Trochando Sin Fronteras 16 de junio de 2016
En el Senado colombiano cursa un proyecto de ley que pretende reformar nuevamente el código de procedimiento penal, a fin de evitar que personas detenidas recuperen su libertad el próximo mes de julio.
La propuesta en trámite busca cambiar lo aprobado por el mismo Congreso de la República, mediante la Ley 1760 de 2015, norma cuyo objetivo fue racionalizar la detención preventiva, fijando un plazo máximo de un año de duración de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Esa ley también estableció que esta clase de medidas (privativas de la libertad) solo se impondrían si la fiscalía lograra probar ante los jueces que las demás medidas resultan insuficientes.
Esa ley fue expedida en junio de 2015, como consecuencia de una sentencia de la Corte Constitucional, que le dio un plazo perentorio al legislativo colombiano para regular algunos aspectos relativos a la libertad de las personas procesadas. El pronunciamiento de la alta Corte tuvo como fundamento, por una parte, los vacíos normativos en cuanto a los plazos para mantener a una persona privada de la libertad de manera preventiva, es decir, sin estar condenada por un juez; en segundo lugar, se tuvo en cuenta el estado de cosas inconstitucional reconocido por la Corte en la sentencia T -388 de 2013, relativa a los derechos de la población penitenciaria en Colombia, y ratificado por la T-762 de 2015.
Según la Ley 1760, a partir del 6 de julio de este año el juez de control de garantías tendrá la posibilidad de otorgar una medida no privativa de la libertad cuando se cumpla el plazo máximo de la detención preventiva, y podrá otorgar la libertad a una persona con medida de aseguramiento privativa de la libertad que cumpla ciertas condiciones.
Cuando esta ley se aprobó, el Congreso dio un plazo de un año para empezar su aplicación, a fin de no causar traumatismos en la rama judicial y de conceder un término que consideró razonable para que los jueces se pusieran al día con los procesos a su cargo.
No obstante, el gobierno pensó que ese plazo de un año no fue suficiente y con su propuesta de reforma, quiere darle más largas a la anhelada libertad de miles de detenidos que viven en ese estado de cosas inconstitucional que es el sistema carcelario en Colombia.
Así, el Congreso está a punto de aprobar el proyecto de Ley No. 161 de Senado de 2016 y 232 de Cámara, “por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015” y poner a esperar a los presos durante un año más para obtener la definición de su situación jurídica.
