Se ha hecho incontenible la quiebra estructural de la nación. Colombia: notas sobre la gran crisis y las luchas de la década
Trochando Sin Fronteras – Febrero 08 de 2021
En el 2020 el capitalismo dependiente del país se fue en picada desbordando los conflictos de nuestra sociedad y haciendo macabras sus contradicciones centrales. Sin duda una crisis de época que ha roto los cimientos de la decadente república erigida sobre los privilegios del despotismo oligárquico liberal y conservador, además de las retrógradas tendencias que de ellas derivaron durante el siglo XXI. Una crisis económica, sanitaria, social, política y cultural que advierte el lamentable estado de nuestra realidad nacional.
Gráfico: PIB 1998 - 2020
Crisis en Colombia
La caída de -9 puntos porcentuales en el PIB al finalizar el 2020 es signo del derrumbe histórico de la economía colombiana. Todo ello, contrastado con el auge de las luchas más significativas de los últimos 50 años, luchas que se precipitaron intensamente desde mediados del 2019, cerrando un periodo agitado e iniciando un nuevo ciclo de confrontación. Ciclo caracterizado por políticas macroeconómicas de saqueo, sobreexplotación, exterminio social; además de políticas reaccionarias y antinacionalistas aplicadas a sangre y fuego durante décadas, hoy reflejadas en el cínico magnicidio, judicialización de los dirigentes, líderes y bases de los movimientos sociales y políticos.
En 2020, la economía colombiana se caracterizó por la caída del apalancamiento de las rentas financieras provenientes del extractivismo petrolero. Luego de una pérdida en el PIB nacional de 1,5% en 2016, el gobierno Duque logró un crecimiento del 3,5% a 2019. Ello motivado por un ajuste macroeconómico que promovió el establecimiento de la ganancia capitalista, además profundizó una tendencia estructural de desempleo, subempleo e informalidad laboral. Condiciones de precariedad de considerables sectores poblacionales del ejército de reserva como jóvenes, mujeres y comunidades rurales.
A finales del 2019 el gobierno Duque enfrentó una crisis de legitimidad y legalidad, presionada abiertamente por sectores de la oligarquía liberal y sus medios. Ponían en evidencia las fraudulentas maniobras de los sectores lumpen oligárquicos que impulsaron la vuelta del uribato a la casa presidencial. Pero, el uribato aprovechando su capacidad de influencia financiera y política, además de la corrupta inteligencia estatal, logró neutralizar estos sectores y de paso convirtió a Revista Semana en un aparato de propaganda de la ultraderecha conservadora del país.
Movilización e imposición social
La crisis de legitimidad y legalidad se complicó cuando las masas de trabajadores precarizados por décadas de contra reformas sociales y laborales se fueron a las calles. “Los sin nada” conformados en su mayoría por jóvenes y mujeres se alinearon a las luchas que años anteriores impulsaron los campesinos, los sectores étnicos y estudiantiles en contra del extractivismo y la enajenación del libre mercado.
La pandemia sirvió de excusa para poner las cosas en cintura, dando lugar a una dictadura de ortodoxia económica bajo la forma de estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Dictadura que permitió rediseñar métodos de represión física y psicológica contra la población, además de facilitar el desfalco nacional y la cínica desposesión de las clases trabajadoras de sus mínimos vitales en materia laboral, consumo básico, seguridad y soberanía sanitaria.
En medio de esto, la opinión pública se agitó también con la captura del expresidente Álvaro Uribe Vélez y con la entrada del expresidente Juan Manuel Santos a la Fundación Roquefeller, quien enfocó sus esfuerzos en modular programáticamente la acción política de los sectores de oposición y la socialdemocracia “alternativa”.
Genocidio, represión y brutalidad policial
El país fue testigo de la masacre carcelaria más atroz de la historia colombiana. Masacre que tuvo un saldo de 23 asesinados y 83 heridos solamente en la cárcel Modelo de Bogotá [1], en este hecho la violencia estatal se hizo sentir, ante la exigencias de las personas privadas de la libertad que pedían garantías sanitarias frente a la pandemia.
En las periferias de Bogotá, Soacha y Popayán la crisis de vivienda se agudizó, dando lugar a invasiones y asentamientos. Lugares que albergaron a cientos de familias de trabajadores pobres que luego fueron desalojadas por parte del ESMAD, en estos desalojos el ESMAD asesinó a Duvan Mateo Aldana en Soacha Cundinamarca[2]. Estos hechos generaron brotes de rebeldía social que volvieron tan pronto las medidas de aislamiento fueron flexibilizadas. Con ello la brutalidad policial también llegó a un pico durante la cuarentena contra las barriadas populares.
