Posteado Por: Trochando Sin Fronteras
Tame-Arauca, 23 de enero de 2018.
Desde las 9:00 a.m., frente al Batallón Navas Pardo del municipio de Tame-Arauca, miembros de los pueblos indígenas de Arauca organizados en ASCATIDAR, acompañados de los demás sectores sociales del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, protestan por los asesinatos de cinco personas de la población civil causados por la Fuerza Pública, entre ellos dos dirigentes indígenas de la comunidad Julieros del municipio de Tame. Como lo dio a conocer la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra mediante Acción Urgente del 21 de enero 2018[1].
La legal y legítima protesta, busca que cese la represión contra la población civil y que se retomen las mesas de interlocución en el marco del Decreto 0285 de 2013[2], retomando la agenda de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario –DIH-, Indígenas, Ambiente y territorio, así como, la investigación seria y oportuna de estos crímenes de Estado, y que la comandancia del Ejército asuma la responsabilidad política en ellos.
En conversaciones con el Ministerio del Interior, Gobernación de Arauca y organismos de Derechos Humanos y se coordina reunión de interlocución para el día lunes 29 de enero.
Durante el desarrollo de la protesta, personas armadas y de civil han tomado fotografías a los rostros de los manifestantes y sus dirigentes sociales.
Víctor Chivaraquia presidente de la organización indígena ASCATIDAR expreso ‘’que exigen la presencia del gobierno nacional, los altos mandos militares para que se esclarezcan los hechos del asesinato de los líderes indígenas”.
En los últimos 4 meses el Ejército Nacional y la Policía Nacional se han visto implicados en 5 muertes violentas de personas protegidas y miembros de la población civil en el departamento de Arauca.
Cuatro de las 5 muertes violentas que se relacionan fueron cometidas por tropas del ejército nacional que se encuentran en el sector la Y de Betoyes sin que hasta el momento se hayan producido pronunciamientos por parte de las autoridades judiciales.
Estos hechos se suman a los presentados en zona rural del departamento de Casanare donde el ejército es denunciado por presuntamente utilizar civiles para incriminar y presentar resultados operacionales como lo denuncio en su momento la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria –COSPACC[3]
