Trochando Sin Fronteras – Marzo 13 de 2021
Comunidades realizaron misión de verificación a los predios públicos, privados y comunitarios invadidos por base militar. Estos predios se encontraban ocupados desde noviembre de 2018; por la Fuerza Especial de Despliegue Rápido -FUDRA III- del Batallón No. 7 del Ejército Nacional. Las comunidades exigieron el traslado de la base por la cercanía con las viviendas; las cuales las dejaba en del fuego cruzado.
Foto: Comunicado de misión de verificación
La misión de verificación convocada por diversas organizaciones constató que el predio fue abandonado. Según las comunidades no se realizó ninguna actuación tendiente a entregarlo en las condiciones en las cuales fue inicialmente ocupado.
En un comunicado las comunidades afirman que: «La misión de verificación … constató que el terreno – modificado para la elaboración de trincheras y demás infraestructuras de la FUDRA III- fue abandonado aunque no se realizó ninguna actuación tendiente a entregarlo en las condiciones en las cuales fue inicialmente ocupado«. Además, resaltaron que la Alcaldía de Hacarí, Defensoría del pueblo regional y a la ONU Colombia fueron oficiados para acompañar la verificación. No obstante, no se hicieron presentes.
#ComunicadoPúblico En misión de verificación se confirmó traslado de FUDRA III de @COL_EJERCITO en el marco de las exigencias del Asentamiento humanitario instalado en Monte Tarra e Islitas en Hacarí, Catatumbo. Aunque saludamos traslado persisten preocupaciones de comunidades pic.twitter.com/oljPEoNkcX
— Asociación MINGA (@asociacionminga) March 13, 2021
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El traslado de la base se logra en el marco de la acción de las comunidades; quienes instalaron el día 18 de febrero el Asentamiento Humanitario por la defensa de la vida y el territorio. Espacio en el que denunciaron la vulneración sistemática de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho internacional Humanitario. Ello derivado de la presencia de esta base y en particular; por el desplazamiento masivo de 38 familias campesinas;
debido al miedo y la zozobra generado por los permanentes enfrentamientos.
En el comunicado resaltan además, que entre las exigencias se encuentran la no ocupación futura de bienes. Además, de garantías integrales de retorno a las familias desplazadas, informes de las actuaciones y denuncias presentadas ante la Personería Municipal y la Defensoría Regional. Así como, garantías para salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de quienes participaron en la jornada de protesta y movilización.
Tras la verificación, las comunidades se encuentran preocupadas por las condiciones en que la fuerza pública dejó el terreno. Especialmente por la posible existencia de minas antipersonal -MAP- y municiones sin explosionar -MUSE-. Ante la situación; la misión responsabiliza al Estado e instituciones, ante la posible vulneración de la integridad física y la vida de quienes regresaron a sus viviendas.
Las comunidades en el comunicado exigen que la nueva ubicación de la base, se realice en cumplimiento con el Derecho Internacional Humanitario, se dé en zonas alejadas a la población civil, y se evite a toda costa la repetición de agresiones por parte de la fuerza pública contra el campesinado de la región.
