Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

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Estado colombiano responsable de la masacre en Santo Domingo


Trochando Sin Fronteras, edición 34 febrero – marzo de 2018

Diecinueve años de incansable lucha le costaron a las víctimas y a las organizaciones sociales escuchar, finalmente, el discurso del ministro de Justicia. En representación del Estado colombiano, al alto funcionario le correspondió la tarea de cumplir la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de reconocer públicamente la responsabilidad en la masacre cometida por la fuerza aérea en diciembre 13 de 1998.

Sucedió en Santo Domingo, un pequeño caserío de Tame Arauca, ubicado sobre la vía nacional que conduce del casco urbano de ese municipio a la ciudad de Arauca, capital del departamento. Una mañana de fin de semana, en la que la gente del pueblo realizaba un bazar, helicópteros de la fuerza aérea lanzaron bombas tipo cluster contra la población civil, asesinando a 17 e hiriendo a 25, entre niños y adultos.

Durante los 19 años que han transcurrido desde el día de la masacre, varias de las instituciones del Estado colombiano han evadido la responsabilidad en el crimen cometido contra la población de Santo Domingo. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y hasta la rama judicial intentaron por todos los medios distorsionar los hechos sucedidos ese 13 de diciembre.

Primero afirmaron que los muertos eran guerrilleros, y que habían sido dados de baja en combate. Luego, cuando se hizo evidente que se trataba de población civil y que varios de los muertos y heridos eran niños, se inventaron el inverosímil cuento de que la guerrilla había hecho explotar un carro bomba en todo el centro del caserío. La insistencia de las víctimas y sus familiares, y la denuncia permanente del movimiento social lograron que se esclareciera la verdad de lo sucedido.

Sin encontrar eco en la administración de justicia colombiana, hubo que acudir a organismos internacionales, donde se pudo demostrar que la bomba fue lanzada por la Fuerza Aérea y que quienes lo hicieron tenían pleno conocimiento de que estaban apuntando a un objetivo civil: a los niños, mujeres y hombres de Santo Domingo. El resultado, además de muertos y heridos, fue el desplazamiento masivo de toda la población, por lo que el caserío se convirtió en un pueblo fantasma.

El pasado 31 de agosto de 2017 finalmente se realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado colombiano. Hubo gran participación de las víctimas, familiares, comunidad e integrantes del movimiento social araucano. Aunque debió ser el presidente de la república, en su condición de Jefe del Estado quien reconociera la responsabilidad y pidiera perdón, el acto lo encabezó el ministro de justicia. También pudo ser el ministerio de defensa la entidad que se hiciera cargo de esta obligación, ya que fue la Fuerza Aérea la directa responsable del bombardeo. Pero la soberbia de los militares y del alto mandatario nacional bastó para que no asistieran al evento y tampoco se pronunciaran al respecto.

De todas formas, el escenario sirvió para que, al menos en el discurso formal, el Estado por fin dejara de echarles la culpa a otros actores y reconociera ser el autor de tan aberrante crimen contra la población civil.

La vocera de las víctimas aprovechó para recordar a sus familiares, vecinos y amigos asesinados por la Fuerza Aérea, así como el desplazamiento forzado y desarraigo de toda la población, resaltando que esa comunidad era muy organizada y unida antes de la masacre. Señaló que las características del caserío, que se podían ver desde el aire, hacían evidente que el bombardeo se cometió a sabiendas de que se estaba atacando a la población y no a grupos armados. Esto pudieron verificarlo los funcionarios del Estado que vinieron al acto de reconocimiento, ya que ellos también llegaron en helicóptero.

En cuanto a la justicia, el informe presentado por uno de los abogados de las víctimas dio cuenta de que los responsables de la masacre no han sido debidamente investigados ni sancionados. Si bien hay dos miembros de la Fuerza Aérea condenados, estuvieron poco tiempo en la cárcel; y quienes proporcionaron las coordenadas para el lanzamiento de las bombas, entre los que está un militar estadounidense, nunca fueron vinculados a los procesos penales. Por eso podemos concluir que en el caso de Santo Domingo, como en la mayoría de los crímenes de Estado cometidos en Colombia, la lucha continúa. La lucha para que se haga justicia y para que nunca más se repitan estos hechos.

[1]Mecanismo que consiste en un racimo de bombas que se lanzan al tiempo y se dispersan antes de impactar en el objetivo

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