Trochando Sin Fronteras 24 de febrero de 2017
Mientras el gobierno simula trabajar por la paz del país los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales cargan con la realidad definida por la persecución y la muerte.
En esta oportunidad se atentó contra la vida e integridad del abogado y defensor de derechos humanos Francisco Javier Gómez Ayala, quien se desempeña como abogado defensor de DDHH y es miembro de la fundación DHOC (Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro colombiano).
Los hechos se presentaron en la madrugada del pasado 21 de febrero; dos hombres irrumpieron en el apartamento del abogado ubicado en el barrio Las Corocoras del municipio de Arauca, y le propinaron heridas con armas corto-punzantes. Actualmente el profesional se encuentra en grave estado de salud.
Francisco Javier Gómez Ayala acompaña el proceso de resistencia que los campesinos de las veredas La Osa, el Líbano, El Vivero y Corralito, del municipio de Arauquita, que adelantan para recuperar sus tierras despojadas por la transnacional OXY y el Estado colombiano desde hace más de 20 años para la explotación petrolera en el complejo Caño Limón.
Así mismo, hace parte de la Mesa de Derechos Humanos, en el marco de la interlocución que el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca establecimos con el Estado, a través del decreto presidencial 0285 de 2013, producto de la movilización social en defensa de la Vida, lo Derechos Humanos y la Permanencia en el Territorio.
Frente a este grave hecho la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y la Fundación para la Promoción de la Justicia y el Derecho Javier Alberto Barriga Vergel, organizaciones de Derechos Humanos miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, denunciaron ante la opinión pública regional, nacional e internacional, el vil atentado.
Se espera que los organismos de Justicia y control del Estado inicien sin dilación las investigaciones penales y disciplinarias que correspondan para esclarecer los hechos.