El asesinato del abogado Javier Ordóñez en el barrio Villa Luz en Bogotá por parte de la Policía Nacional inició el motín urbano más sangriento de los últimos años. Estas protestas se desarrollaron en nueve ciudades del país y dejaron a trece jóvenes asesinados[3], además de 75 personas heridas a manos de la policía.
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Esta tragedia fue utilizada convenientemente por la reaccionaria Claudia López – alcaldesa de Bogotá -, quien sin vacilar redujo el hecho a una simple disfuncionalidad institucional y no a una cualidad estructural de la violenta máquina de represión del Estado. La cuestión fue reforzada desafiantemente por parte del Gobierno Nacional al incriminar a los manifestantes como fuerzas insurgentes, poniendo en práctica su clasista y sistemática práctica de violencia antipopular y de persecución de los movimientos sociales.
Ante los hechos de violencia en contra de las comunidades y sus organizaciones sociales desde distintas regiones fue impulsada la Marcha por la Dignidad. Acción que agrupó movilizaciones desde el suroccidente, nororiente y centroriente hacia Bogotá. Las marchas exigieron que cesara la judicialización, persecución y exterminio de los líderes sociales, frente a un Gobierno Nacional indiferente con la crisis humanitaria que sufren las comunidades rurales.
En medio de la pandemia el país confrontó el carácter racista y misógino de sus fuerzas militares. En un hecho de violencia sexual una niña indígena fue violada por 13 soldados, este crimen es la punta del iceberg de otros casos de violencia estructural que enfrentan las mujeres de la clase trabajadora y popular. La situación de millones de trabajadoras que subsisten en precarias condiciones, fue hábilmente vilipendiada y reducida a situaciones de violencia doméstica y desconectada del carácter patriarcal del capitalismo colombiano. La agenda se limitó a lo estrictamente admisible para reducir el problema a una condición de cultura ciudadana y de reivindicaciones estrictamente individuales, además de fragmentar la compleja situación y sus efectos en la familia de la clase trabajadora.
Saqueo y desfalco
El argumento de la salud pública fue una macabra excusa para desfalcar la nación. Mientras se profundizó la precarización del sistema de salud y las empresas sanitarias se beneficiaban del negocio del COVID-19, Colombia ocupaba el deshonroso tercer lugar de los 53 países más peligrosos para vivir en medio de la pandemia según una lista de Bloomberg. A la vez la crisis de los trabajadores de la salud se agudizó y las protestas en clínicas y hospitales se hicieron recurrentes. A enero del 2021 según la Federación Médica Colombiana la cifra de trabajadores de la salud muertos por covid llegaba a 300 y a 34.045 casos de contagio[5]. Entre tanto el Presidente Iván Duque se burló al someter mediocremente la soberanía sanitaria al negocio trasnacional de las farmacéuticas.
El saqueo del presupuesto nacional tuvo lugar con la construcción del fondo para la mitigación de emergencias FOME en marzo del 2020. Con recursos del fondo de ahorro y estabilización FAE y el fondo de pensiones territoriales Fonpet proporcionaron liquidez al sistema financiero y a empresas privadas, públicas y mixtas. Para Luis Carlos Reyes del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana de cerca de 25,5 billones dispuestos en el FOME, el Gobierno Nacional gastó tan solo el 29% en transferencias a la salud, subsidios sociales y transferencias a nómina a agosto de 2020[6].
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Los recursos del FOME fueron ampliados a 40,5 billones de pesos debido al préstamo externo del FMI. En esa perspectiva Héctor León Moncayo advirtió que: “Lo más grave sin embargo es la discrecionalidad absoluta de la que goza el gobierno y su cínica falta de transparencia.” En octubre del 2020 el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla reportó gastos totales de emergencia por 33,8 billones de pesos, justificados en 9 billones atención emergencia sanitaria, 13,5 billones atenciones población vulnerable y protección de empleo y 11,2 billones de reactivación económica[7].
En contraste la Asociación de Entidades Financieras -ANIF- reportó a octubre del 2020 pérdidas en los trabajadores de 27,9 billones de pesos, 26,3 billones en septiembre y 24,1 billones en agosto[8]. Lo paradójico del informe es que mientras evidencia la enorme carga de la crisis en los sectores trabajadores del país, aboga por un fuerte apoyo al sector privado vía incentivos, excepciones y macro reformas económicas.
Presupuesto General de la Nación
El proyecto de presupuesto nacional dejó clara las prioridades de la agenda económica, con expectativas de contracción del PIB -6 % al cierre del 2020 y de 5% para el 2021 y un déficit fiscal del 8,9% y 7,6% respectivamente, en este escenario se espera que, convulsionará aún más la lucha de clases en el país.
El presupuesto de $313,9 billones a vuelo de pájaro se distribuirá así: $58,1 billones corresponden a inversión, $70.5 billones a deuda y $184 billones a funcionamiento, primordialmente buscan respaldar los planes de reactivación económica nacional de forma regresiva, por cuanto no incentiva la producción de empleo de calidad ni el incremento de la productividad nacional, al contrario, solo profundizará sus condiciones de decadencia estructural[9].
