Por: Equipo de comunicaciones Boyacá – Casanare
En el 2015, en Colombia se suspendió el uso del glifosato para las fumigaciones aéreas a los cultivos de uso ilícitos. Con la llegada de Duque al Gobierno se ha revivido el debate sobre el uso de este herbicida, Duque le pidió a la Corte Constitucional modificar la sentencia T – 236 del 2017 para abrir el camino las fumigaciones aéreas con glifosato.
El pasado 7 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública en la Corte Constitucional donde se presentaron estudios y opiniones a favor y en contra de los impactos y uso del glifosato. En los argumentos dados por Duque deja claro que el interés es económico “esta situación tiene afectación económica y social e insistió en que la erradicación manual es 2.65 veces más costosa que la aspersión aérea. En ese sentido afirmó que el Gobierno Nacional no es defensor de un herbicida, pero se requiere el uso de todas las herramientas”. Lo que no explica es que este interés va más allá.
La aspersión aérea con glifosato tiene su origen en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), parte del llamado Plan Colombia[1], implementado en el año 2000. En junio del mismo año el Senado de los Estados Unidos lo aprobó . Elaborado en Washington, se puso en marcha un mes más tarde sin previa consulta a los colombianos. Denominado «Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado«.
Desde el 2000 Estados Unidos ha ejercido una gran presión sobre Colombia, en el 2017 el senador republicano de Florida Marco Rubio, el secretario de Estado de los EE. UU., Rex Tillerson, revelaron ante el Senado de su país que la Administración del presidente Trump “ha pedido a Colombia reanudar la fumigación aérea para controlar el gran crecimiento de los cultivos ilícitos en el país”.
La insistencia del Gobierno Duque en volver al uso del glifosato sin tener en cuenta a las comunidades y los compromisos pactados en el acuerdo de paz, está ligada a los beneficios económicos que le puede brindar Estados Unidos teniendo en cuenta que estas ayudas no llegan en dinero sino en en aviones, en contratistas para que hagan la aspersión, canecas de glifosato, etc.
Ante la Corte Constitucional, el gabinete ministerial usó los mismos argumentos para justificar las aspersiones de glifosato, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez argumentó “grandes pérdidas para el país a causa del narcotráfico”.
Los intereses económicos y guerreristas que defiende de forma vehemente el presidente Duque estuvieron por encima de los derechos de las comunidades, del ambiente, la salud y la paz. Se dejaron de lado los estudios sobre las afectaciones a la salud el trabajo que ha venido adelantando las comunidades para la erradicación y la sustitución de cultivos.
En temas de salud Duque no tuvo en cuenta los estudios los de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés, dependiente de la OMS) ha incorporado el glifosato a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC).
Duque también argumentó “la aspersión aérea de glifosato es ideal para la eliminación de estos cultivos y justificó que era necesaria la aspersión del herbicida para erradicar los cultivos ilícitos que son fuente principal del narcotráfico”. Sin tener en cuenta que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), indica que, la mezcla de glifosato y la forma en que se utiliza, amenaza la biodiversidad, especialmente a peces y anfibios.
Estas argumentaciones dejan de lado las últimas demandas instauradas contra Monsantos que fueron ganadas (Jardinero Dewayne Johnson, que logró que el gigante agroquímico Monsanto le pagará 289 millones de dólares por demostrar que existía una relación entre el cáncer que padece y la sustancia química de uno de sus herbicidas), y la más reciente que un tribunal de California le ordenó pagar 80 millones de dólares a un jubilado estadounidense que sufre de cáncer y los más de 11.200 casos similares en Estados Unidos que involucran Roundup.
Como bien lo dice el presidente Duque y el Fiscal Néstor Humberto Martínez el glifosato es una “herramienta”, para el exterminio de las comunidades y el ecosistema. Es por esto que las comunidades exigen la necesidad del diálogo, la sustitución de los cultivos y el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz.
