Trochando Sin Fronteras, 20 de junio de 2017
Con plena convicción en los sindicatos, cientos de maestros marcharon, se movilizaron y paralizaron los departamentos de Colombia en pro de la dignidad y los derechos laborales.
Este año la lucha magisterial alzó sus banderas; desde el 11 de mayo hasta el 16 de Junio, los maestros a nivel nacional entraron en paro. En dicha jornada participaron docentes de los dos estatutos docentes (decreto 2277 de 1979 y decreto 1278 de 2002), demostrando fortaleza y unidad.
De esta forma el gremio magisterial realizó un ejercicio digno de la clase obrera del país, demostrando que los derechos fundamentales, solo se ganan al calor de la lucha y la movilización.
De los acuerdos
Frente a los acuerdos entre FECODE y el Gobierno Nacional, estos deberán ser estudiados por las bases magisteriales, pues su cumplimiento está establecido a largo plazo y su carácter es reformista[1].
Así mismo, estos acuerdos abren el sendero para levantar las banderas de lucha venideras para los docentes, aunque hubo gran presión de las comunidades educativas sobre el Gobierno, algunos aspectos quedaron en el camino; como la evaluación diagnostico formativa y el compromiso del Estado con las garantías a los docentes para seguir en su formación profesional y ascenso de escalafón. El Gobierno se comprometió a pagar solamente el 12% del valor de los cursos para superar el ascenso, sin contemplar las posibilidades de los docentes que trabajan lejos del centro del país.
Los acuerdos se desarrollan en 24 puntos, estos establecen en primera instancia la participación de Federación Colombiana de trabajadores de la Educación – FECODE en la reforma constitucional del Sistema General de Participación – SGP, que en el acta de acuerdo plantea; que esta debe ser impulsada por los sectores sociales.
Otro de los acuerdos es la integración de los tres grados de preescolar a las instituciones públicas para el 2022; la modificación del acuerdo 490 de 2016, que entre otras cosas habla de la nueva vinculación de docentes por medio de la función de líder de apoyo, la cual se suprime y estos docentes ingresan como docentes de aula regular.
Antecedentes
El derecho a la educación es uno de los más vulnerados en Colombia porque existe una desfinanciación de la educación pública, se le han recortado cerca de 126 billones de pesos en los últimos años. En la que en las aulas de clases existe hacinamiento, vulnerando así, el derecho de 8 millones de estudiantes a una educación digna.
El gobierno quiere implementar una jornada única sin infraestructura, ni los recursos necesarios para una educación de calidad[2]. Los estudiantes tienen una alimentación y transporte escolar deficientes en manos de la contratación corrupta.
El magisterio no cuenta con un servicio de salud que cumpla con las necesidades básicas. El estatuto docente no dignifica la profesión docente. Y en general el incumplimiento a lo acordado en el 2015 con el magisterio colombiano[3].
Reacciones ante los acuerdos
Los docentes pertenecientes a la organización magisterial FUNAMA en la región Centro Oriente han expresado: “Que esto sea una oportunidad más para que como maestros de base discutamos, participemos y construyamos pliegos, movilización y horizontes de lucha a corto, mediano y largo plazo. Pues aunque no tuvimos una ganancia total, tampoco fue una perdida[4].