La deuda pública nacional interna llegó a $338 billones, de los cuales un 24,2%, $82 billones está en manos de acreedores externos. Para el 2021 $70,5 billones se destinarán a servicio de deuda: $35.97 billones amortización, $33.33 billones a intereses, $0,83 para Fondo de contingencias y $0,38 comisiones y otros gastos. Aparecen también rublos sin especificación de $26.21 billones “otros”, $12 billones recursos de balance, supuestos residuos de gasto de emergencia y $12 billones venta y enajenación de activos que abren paso a una nueva ola de privatizaciones.
El mensaje no puede ser más claro para las mayorías del país, puesto que el orden de prioridades los resigna a un lugar subsidiario y normalizado de segregación y sobre explotación socioeconómica. Según Jairo Núñez investigador de FEDESARROLLO la pobreza alcanzará un 49%, porque habrá 10 millones de nuevos pobres[10].
Crecimiento del desempleo y la pobreza
La crisis profundizó el desempleo de la fuerza laboral nacional, ubicandose en 9,3% a finales 2019 y que para el primer semestre se ubicó en 20%, y que “formalmente” fue presentado en 13,3% a noviembre de 2020[11].
Según la Gran encuesta integrada de hogares -GEIH- en abril se registró la destrucción de 5,3 millones de trabajos con un leve repunte desde mayo de 859.000 nuevos empleos, mientras para el Grupo de Análisis del Mercado Laboral -Gamla- la tasa de pérdida de empleos del país continuará en promedio de un 20% en los siguientes años con crecientes tasa de informalidad y precarización laboral[12]. La verdad es que poco interés hubo en salvar los millones de empleos precarios de los proletarios del país y menos de contener la crisis de las pequeñas empresas que los sobreexplotan.
La situación es tan grave que las elites oligárquicas no han escondido el temor a que se desenvuelva una profunda crisis social en un intenso proceso de lucha de clases extra institucional. Mientras desarrollan una guerra a muerte por el control de los recursos públicos y de negocios estratégicos como la infraestructura y la energía como en el caso de las Empresas Públicas de Medellín y el mercado energético de la costa caribe[13]. Las contradicciones han puesto a la socialdemocracia a modular utilitariamente la coyuntura histórica de gran crisis nacional en función de sus planes electorales, aun a costa de ocultar la gravedad de la situación e impedir la radicalización de las demandas sociales conduciendo a las mayorías a la sombra del reciclado liberalismo decadente, burocrático y anti nacional.
La disputa desde las comunidades y el movimiento social
En contraste, el movimiento social y popular aparece apaleado y debilitado debido a la sistemática estrategia de aniquilamiento y judicialización abierta de sus líderes y bases sociales. Encuentra limitaciones para escalar sus propuestas de país y de vida digna a la vez que varios de sus liderazgos se han subordinado a las tendencias más progresistas de la coyuntura domesticando la mirada programática de los proyectos políticos que fungen representar, encandilados con las premisas de un limitado nuevo gobierno se empecinan en buscar espacio burocrático en la decadente institucionalidad del Estado colombiano.
La cara más oscura del panorama es el creciente proceso de reactivación a escala de guerra irregular, que pone nuevamente a las mayorías aportas un nuevo ciclo de guerra que dejó 91 masacres solo en 2020[14] y 11 en 2021, reproduciendo el viejo patrón de autoritarismo legal y exterminio paraestatal, base de la gestión del poder reaccionario en Colombia.
Editorial Trochando Sin Fronteras: Reconstruir el campo popular y democrático, tarea de las organizaciones sociales
En 2021 inicia un periodo de profundas luchas debido a lo estructural de la crisis, en donde la necesidad es consolidar condiciones de soberanía económica y territorial son fundamentales para la clase trabajadora del campo y la ciudad. La disputa por un nuevo modelo productivo y laboral que garantice trabajo sostenible, productivo y soberano, depende de una verdadera perspectiva de desarrollo de las fuerzas productivas del país, de un sistema de ciencia, tecnología y educación, del establecimiento de formas de cogestión social y popular de las riquezas naturales de la nación, del recambio estructural de la propiedad territorial y el modelo alimentario del país, del impulso de nuevas formas de gestión, producción y administración de los bienes de uso colectivo para las más de 14 millones de familias trabajadoras, del establecimiento de un sistema de soberanía económica y financiera, de democracia verdaderamente popular.
Las luchas que se amplían en esta nueva década requieren mucho más que apuestas de corto plazo y campañas de alternativas electorales, debemos ejercer una visión de acumulación amplia de poder popular y de oriente histórico.
