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Crisis social y humanitaria en el sistema carcelario


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Foto: Organización de las Naciones Unidas

Trochando Sin Fronteras Edición 28, julio-agosto de 2016

Por: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Equipo de Apoyo Arauca

Las condiciones de vida de las personas recluidas en las cárceles colombianas ha llegado a situaciones tan degradantes e inhumanas, que el nivel de hacinamiento supera en algunos casos el 250%.

Sin lugar a dudas, a profundizar esta crisis han contribuido las leyes mediante las cuales se crearon nuevos delitos y se aumentaron las penas, siendo entre ellas la perversa ley de “Seguridad Ciudadana” una de las peores. Esta ha aportado su ‘granito de arena’ a convertir las cárceles en verdaderos depósitos de seres humanos.

La violación de derechos humanos se convirtió en una práctica recurrente y sistemática en la que el Estado Colombiano da un trato de enemigo a los detenidos.

Si bien es cierto se decretó la emergencia carcelaria, ésta se dio por presión que mediante denuncia han venido realizando los presos con acompañamiento de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta declaratoria ha sido bastante tardía y en precaria, ya que no se asignaron recursos para atender la verdadera crisis, por lo que consideramos que fue por cumplir un formalismo. Tampoco se han tomado medidas de fondo para dar salida a la crisis social y humanitaria.

Dicha crisis, constituida por situaciones infrahumanas, se expresa en los graves problemas de salud que padece la población reclusa. Enfermedades que se han venido complicando a falta de medicamentos, de una atención médica especializada y oportuna, e incluso de los falsos diagnósticos médicos. Las epidemias y enfermedades infectocontagiosas son el pan de cada día. La zozobra es permanente ante cualquier dolencia. El personal médico es escaso y las condiciones de alojamiento son humillantes y no propias para seres humanos.

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La denominada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), se convirtió en otro aparato burocrático creado bajo el sofisma del “aseguramiento en salud” de detenidos y detenidas.

Las reformas legales agravan el problema en lugar de resolverlo

El nuevo Código Penitenciario y Carcelario (Ley 1709) tampoco contribuyó a la superación del hacinamiento, ni resuelve problemas estructurales y de fondo al interior de las cárceles.

Esa reforma la código creó un instrumento para obligar a los jueces de Ejecución de Penas  y Medidas de Seguridad a realizar visitas permanentes a los establecimientos penitenciarios para verificar de cerca las necesidades que padece la población reclusa; pero los habilidosos jueces de penas han sabido evadir tal responsabilidad y han guardado silencio ante la crítica situación de hacinamiento y graves casos de salud de los internos.

Las EPSs, el INPEC y los Jueces de Penas se convirtieron en el cartel de la muerte y del terror, pues su comportamiento es el de aplicar la venganza y el odio visceral sobre quienes se encuentran en esas mazmorras.

La desidia y la burla solo han generado la muerte de hombres y mujeres en estos campos de concentración. Es vergonzoso que el Estado Colombiano no apunte hacia un nuevo modelo de salud y de régimen carcelario.

Recientemente debía entrar en vigencia una reforma al código de procedimiento penal, que aliviaría la situación de hacinamiento, al poner límites a la detención preventiva. Se trataba de la ley 1760 de 2015 que fue expedida el año pasado, pero que, a efectos de evitar la salida masiva de presos, fue diferida su aplicación, dándole a los jueces un plazo de un año para ello.

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No obstante, a pocos días de empezarse a aplicar esa norma, el Congreso de la República aprobó, luego de un maratónico trámite, otra ley (la 1786 de 2016) que vuelva a aplazar un año más la aplicación de la anterior, por lo cual muchos de los reclusos que podían recuperar su libertad en este mes de julio, tendrán que seguir engrosando las filas de las ya hacinadas cárceles colombianas.