumidores son en efecto víctimas de las sustancias, por generar estas algunos niveles de dependencia física o sicológica, las cuales no son fáciles de abordar sin ayuda de profesionales especializados.

Sin embargo, este debate no puede quedarse apenas en la superficialidad que representa el consumo de drogas en las ciudades, sino que tiene que abordar necesariamente la responsabilidad de los consumidores en la demanda de sustancias que están atadas a conflictos sociales y políticos rurales en Colombia y que son en sí mismos los que han configurado espacios sumamente violentos en los que el control territorial lo tienen diversos grupos armados, legales e ilegales – dependiendo de la región – que son quienes aseguran militarmente los corredores estratégicos para el tránsito de los cargamentos con estupefacientes. Sin embargo, los consumidores no son los únicos responsables en este asunto, ya que como se ha señalado en diversas oportunidades por la COCCAM (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola) los conflictos en el uso y propiedad del suelo en Colombia, son factores relevantes para entender el fenómeno del narcotráfico, pues muchos de los territorios que actualmente se utilizan para la producción de Coca, Marihuana y Amapola pueden ser sumamente productivos con otros cultivos, si el gobierno garantizara las condiciones necesarias, sin embargo, se encuentran en lugares de difícil acceso o no cuentan con los incentivos necesarios para la transformación productiva o la erradicación manual voluntaria.

La organización Acción Técnica Social ATS mediante su proyecto Coca Regulada Paz Garantizada en su portal de internet[1]  arroja elementos muy interesantes para comprender la necesidad de dar especial tratamiento a la regulación de la cocaína como una sustancia que debe pasar de la prohibición a la regulación en todos los niveles, evitando así la violencia que se desprende de la ilegalidad; aseguran que la guerra contra las drogas produce 150.000 homicidios al año en lugares como Colombia, México y Centro América, acá se destina el 68% del total del presupuesto antidroga en la guerra y apenas un 4% en la prevención y desintoxicación, además la mayor parte de la ganancia en este negocio se queda en Estados Unidos y Europa, pues mientras en Colombia un Kilo de cocaína cuesta alrededor de 1.000 dólares, allá se comercializa en hasta 130.000, sumado a eso se estima que durante el 2015 280.000 hectáreas de bosque resultaron afectadas por la siembra de estos cultivos de uso ilícito.

Por estas y muchas razones, es preciso que la decisión de la Corte se asuma desde una perspectiva crítica que reconozca la necesidad de valorar todas las aristas, evitando que algunos sectores sociales confundan al pueblo colombiano con mensajes tendenciosos que incitan al odio y al desconocimiento del consumo como un fenómeno que se debe abordar desde la prevención, la desintoxicación y la desmitificación, antes que con la prohibición y el castigo generalizados.

[1] Coca Regulada

*La opinión es responsabilidad del autor de la columna,  Trochando Sin Fronteras medio popular y alternativo no se hace responsable de los expresado.