En pronunciamiento público, la Asociación Nacional Campesina – ASONALCA- denunció que una disposición del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- afectarían economía campesina. Los campesinos se refieren a la Resolución Nº 00007067 expedida por el ICA en mayo de 2022.
La resolución en cuestión establece medidas de cancelación de Registro Sanitario de Predio Pecuario -RSPP-, a todos los terrenos que desarrollen su actividad de bovinos y/o bufalinos dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales del país.
Según los campesinos, la disposición impedirá la expedición de guías y nuevas vacunaciones para ganado en estos predios; acciones que a todas luces atentan contra la economía de las familias que habitan allí. La resolución, además, contempla un plazo de 90 días desde la fecha de su expedición para que los propietarios saquen el ganado de los predios. Ello bajo la amenaza de reportarlos ante la Fiscalía para su posterior confiscación.
En su pronunciamiento, ASONALCA denuncia que el Gobierno Nacional desconoce los espacios de interlocución del pasado. Desconociendo la Mesa Nacional con Comunidades Campesinas para tratar las problemáticas de uso, ocupación y tenencia en Parques Naturales Nacionales.
«Cabe resaltar, que en el año 2014 se instaló la Mesa nacional que pretendía avanzar en la solución a estos conflictos, pero, claramente, no avanzó y el gobierno de Iván Duque desconoció todos los espacios de interlocución con las comunidades y organizaciones campesina»
Los campesinos agremiados en ASONALCA expresaron que se evidencia la falta de voluntad política del Estado para solucionar problemas creados por ellos mismos. Además, denuncian, que en los Parques Regionales y otras figuras no ha habido procesos de interlocución con las comunidades.
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«Esta resolución, como otras normas que se han sacado para estás áreas, demuestran la clara intención de despojar y desplazar a campesinado». Para ASONALCA la intención del Gobierno es despojar para desarrollar proyectos económicos que no son de interés de las comunidades.
«Han hecho uso de la fuerza pública para lograr sus objetivos, destruyendo casas y puentes, y judicializando a campesino que se oponen a salir de sus predios, revictimizando a la población que históricamente ha sufrido las consecuencias del problema agrario en el país».
Las comunidades consideran que se vulneran derechos, agudizando las condiciones de vida a las que han sido sometidos. Exigen al Gobierno Nacional que se paren las judicializaciones y la aplicación de sanciones a los campesinos en las Áreas de Parques Nacionales. Además, expresan que el gobierno debe buscar solución a las problemáticas, garantizando el trabajo, la alimentación, la vivienda. Al finalizar su comunicado invitan a las comunidades a fortalecer la organización y movilización por la defensa y permanencia en el territorio y la vida.
